La periodista y defensora de derechos humanos, aspira a la Cámara de Representantes para continuar la lucha que inició en los barrios populares de Medellín
Diana Galvis
Paisa caleña y primera profesional de una familia campesina, descubrió en la Universidad de Antioquia su vocación por el periodismo y el compromiso con las luchas sociales. Con más de veinte años de trabajo en comunicación popular y derechos humanos, su trayectoria la llevó de la Asociación Nacional de Estudiantes de secundaria, ANDES, al Pacto Histórico.
¿Cuáles han sido los principales retos en su labor periodística y política?
El primero fue hacer periodismo desde una postura crítica. En Colombia, ejercer el periodismo independiente ha significado resistir la estigmatización y los señalamientos. No creo en la falsa objetividad; el periodismo debe ser un servicio social y político.
El segundo reto ha sido la seguridad. He recibido amenazas por mi trabajo y he tenido que desplazarme temporalmente. Defender la verdad incomoda a quienes se benefician del silencio.
El tercero, ya en el campo político, ha sido abrirme espacio como mujer. Aunque hemos avanzado en la paridad, persisten las prácticas machistas que regalan a las mujeres roles secundarios. Nos invitan a participar, pero no siempre a decidir. Yo asumo este proceso con la convicción de que las mujeres no solo servimos el café en las reuniones políticas. Pensamos el país y tenemos propuestas transformadoras.
¿Qué la motivó a lanzarse como candidata a la Cámara de Representantes?
Mi decisión nace de una trayectoria de trabajo con las víctimas, las mujeres y los firmantes de paz. Desde el partido Comunes y el Pacto Histórico entendí que es necesario dar un paso al frente para que nuestras voces estén también en los espacios de poder. Además, participé en el movimiento de mujeres, Estamos Listas, que demostró que sí es posible disputar el poder desde agendas feministas y colectivas.
Acepté esta candidatura porque creo que el cambio debe consolidarse desde el Congreso. No se trata solo de ocupar un cargo, sino de llevar las banderas del acuerdo de paz, de las mujeres, de los campesinos y de los sectores populares que aún esperan justicia.
¿Cuáles son las principales propuestas que impulsará en el Congreso?
Mi bandera central es la implementación real y efectiva del Acuerdo de Paz. No podemos seguir aplazando lo pactado con las víctimas y los firmantes. También propongo fortalecer la reforma agraria integral y ampliar el acceso a la tierra y la vivienda, no solo para la ruralidad, sino para las víctimas urbanas que hoy viven en condiciones precarias.
Antioquia enfrenta una crisis humanitaria comparable a la del Catatumbo, con desplazamientos, asesinatos y abandono estatal. Desde el congreso quiero impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra, la vivienda digna y la seguridad para quienes siguen resistiendo.
Otro eje fundamental es la igualdad de género. No hablo solo de las mujeres, sino de una política de ciudadanos, justicia y oportunidades para todos los sectores excluidos. Las mujeres hemos demostrado que cuando accedemos a los espacios de decisión, los territorios se transforman.
¿Cómo analiza hoy la citación del paramilitarismo en Medellín y Antioquia?
El paramilitarismo nunca se fue. Cambió de nombre, de estructura y de método, pero sigue controlando territorios, economías y vidas. En Antioquia y Medellín persiste una red de poder que combina lo ilegal con lo institucional. El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas es hoy la organización armada más poderosa del país, con presencia en zonas rurales y urbanas. A esto se suman bandas locales que se disputan el microtráfico y que han extendido su dominio sobre la vida cotidiana.
Estas estructuras son también empresariales; lavan dinero, legalizan tierras y tienen aliados en instituciones públicas. Las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación mientras los responsables acumulan poder económico y político. Necesitamos la vida y la dignidad en los territorios.
¿Qué propone frente a los abusos policiales y la represión ante la protesta social?
La represión policial y el abuso del ESMAD son expresiones de un estado que todavía no ha comprendido la democracia. Lo que vimos en las últimas protestas no es nuevo, es la continuación de prácticas paraestatales instaladas desde hace décadas en Medellín. La diferencia es que ahora esas formas de control y represión se legitiman desde la institucionalidad.
Es urgente desmontar esas figuras de represión disfrazadas de gestores de convivencia o seguridad ciudadana. Hay que aplicar las leyes que ya existen, los protocolos creados por el acuerdo de paz y las garantías internacionales para la protesta. También se requiere control político y sanciones efectivas contra funcionarios y fuerzas que violen los derechos humanos.
¿Qué estrategia plantea para frenar la vulneración de derechos humanos en Medellín y el país?
Desde el Congreso debemos ejercer un control político firme sobre las instituciones responsables de proteger los derechos ciudadanos. Procuraduría, contraloría y fiscalía deben responder ante los abusos del poder. Si no lo hacen, acudiremos a instancias internacionales. No hay que inventar nuevas leyes, hay que aplicar las que ya existen. También es vital exigir que los medios públicos cumplan su función ética de informar con veracidad, no como voceros de las élites locales. La manipulación mediática y el silencio frente a la violencia son parte del mismo problema.
Catalina Vásquez concluye con una convicción que refleja su trayectoria.
“No podemos retroceder. Las instituciones deben garantizar la vida, la verdad y la justicia. Cuando el Estado calla o reprime, se convierte en cómplice”.
