El Hospital público Nuestra Señora de los Remedios, lugar donde miles de riohacheros nacen y preservan su vida gracias a la vocación de su personal, es también un escenario de lucha por el trabajo digno. Allí se vulneran derechos laborales a trabajadores de la salud
Daniela Cárcamo
Un grupo de trabajadores de la salud, con hasta veinte años bajo contratos de prestación de servicios (OPS), demandó a la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Nuestra Señora de los Remedios, exigiendo su formalización laboral y el pago justo de prestaciones, primas y dotaciones, costos que han asumido de su propio bolsillo. En ocasiones, la deuda salarial ha superado los trece meses, una muestra del abandono y la vulneración de derechos por parte de la administración local.
Por años, Bertha Pinto ha trabajado en turnos de 8 a 12 horas continuas en la sala de maternidad y ginecoobstetricia acumulando experiencia y mejorado la calidad de atención. Pero esto no ha sido suficiente para recibir pagos a tiempo ni una vinculación laboral estable.
Sin precedentes en la región
En 2023, con ayuda de la firma de abogados M&H Legal, Bertha Pinto y otros veintiún trabajadores-contratistas, entre ellos auxiliares de enfermería, camilleros, enfermeras licenciadas y auxiliares de servicios generales, iniciaron un proceso jurídico en defensa de sus derechos laborales. Esta acción, sin precedentes en la región, se convirtió en la primera demanda colectiva del sector salud por estas condiciones.
Desde que el hospital recibió la notificación jurídica, los demandantes han percibido un clima de estigmatización y ausencia de diálogo. Se han propagado rumores de despidos y represalias, como la reducción de carga horaria y de salario hacia Pinto desde hace seis meses.
En Colombia, los gobernadores nombran a los gerentes de los hospitales departamentales, permitiendo que estas instituciones públicas operen con lógicas privadas. Esto fomenta el clientelismo y la politización de la salud, afectando la calidad del servicio y las condiciones laborales.
Así es como operan las lógicas de la tensión trabajo y capital donde empleadores buscan maximizar la rentabilidad reduciendo costos laborales, mientras los empleados luchan por condiciones laborales dignas. Esto se evidencia en la precarización y explotación laboral que los patrones del sector en salud imponen para favorecer sus intereses: el aumento del volumen de pacientes atendidos por hora, la disminución del precio de los honorarios y procedimientos médicos; el atraso en el pago de salarios por meses y la sobrecarga laboral por la reducción de personal.
Una práctica común es la renovación constante de contratos OPS por tres meses, impidiendo el acceso a seguridad social, prestaciones y estabilidad económica. Esta tercerización prolongada ha sido calificada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como “deslaboralización”, al evidenciar una relación laboral encubierta. La reforma laboral, hundida el 18 de marzo, buscaba corregir estas injusticias desde el Congreso.
Además, el retraso del salario es un problema recurrente del sector salud. Los funcionarios públicos involucrados pagan a tiempo solo a sus allegados, pero a otros trabajadores no, aunque el Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantice el rubro para cubrir esos contratos.
Un ejemplo reciente se dio en la E.S.E. donde tras recibir un giro del Ministerio de Salud, la gerencia excluyó del pago a pediatras que habían renunciado por estas mismas razones.
No están solos, la ley los protege
Para médicos como Bertha Pinto, la familia y los amigos han sido su principal apoyo ante la vulneración laboral. Son sus seres queridos quienes asumen la carga económica y el cuidado de sus hijos. Incluso en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, el personal de salud sigue trabajando, muchas veces sin recibir pago.
Por miedo o desconocimiento, muchos trabajadores permanecen en condiciones que deterioran su salud física y mental, truncando sus proyectos de vida. A pesar de asumir múltiples empleos y turnos nocturnos adicionales, su situación económica no mejora, llevándolos a endeudarse para cubrir sus propias prestaciones en salud y pensión.
Según M&H Legal, el contrato realidad es un principio jurisprudencial que configura una relación laboral si existen subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. Este mecanismo protege a los empleados, permitiéndoles demandar sin temor a despidos masivos, incluso bajo contratos OPS.
Si se acumulan suficientes demandas al respecto, la Corte Suprema y el Consejo de Estado podrían ordenar al Congreso legislar en favor de los trabajadores.
Prepensionada en acción
“Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, quiero trabajar. A mí me quedan tres años de trabajo… y se lo toman personal”, recuerda Bertha Pinto, sorprendida por el trato de excolegas que, ahora como jefes, afectan el derecho al trabajo de mujeres y hombres cabeza de familia.
Ante el temor que produce la lucha por sus derechos, Bertha Pinto recomienda: “No solo seamos médicos por el estatus o el pago, sino por humanidad. Debemos agremiarnos, solidarizarnos y humanizarnos entre nosotros. Hoy es un médico en esta situación, mañana será otro”.
La lucha de Bertha Pinto y sus colegas no es solo un reclamo individual, sino un reflejo de una problemática estructural que afecta a miles de trabajadores de la salud en Colombia. La inestabilidad laboral, los pagos atrasados y la falta de garantías son realidades que ponen en riesgo no solo a quienes ejercen esta profesión, sino también la calidad del servicio que reciben los pacientes.
Es fundamental que los riohacheros respalden las exigencias de dignidad y justicia laboral en su Hospital público. Sea por redes sociales o en las calles, el apoyo ciudadano es clave para que las injusticias no se repitan.
Mitigar esta situación requiere seguir impulsando reformas que garanticen los derechos constitucionales frente a las ambiciones de quienes ven la salud y el trabajo como un negocio, y no como un derecho. La defensa del trabajo digno y de la salud es una causa de todos.
