La bancada de izquierda en el Congreso se opuso a la iniciativa de equilibrio de poderes presentada por el gobierno. El Polo presenta reforma política estructural. Una constancia histórica en el legislativo
Hernán Camacho
Después de aprobado en primer debate el acto legislativo de equilibrio de poderes presentado por el gobierno nacional, todo quedó como calculó el jefe del Estado: Se cayó la reelección presidencial, se aprobó el tribunal de aforados, se implementó el voto obligatorio y la elección del fiscal general quedará en sus manos. Hasta ahora las apuestas del gobierno no se modifican.
La bancada de la Unidad Nacional sigue al pie de la letra el libreto, mientras el Centro Democrático mantenía su atención en su único interés: no permitir que se acabara la reelección presidencial inmediata. En todo lo demás el uribismo habla el mismo lenguaje que el santismo. Pero en la otra esquina del debate, se encuentra la bancada del Polo Democrático Alternativo, que presentó a discusión el proyecto de reforma política que hasta ahora no ha sido contemplado pero que resulta una propuesta de cambios reales de fondo para el país.
La reforma alternativa tiene asuntos medulares como la abolición del umbral, la modernización del sistema electoral incluyendo el voto electrónico y la regulación de las garantías de la oposición. Contrario al contenido de la iniciativa oficial, dicen los polistas, la reforma alternativa deroga los vicios profundos de una democracia deslegitimada por sus prácticas y protagonistas.
Para la bancada polista, el proyecto oficial es contradictorio con lo que pretenden. “Nada tiene que ver con el equilibrio de poderes, sino que es una profundización del régimen presidencialista que le da nuevas herramientas a un sistema que se fundamenta en el soborno y el chantaje entre poderes públicos, no toca los problemas estructurales del sistema político, más bien los maquilla y los quiere perpetuar”, explicó el senador Iván Cepeda.
Para los parlamentarios polistas los cupos indicativos no pueden convertirse en la maniobra electorera de los jefes de gobierno locales, regionales o nacionales de turno y con ellos garantizar un cálculo en detrimento de la planeación de la política pública. Por ello proponen que el poder Ejecutivo no pueda usar el presupuesto para que los congresistas voten a favor o en contra de un proyecto de ley. Y la misma prohibición habrá en relación con los gobernadores y alcaldes, los diputados y los concejales y las ordenanzas o acuerdos.
Garantías electorales
El Polo le exige al gobierno nacional presentar la ley estatutaria que obligue la puesta en marcha de un sistema electoral moderno que garantice la confiabilidad de los comicios, el voto electrónico y permita eliminar el fraude, pero además garantizar la participación ciudadana suficiente para acabar la antidemocracia. “Queremos que el sistema electoral no sea un botín de la partidocracia”, explicaron los voceros de la bancada amarilla.
En ese sentido, el Polo expresó que en una plena democracia el Estado colombiano tiene la obligación de financiar las campañas políticas, pero además controlar y sancionar severamente el exagerado costo de las campañas para elección local, regional o nacional por el denominado mercado electoral: “Es imperativa la plena financiación estatal de los partidos, brindando garantías para el ejercicio democrático de la participación, evitando la financiación de privados dentro de las elecciones y dejando sólo el aporte de los militantes por razones de funcionamiento del partido con ciertas restricciones”.
Los voceros polistas reiteraron el llamado al gobierno nacional de iniciar el trámite legislativo para regular el estatuto de la oposición, en deuda desde el año 1991. Pero también propusieron que se le otorgue el derecho de réplica a los partidos opositores del gobierno en los medios de comunicación.
En cuanto a la pérdida de la personería jurídica, el vocero en la Cámara de Representantes Alirio Uribe aseguró: “En la reforma oficial nos oponemos al umbral del 3%; en la nuestra proponemos el 2% para que no se afecten las minorías. Se debe mantener la figura de lista cerrada cuando se quiera hacer, o voto preferente, que sean los propios partidos los que elijan”. En este tema se propone modificar la composición del Consejo Nacional Electoral para garantizar la participación de la oposición en dicho órgano.
Reforma del Estado
Para la arquitectura del Estado el Polo propone que se establezca una inhabilidad para desempeñar altos cargos del Estado para quienes, durante el año previo a su nombramiento, hayan sido directivos de empresas privadas que hagan parte de sectores relacionados con el cargo a ocupar.
“También se sanciona, dice el proyecto, con inhabilidad a los altos funcionarios que, dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones, sean contratados por empresas privadas del sector relacionado con sus funciones. Por ejemplo, los ministros de Minas no podrán salir a trabajar en una minera o petrolera”. Dicha afirmación obedece a la necesidad de acabar con la puerta giratoria, mecanismo utilizado por los funcionarios y gobiernos para el pago de intereses personales.
En Colombia la puerta giratoria permite que el llamado superministro Néstor Humberto Martínez, abogado del emporio financiero del Grupo Aval, de los grandes canales de televisión, del sector petrolero, entre otros, hoy esté a cargo de la política pública que regirá esos mismos sectores que defendía hace apenas un mes.
En la elección de cargos como el de defensor del pueblo sería elegido por la Cámara de Representantes de una terna que presentarán las plataformas o confluencias de derechos humanos, las centrales sindicales y las autoridades de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas reconocidas. Mientras que el jefe del ministerio público no podrá destituir a los funcionarios en cargos de elección popular. Solo su función quedará en la investigación y la acusación ante la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado, quien será la competente para definir si deben ser destituidos.
Aforados
Mientras el gobierno nacional aspira a que salga a la luz una nueva comisión de acusaciones para aforados con competencias de investigación y formulación de acusaciones contra magistrados y el fiscal general de la nación, manteniendo el juicio político a esos funcionarios. Por su parte la contrarreforma propone acabar con la Comisión de Acusaciones y otorgarle a la Corte Suprema la investigación del presidente a través de la Sala de Casación Penal y la acusación deberá hacerla el pleno de la Corte Suprema de Justicia ante la Cámara de Representantes y el Senado, quienes lo juzgarían.
Mientras que para la investigación de aforados la oposición democrática propone un tribunal supremo elegido mediante concurso de méritos, garantizando que las decisiones que allí emanen sean jurídicas y no políticas. Dicho tribunal se encargaría de juzgar a magistrados, fiscal general de la nación, procurador general de nación, contralor general de la república y defensor del pueblo.
Lo que queda claro es que la iniciativa del Polo va encaminada a una agenda para la paz y acorde a los cambios institucionales que reclama la superación del conflicto armado. “Si algo ha generado violencia y conflicto en Colombia es la corrupción manejada desde el Estado. Con este proyecto pretendemos transformar las estructuras de ese Estado. Este proyecto apunta a la verdadera agenda para la paz”, concluyó el senador polista Senén Niño.
