La dualidad en el cumplimiento de la ley es la regla de comportamiento del gobierno nacional. El escándalo de los baldíos ilegalmente adjudicados en la altillanura colombiana, con un esguince jurídico, es la fórmula aplicada por la plutocracia del país para continuar el ejercicio acumulativo de tierra.
La familia Santos, la ministra de educación, María Fernanda Campo, el magnate de la banca Sarmiento Angulo, son apenas una muestra de los apellidos que han desfilado en el departamento del Vichada, en busca de tierra y de lo que muchos han denominado: “El cartel de los Baldíos”.
Dos son las maneras de apropiación y acumulación de tierra; una es por propiedad, como el caso de Riopaila o La Fazenda, quienes apelando a supuestos vacíos jurídicos de la ley 160 de 1994, se adueñaron de al menos 50 mil hectáreas de baldíos destinados a campesinos sin tierra. No obstante, las multinacionales lograron acumular tal cantidad de tierra mediante operaciones de compras y recompra de predios hechas en el exterior a pesar de la expresa prohibición del artículo 72 de la ley.
La otra manera, de acumulación por uso o también conocida como modelo asociativo: “alianzas productivas estratégicas” que resultan en esencia una reforma agraria con interés del sector privado. Para congresistas críticos, este modelo es protagonizado por Indupalma, quien se aferró al Plan de Desarrollo del gobierno Santos que impulsa este tipo de alianzas del gran capital. El pionero de este tipo de modelo de desarrollo es Carimagua, del gobierno Uribe.
“En 2010, doce predios fueron comprados por diferentes SAS, Sociedad Simple por Acciones, de personas naturales y por Indupalma, sin sobrepasar la Unidad Agrícola Familiar” dice Iván Cepeda y ahí es donde aparece la familia de la ministra Campo quien tiene a su nombre una SAS. Explica Cepeda, que el bloque Dávila, que suma 5.357 hectáreas, al parecer fue bautizado así por el apellido de las familias campesinas a las que les adjudicaron los baldíos y a quienes las SAS de los Campo Saavedra les compraron los predios, que a la postre resultaron explotados productivamente por la empresa Indupalma a cargo de Rubén Darío Lizarralde, exesposo, de la Ministra.
Pero Lizarralde, es el primer enemigo de las Zonas de Reserva Campesina. Según información de prensa, el gerente de Indupalma, cuestiona la herramienta de la ley 160, manifestando que tal como están diseñadas, no hacen ningún aporte al desarrollo nacional y apenas favorecen a los guerrilleros, no a los campesinos.
A ese respecto Cepeda le pidió al presidente de la República revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del gobierno que han acumulado tierras que constitucional y legalmente son para los campesinos.
Es claro el mensaje del Ejecutivo y su círculo cercano para el país: la ley es aplicable a los campesinos de ruana como en El Catatumbo que cumpliendo la normatividad le fue negada la adjudicación de tierra mediante las Zonas de Reserva Campesina, mientras tras bambalinas apela a cualquier remedo jurídico para salvaguardar los interés de su clase. Para muchos, razón tiene las trabas en la Mesa de La Habana cuando el gobierno se niega a negociar el derecho de los campesinos a acceder a la tierra.
