Si el Gobierno Nacional quiere la paz, debe quitarse de la cabeza que está ante una guerrilla derrotada y que los diálogos, entre dos partes, pueden conducirse con un criterio de unilateralidad.
Carlos Lozano Guillén
Director de VOZ y vocero de Marcha Patriótica
La decisión de las Farc-EP de anunciar un nuevo cese unilateral del fuego desde el 20 de julio del presente año, en respuesta a la carta de los países garantes, Cuba y Noruega, oxigenó el proceso de paz de La Habana, que se ahogaba en medio de la agudización de la confrontación armada tras la suspensión de la tregua unilateral por parte de las Farc-EP y de los bombardeos aéreos por el Gobierno Nacional. El 12 de julio se conoció el comunicado conjunto n.° 55, expedido en La Habana y suscrito por las dos partes, en que anuncian que adoptarán medidas para “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”. Es un gran paso, pero de obligaciones bilaterales.
El cese unilateral del fuego está vigente desde el 20 de julio. Falta ver cuáles son los gestos del Gobierno para bajar la intensidad del conflicto, porque pocos se le han visto a lo largo del proceso de paz. Empero, sigue siendo una necesidad, en el corto tiempo, el cese bilateral del fuego, menospreciado por la parte gubernamental, que continúa buscando la derrota de la guerrilla con el pretexto de dialogar en medio de la confrontación para negociar su rendición.
Sin querer ser ave de mal agüero y sin desconocer la importancia de los acuerdos recientes para bajar la intensidad del conflicto, la paz sigue pendiendo de un hilo. El presidente Juan Manuel Santos, quien tuvo la audacia y el valor de iniciar los diálogos de La Habana, reconoció la existencia del conflicto, pero no entiende cuáles son las implicaciones de esa decisión.
El mandatario colombiano considera que “todo este ejercicio es para que las Farc puedan hacer política, pero sin armas” (ver entrevista con Yamid Amat, EL TIEMPO del 19 de julio del 2015, página 2). Para el doctor Santos, el principal objetivo es convencer a las Farc de que serán protegidas por el Estado, pero después de que sus principales dirigentes vayan a la cárcel. Ni una palabra sobre el paramilitarismo, que está vivo y coleando.
Si el Gobierno reconoce el conflicto, no debe tener una visión reduccionista de la solución. Creer que la justicia, la dejación de armas y la participación política lo son todo es una equivocación. ¿Dónde quedan las reformas que son causas del conflicto? Es como si el Gobierno quisiera la paz sin democracia y justicia social. ¿Podrán seguir siendo las elecciones una caricatura de democracia, como las de octubre próximo, con 140 candidatos provenientes de la ‘parapolítica’, del narcotráfico y de las mafias que se lucran del poder, avalados por los partidos del establecimiento?
Desescalar el conflicto en Colombia implica también la apertura democrática y social. No ayuda el Plan Nacional de Desarrollo, en contravía de lo acordado en La Habana. No se puede decir una cosa en la capital de Cuba y hacer otra en Bogotá para favorecer a los empresarios y a las transnacionales, que se benefician de los TLC. ¿Qué garantías hay para la izquierda cuando están siendo judicializados la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos? Amén de que el Gobierno no cumple los acuerdos con la Cumbre Agraria y el país está abocado a un nuevo paro nacional campesino y popular.
Si el Gobierno Nacional quiere la paz, debe quitarse de la cabeza que está ante una guerrilla derrotada y que los diálogos, entre dos partes, pueden conducirse con un criterio de unilateralidad. Superando lo anterior y llegando, por supuesto, a un acuerdo digno de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, se podrá decir que la paz está de un cacho.
