La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que consolida la Jurisdicción Agraria y Rural, una estructura para resolver no solo litigios sino llevar la esperada justicia al campo colombiano
René Ayala
@reneayalab
En una histórica jornada, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. Con 96 votos a favor y 30 en contra, se dio vía libre a un proyecto que significa la concreción de una lucha de casi cien años del movimiento campesino y sectores progresistas, saldando una deuda histórica con el país y el campesinado.
Colombia ha enfrentado profundas desigualdades en el mundo rural. La concentración en un pequeño núcleo de terratenientes ha sido el combustible de la violencia política. La cuestión de la propiedad sobre la tierra, el conflicto derivado de esta y la inexistencia de políticas agrarias, han generado un escenario donde la inequidad y la injusticia son la norma. Los intentos de reforma agraria han sido hasta ahora ineficaces o revertidos por quienes representan los intereses de la gran propiedad.
Una jurisdicción de paz
El Acuerdo de paz firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC-EP, contiene en su eje de reforma agraria integral referencias frente a la Jurisdicción, planteando la creación de un programa de formalización gratuito, que reconozca los derechos de los legítimos dueños y poseedores de los predios, y la necesidad de una Jurisdicción para proteger la propiedad. El Acuerdo subraya mecanismos de resolución de conflictos señalando: “una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio”.
En consecuencia, el partido Comunes, surgido de los Acuerdos de paz, radicó en 2022 el proyecto de Ley para aprobar la Jurisdicción Agraria: “la creación de esta jurisdicción es un paso hacia la reforma agraria, crear un tribunal que resuelva la confrontación en la ruralidad, la vida en el agro, ya que no solo tendrá que ver solo con la tenencia de la tierra sino además con su uso, contribuyendo a su redistribución como lo establece el acuerdo”, afirmó Omar de Jesús Restrepo, senador de esta formación política.
“El proyecto de Ley logró avanzar para el presupuesto y dinamización de su estructura para darle dientes a la reforma agraria y reivindicar al campesinado despojado por medio de la violencia, para que acceda a la justicia y a su reivindicación histórica de tener la tierra”, aseguró el senador Restrepo.
Resolución de conflictos
La Ley de Jurisdicción Agraria establece un sistema especializado de justicia para resolver conflictos relacionados con la tierra y el uso de recursos naturales en las zonas rurales y conflictos ambientales que afecten a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La implementación de la Jurisdicción tendrá un impacto significativo en las comunidades rurales. Ofrecerá una vía más accesible y eficiente para la resolución de conflictos reduciendo tiempo y costos asociados con los litigios en el sistema judicial ordinario. Los jueces especializados en asuntos agrarios y ambientales tomarán decisiones mejor informadas y objetivas con las realidades del campo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta Ley permitirá resolver los litigios de la ruralidad donde el Estado será garante de derechos históricamente vulnerados.
Esta decisión contribuirá a la paz y la estabilidad en la ruralidad, proporcionando un mecanismo confiable para resolver disputas que, de otro modo, podrían escalar la violencia. No podemos olvidar la tragedia del despojo en los territorios donde, como lo demuestra el fallo de la justicia norteamericana contra la empresa Chiquita Brands, grandes propietarios financiaron el paramilitarismo para destruir el tejido social y robarles la tierra a campesinos pobres, y que además las decisiones de la justicia los protegieron o garantizaron la impunidad campante. Por eso, la certeza jurídica sobre la propiedad y el uso de la tierra es esencial para el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas, permitiéndoles el retorno, invertir en sus tierras y mejorar su productividad sin temor a perder sus derechos.
Retos y desafíos
A pesar de los beneficios potenciales, la implementación de la Jurisdicción enfrentará desafíos. La creación de tribunales especializados y la formación de jueces capacitados en temas agrarios requerirá una inversión en recursos y tiempo. Será crucial para el futuro de la Jurisdicción asegurar que estos tribunales sean verdaderamente independientes y libres de influencias de intereses económicos y políticos.
La aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural es un hito en la lucha por la justicia agraria. Representa un avance hacia la equidad y la inclusión de las comunidades rurales en el sistema judicial. El gobierno y la institucionalidad responsables deben comprometerse a proporcionar el financiamiento y apoyo necesarios para que la Jurisdicción funcione de manera efectiva. Esto incluye no solo la formación de jueces, sino también la creación de infraestructura adecuada y la provisión de asistencia jurídica para las comunidades más vulnerables y secularmente víctimas de la violencia en la ruralidad.
Frente a este avance que potencia la iniciativa política del actual gobierno, de desplegar la reforma agraria como un eje de la política del gobierno del cambio, el ministro Osuna respondió a los críticos del proyecto, que señalan que este es una puerta para la “expropiación”: “Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con la expropiación. El proyecto de Ley crea jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”.
Para que entre en vigor la Ley, falta la conciliación del texto con el Senado, que debe lograrse antes del 20 de junio cuando termina el período legislativo y, posteriormente, el control constitucional por parte de la Corte para declarar su exequibilidad. En su cuenta X, el presidente Gustavo Petro destacó en un corto mensaje el significado de esta decisión, “Excelente. Este es el camino de la paz”, poderosa declaración que refleja la dimensión de esta Ley y su importancia para alcanzar un país en paz, justo al tamaño de los sueños de las comunidades rurales, porque ahora, por fin, es su tiempo.
