Juicio político
Después de conocida la conformación de la comisión Instructora del caso Jorge Pretelt, el país auguraba que la acusación de tráfico de influencias por el presunto, cobro de la suma de quinientos millones de pesos para favorecer el fallo de una tutela, iba hacer absolutorio y que el caso se archivaría. Sin embargo, el concepto del senador conservador Juan Manuel Corso, volteó todos los pronósticos y dio paso al proceso de indignidad en contra del magistrado de la Corte Constitucional.
No obstante, la indignidad no es la única preocupación para Pretelt, pues en la Fiscalía General de la Nación reposa una investigación por los asesinatos en tierras que hoy son de su propiedad y que según las víctimas fueron predios adquiridos de mala fe y producto de que sus legítimos dueños fueron desplazados y asesinados por grupos paramilitares del departamento de Antioquia.
En el Urabá antioqueño, existe la hacienda La Corona, cerca de Turbo y desde el año 2003 los dueños de tales terrenos son el magistrado Jorge Pretelt y su esposa Martha Ligia Patrón. Sin embargo, el campesino Manuel Gregorio Hernández, quien ha sido reconocido como víctima de desplazamiento señala que uno de los predios que conforman la hacienda era de su propiedad y fue obligado a venderla.
La Corona consta de trescientos hectáreas y 100 de ellas fueron declaradas por la Unidad de Restitución de Tierras como predios de propiedad de víctimas desplazadas. Parte de esa finca fue comprada por la esposa de Pretelt a un confeso paramilitar, alias El Burro, mano derecha del jefe paramilitar y asesino de Carlos Castaño, Monoleche. Y el resto de la finca es de Jorge Pretelt, sin que hasta ahora el predio fuera reclamado. Según la unidad de contexto de la Fiscalía, en Córdoba existía una organización criminal que determinaba a quién y cuáles eran las personas que se debían asesinar y la tierra que se debía despojar. “Plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”, dijo la Fiscalía.
Para el ente acusador los auspiciadores del paramilitarismo utilizaron para el despojo la violencia y el temor. En algunos casos los predios quedaban a merced de ilegítimos propietarios después de que estos fuesen escenario de violencia paramilitar, pasaban a manos de funcionarios públicos que le daban un carácter de legalidad al despojo; y en otras ocasiones, era el temor de los propietarios legítimos que no les permitía continuar en la zona y preferían vender a bajos precios para no ser víctima de las acciones violentas del paramilitarismo. La Corona, según las investigaciones fue objeto de los dos modos de apropiación de la tierra.
Los predios de La Corona que fueron decretados por la Unidad de Restitución de Tierras, como propiedad de víctimas despojadas, están en mora de ser devueltos como lo advirtió el magistrado Pretelt después de conocerse el escándalo que lo tiene al borde de su salida del alto tribunal por indigno.
