Continuamos con la serie de artículos sobre el agro colombiano, como una contribución al debate con ocasión del undécimo congreso de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensuagro).
Carlos Fernández*
La pérdida de importancia del sector agrario dentro del conjunto de la economía, que analizamos en artículo anterior (ver VOZ, edición 2776), tiene implicaciones obvias sobre la composición de clase de la fuerza de trabajo rural. Dicha composición presenta una variada gama de sectores sociales que se diferencian unos de otros, según sea su posición frente a la propiedad de la tierra y de otros elementos de la riqueza agraria. En primer lugar, tenemos a los latifundistas tradicionales, ligados a la explotación extensiva de la ganadería, que no viven en el campo pero que sí extraen de él la cuantiosa renta que está en la base de sus privilegios.
De otra parte, encontramos al sector de los grandes capitalistas agrarios, ligados, como los latifundistas, al capital financiero nacional e internacional y que han mostrado, recientemente, un apetito voraz por las tierras de distintas regiones para realizar inversiones en productos que sirven de materia prima a los agrocombustibles, a productos de exportación o para explotar los recursos no renovables del subsuelo. Un sector de esta burguesía agraria está conformado por franjas de población ligadas al capital comercial.
Del otro lado, están las grandes masas campesinas que presentan una heterogénea composición (de microfundistas a campesinos medios) que han estado a la cabeza de la protesta social ante la arremetida del gran capital y que se presentan como la base social para lograr la recuperación del campo. Se encuentra, asimismo, un núcleo importante de proletariado y semiproletariado agrícola, que trabaja en precarias condiciones de estabilidad laboral y salarial. Por último, hace presencia en el campo un vasto núcleo de sectores medios ligados al comercio local, al transporte, a los servicios públicos, etc., que, en algunas regiones, han sido soporte importante de las luchas campesinas.
La cuestión del empleo rural
La estadística oficial sobre ocupación y desempleo indica que, durante el período que va de noviembre 2001/enero 2002 hasta noviembre 2014/enero 2015, si bien el crecimiento promedio anual del número de personas ocupadas en el campo fue de sólo 0,3% (contra 2,2% en el nivel nacional), la tasa de ocupación rural (es decir, la participación del empleo rural dentro de la población económicamente activa del campo) decreció, en promedio, a razón de 0,3% promedio anual.
El cuadro que acompaña esta nota, además de la información señalada, presenta otra de gran importancia para el análisis del estancamiento del agro colombiano. Se trata del hecho de que el número de personas ocupadas en actividades agropecuarias, de silvicultura, de caza y de pesca creció a razón de 0,1% en el período señalado, en tanto que el número de ocupados en el sector rural en general (incluyendo a los que se dedican a actividades no agropecuarias) creció a razón de 0,3% promedio anual. Es decir, las actividades como el comercio, el transporte y otras dieron cuenta de un mayor dinamismo que la actividad agropecuaria propiamente dicha.
El agro en la perspectiva de la política estatal
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantean, para el cumplimiento de los objetivos de paz, equidad y educación, una estrategia transversal específica para el campo consistente en su transformación y en un denominado crecimiento verde (protección del medio ambiente). En cuanto al manejo del territorio, dividen al país en seis regiones, cada una con un denominado eje articulador que, para el caso de la región de los Llanos, es medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano.
El tema de la agroindustria referido a esta región específica está íntimamente relacionado con la pretensión del gobierno y de grandes industriales nacionales y extranjeros de hacer de la Orinoquia un enorme campo de inversión para producir agrocombustibles, pretensión que ya se expresó en el pasado Plan de Desarrollo y que fue declarada inconstitucional por la Corte. Ése es el talante modernizador de la burguesía colombiana y es la motivación esencial de la política pública desarrollada por el gobierno de Santos que lo llevó a sentarse en la mesa de negociación de La Habana.
La lucha por la paz pasa por oponerse firmemente a este proyecto acaparador del recurso tierra, en medio de la cicatera negación de la tierra para los campesinos que enarbolan la bandera de las Zonas de Reserva Campesina.
* Investigador del CEIS.
