El informe a la Conferencia desde los presos políticos reflejaba el trabajo mancomunado que tiene esa guerrilla por la defensa de los derechos humanos no solo de la población carcelaria rebelde sino de aquellos que se encuentran inmersos en el sistema carcelario.
Redacción Política
Dos helicópteros aterrizaron a unos cinco kilómetros del campamento principal donde transcurría la X Conferencia Guerrillera, unos treinta minutos después asomaron en la lejanía del camino dos camionetas típicas de la región. Allí llegaban los 22 prisioneros de guerra escogidos para ser delegados a la X Conferencia.
La alegría para los guerrilleros que recibían a estos particulares delegados era infinita. Arengas, vivas y sonrisas fueron la bienvenida. El pleno de los delegados de las FARC que sesionaban privadamente detuvo sus labores y salieron a darles la bienvenida a los presos. Entre abrazos y lágrimas recibían a quienes representan la fuerza indoblegable de la insurgencia.
El informe a la Conferencia desde los presos políticos reflejaba el trabajo mancomunado que tiene esa guerrilla por la defensa de los derechos humanos no solo de la población carcelaria rebelde sino de aquellos que se encuentran inmersos en el sistema carcelario. Hay una continuidad de la guerra en las cárceles del país a lo que se le suma la crisis carcelaria que refleja lo más reprochable de la sociedad colombiana. Con ese lastre los presos de las FARC también señalan cuál será su trabajo político a seguir: superar lo que ellos llaman crisis estructural del sistema penitenciario. Es un deber social, dicen los prisioneros.
“Trabajamos por la defensa de los derechos humanos al interior de las cárceles y nos hemos ganado la voluntad de los presos sociales. Hemos hecho mucho con una lucha constante con victorias y reivindicaciones. Ese trabajo fue la razón para tener esa cohesión entre los presos de las FARC”, señalaron los voceros farianos.
Lo paradójico de las cárceles colombianas es que los guerrilleros que en la calle luchaban por cambiar el Estado y romper con la legalidad, al interior de las cárceles reclamaban la aplicación de la ley. La razón es la que la ley penitenciaria y los pronunciamientos de las altas cortes del país frente a esa crisis señalaban la ruta para subsanar la crisis.
Los presos rebeldes reclamaron una amnistía lo más amplia posible para aquellos que se encuentran privados de la libertad producto de las protestas sociales que desencadenaron campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores colombiano que reclaman mejores condiciones de vida. Se refieren a casos puntuales como el de Húbert Ballesteros, sindicalista agrario y dirigente de la Marcha Patriótica que hoy se encuentra tras las rejas acusado de ser miembro de las FARC, y el caso de David Rabelo, quien es miembro del Comité Central de Partido Comunista Colombiano y tiene una sentencia encima producto de un falso positivo judicial.
“A ellos les decimos que no esperen algo sino todo. Nos jugamos la vida para sacarlos de allí y que es nuestra lucha como FARC sin armas para construir un país de todos”, señaló uno de los voceros de los prisioneros.
Los prisioneros insisten en que en Colombia no hay una política pública carcelaria que cumpla con el mínimo de todo sistema penal en el mundo: resocializar al infractor. En ese sentido procuran iniciar un trabajo amplio que construya un movimiento nacional carcelario y se logre instalar una mesa de concertación que incluya la institucionalidad y vincule a los ministerios de Salud, Justicia y Derecho para construir entre todos una política que dignifique al ser humano que ingresa a los penales.
Los 22 combatientes farianos volvieron a la prisión luego de terminadas las sesiones de la X Conferencia, en la idea de que será su último tiempo en la prisión y esperando que se decante el mecanismo más expedito para salir definitivamente de ellas.
