Tan solo ha transcurrido un mes de 2022 y en medio de las campañas electorales la situación de derechos humanos en Colombia recrudece. Masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales, desplazamientos forzados y amenazas hacen parte de situación nacional
Jenny María Solís Roa
@Jemasolis
La violencia en el país no da tregua. Se ha perpetrado la masacre número 13, durante el último fin de semana del mes, en lo que va corrido del año. El epicentro de los hechos fue la zona costera del pacífico colombiano en Timbiquí, en el departamento de Cauca, según reportó el Instituto de Estudios para la paz (Indepaz). Se confirmó que cuatro personas jóvenes fueron las víctimas mortales de este nuevo hecho de violencia, de los cuales se conoce la identidad de dos de ellos, Yeison Garcés y Medardo Muñoz.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a lo largo y ancho de la zona selvática del municipio, muy cerca de su zona costera, con heridas por arma de fuego. Según la alcaldesa, Yadira Amú, la razón de la masacre tiene que ver con una riña. No obstante, a esta masacre le antecede el asesinato de tres personas, en el municipio de Buenos Aires, en el mismo departamento.
Así mismo, en Argelia, Deysi Sotelo Anacona, lideresa comunitaria de la vereda Llano Alto corregimiento del Plateado, fue asesinada por hombres fuertemente armados. Después de ser sacada forzadamente de su vivienda el 23 de enero, fue hallada con graves heridas, el 29 de enero, por pobladores del municipio, en la vía que comunica con el corregimiento. De su esposo, no hay noticias hasta el momento, al parecer fue llevado junto con la lideresa sin que se conozca noticia alguna de su paradero.
En el departamento del Cauca, la violencia cobró también la vida de tres líderes más. Entrado el año, se conoció del asesinato de tres indígenas protectores del medio ambiente, Guillermo Chicana y Breiner David Cucuñame, este último, de catorce años de edad, perteneciente al resguardo Las Delicias. Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la Guardia Indígena fue asesinado en el municipio de Buenos Aires, al parecer por la autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Días antes, las comunidades habían denunciado la presencia de hombres armados en la zona.
“Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, OEA, ONU y demás organismos nacionales e internacionales defensores de la vida, que se pronuncien sobre estos hechos de vulneración al Derecho Internacional Humanitario – DIH y los DDHH que se están presentando en la zona norte del Cauca, sobre todo en el resguardo indígena Las Delicias, municipio de Buenos Aires, Cauca, donde los grupos armados están masacrando a nuestros guardias indígenas. Existen amenazas y señalamientos a nuestras autoridades tradicionales, comunidades y organizaciones indígenas”, fue el pronunciamiento del pueblo Totoroez, a través de sus autoridades.
Arauca
Desde el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, se conoció el asesinato del líder y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Unión, del municipio de Saravena, Álvaro Peña Barragán. Según Indepaz, el asesinato se perpetró en el municipio de Tame, donde se encontraba desarrollando actividades agropecuarias, el pasado 25 de enero en el sector veredal conocido como Casezín, entre el caserío de El Batalón y Alto Cauca, mismo sector en el que hacen presencia grupos del ELN, el Frente 10 Martín Villa y bandas criminales con regular presencia.
Como si fuera poco, la esposa del líder social asesinado, la señora Rosalba Ortega, fue ultimada en pleno velorio de su esposo, mientras se encontraba en casa de su suegra, en el barrio 4 de Diciembre del municipio de Saravena. Por ahora se desconocen las razones del doble asesinato, lo cierto, es que en el departamento se han conocido amenazas contra organizaciones y liderazgos sociales.
El 19 de enero, después de que varias organizaciones sociales habían sido amenazadas vía redes sociales, se presentó el atentado con carrobomba contra la sede de organizaciones sociales de Centro Oriente, otra vez en Saravena, causando la muerte del vigilante del lugar, de 45 años y padre de familia, heridas a cinco personas y daños a la infraestructura y lugares aledaños.
Muchos líderes y lideresas, incluso médicos del departamento, han abandonado los diferentes territorios por miedo a las amenazas y la ola de violencia por disputas territoriales que se intensifican diariamente, a pesar de la militarización y los toques de queda impuestos luego de la visita del ministro de Defensa, Diego Molano.
Otro de los graves problemas que enfrenta la población del departamento de Arauca, tiene que ver con el desplazamiento forzado que se intensifica luego de la masacre de alrededor de 27 personas, ocurrida en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, y que según informan desde el gobierno, sería la guerrilla del ELN, la autora material de los múltiples asesinatos.
Lo cierto, es que el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, presenta históricamente un abandono estructural por parte del Estado, múltiples intereses por sus riquezas de petróleo y es, además, un corredor estratégico y de comunicación con el país vecino.
Pobladores del departamento, han salido a las calles con banderas blancas a exigir que cese la violencia, que ha cobrado la vida de alrededor de 50 personas en el departamento según Indepaz.
Firmantes de paz
En lo que va corrido del año 2022, y pese a las medidas cautelares de la Corte Constitucional, han sido asesinados tres firmantes de paz. Leonardo Martínez Muñoz, fue asesinado en San José del Fragua, en el departamento de Caquetá, por un proyectil que impactó contra la humanidad del excombatiente en el barrio El Centro del municipio, mientras departía en el sector del Malecón, el día 30 de enero.
El mismo día, en el departamento de Arauca, en el casco urbano del municipio de Saravena, fue asesinado Juvenal Ballén Gómez, quien hacía parte de la cooperativa multiactiva Esperanzas de Paz Coepaz.
John Jairo Villar Vargas, excombatiente que hacía parte del programa presidencial de reintegración ARN, fue asesinado el 29 de enero en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Su asesinato fue en la vereda Matogiro, en la vía que comunica Bondas con las Tinajas, sector de la Trocha Cacagualito en la ciudad samaria.
Las cifras entregadas por Indepaz, el Observatorio de DDHH y conflictividades de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Defensoría del Pueblo y su sistema de alertas tempranas, se afirma que en lo corrido del año, han sido asesinados 13 líderes, tres firmantes del acuerdo de paz, se han perpetrado 13 masacres, 214 homicidios selectivos, 98 amenazas, 58 atentados con tentativa de homicidio, 25 hostigamientos, 17 desapariciones forzadas y 16 desplazamientos forzados masivos.
Esto habla de la sistemática violación a los derechos humanos a lo largo y ancho del país y la nula respuesta estatal a estas graves problemáticas y el desinterés por la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016.
