En su propio casco urbano cuenta con 14 centros de recuperaciones de tierra, sin contar las que se están dando en su parte rural, como es el caso que se presenta en los corregimientos de Cascajal, Colombia y Campeche.
Wilfrido Jiménez Díaz
Sabanalarga, es el segundo municipio del departamento del Atlántico, después del Distrito de Barranquilla. Con 414 kilómetros2 y aproximadamente 200.246 habitantes, se encuentra a 41 kilómetros de la capital atlanticense.
Tierra de grandes figuras nacionales, en las letras y en la política. Se le conoce como la capital cultural del departamento y hasta sus coterráneos hacen gala al decir que en este municipio “la inteligencia es peste”. Un pueblo tranquilo, gente de paz y amable con los suyos y con el que llega; pero de un tiempo acá, el crecimiento demográfico, no pudo ser planificado por las administraciones de turno generando un déficit de vivienda y el hacinamiento le fue ganando al desarrollo y a la tecnología, hasta el punto, que en el actual momento, Sabanalarga es una “bomba de tiempo”, toda vez que en su propio casco urbano cuenta con 14 centros de recuperaciones de tierra, sin contar las que se están dando en su parte rural, como es el caso que se presenta en los corregimientos de Cascajal, Colombia y Campeche.
Aproximadamente son unas 3.000 familias que desafiando la institucionalidad leguleya del Estado, luchan por conseguir un mínimo de 6 x 12 M2, en esos terrenos que por muchos años estuvieron abandonados unos y otros pertenecieron a personas ligadas al negocio del narcotráfico.
Muchos de los recuperadores de estas tierras se vieron motivados a acudir a la toma directa de las mismas, toda vez que el actual alcalde José Elías Chams Chams, en su campaña electoral, con un lenguaje populachero, prometió darle solución al problema de la vivienda a los necesitados, pero al posesionarse como burgomaestre, su discurso y sus acciones cambiaron totalmente, hasta el punto, que se ha negado a convocar a una Mesa de Conversaciones con los viviendistas y como contrapropuesta los ofende calificándolos como “invasores profesionales” y conminándolos al desalojo voluntario so pena de usar la fuerza pública, para “restablecer la propiedad privada”. Se prevé, que para este fin de semana se dé el segundo intento de desalojo, ya que en el primero, no lo consiguieron.
La preocupación latente, es que en esos “barrios” se encuentran muchos niños, ancianos y mujeres embarazadas; la solución no debe ser la violencia, sino la concertación y el diálogo, por eso, desde estas páginas abogamos por una solución pacífica y negociada. Si se mira con voluntad política, el Estado tiene soluciones.
