Las voces y los análisis opuestos a este zarpazo han abundado, pero la opinión pública/ciudadana no cuenta.
Imelda Daza Cotes
Desde su lejano origen el Neoliberalismo fue un movimiento ideológico opuesto a las regulaciones impuestas por el Estado, impulsor del capitalismo duro y de un libre mercado carente de toda consideración ética y social. Ese repudio al intervencionismo estatal en la economía lleva a la reducción del tamaño del Estado y para lograrlo, proponen, entre otras medidas, las sistemáticas y ambiciosas privatizaciones de las empresas estatales o mixtas; se impone la lógica del lucro privado como razón única, en contra de la lógica de la inclusión social y la preservación ambiental. No importa que las desigualdades crezcan. Para los neoliberales el igualitarismo y la justicia social son nocivos porque obstruyen las “libertades” ciudadanas y le restan vitalidad a la competencia, dos factores impulsores de la prosperidad, dicen. Es la tesis del salvajismo al cual solo los más fuertes sobreviven. Este modelo económico se impuso inconsultamente en Colombia desde los años 80. Hoy somos el segundo país más desigual en Latinoamérica.
Pues bien, este ideario neoliberal ha inspirado todas las privatizaciones de bienes públicos/comunes y de empresas estatales en las últimas 3 décadas. Todo ha de estar en manos privadas, repiten los gobernantes/neoliberales, porque lo público es ineficiente, corrupto, ineficaz, obsoleto, malo; como si los manejadores de lo público no provinieran del sector privado al que suelen regresar, a través de las “puertas giratorias” y como si en la Costa Atlántica no hubiéramos padecido con rigor las consecuencias de tales privatizaciones con Electricaribe y con las EPS.
Ahora, en este contexto económico, el presidente Santos se propone darle un zarpazo al país con la venta de la participación accionaria y mayoritaria del Estado en Isagén, la tercera empresa generadora de energía más grande del país, aporta el 16% de la energía requerida; distinguida/premiada por la sociedad colombiana de ingenieros (SCI) como la que más ha contribuido al desarrollo social regional y al incremento de las reservas energéticas de Colombia. Se va a transferir un bien patrimonial de todos los colombianos a agentes privados, algunos extranjeros.
Las voces y los análisis opuestos a este zarpazo han abundado, pero la opinión pública/ciudadana no cuenta. La Contraloría General de la República ha advertido que de venderse Isagén “el país no quedaría con un agente del mercado que pueda desarrollar infraestructura energética futura que asegure la oferta firme de energía” además, “se generarán presiones adicionales a las finanzas públicas puesto que un porcentaje importante de los dividendos se giran hoy a la Nación y la venta podría llevar, en los próximos años a hacer recortes presupuestales en otros sectores”.
La voracidad de los neoliberales parece no tener orilla, ni frontera.
