Con la aprobación en Cámara de Representantes del Convenio 190 de la OIT, Colombia avanza en la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, mediante un enfoque de género y prevención
Flora Zapata
Colombia dio un paso histórico en materia de derechos laborales y de equidad de género: la Cámara de Representantes aprobó el 11 de junio la ley que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género.
Esta ratificación, producto de un proceso de diálogo tripartito entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial, representa una conquista colectiva que llega después de más de un año de trabajo técnico, político y pedagógico. Así lo afirmó Magda Alberto, asesora del Ministerio del Trabajo en temas de equidad de género y derechos de las mujeres, quien destaca que esta es apenas la tercera vez en la historia del país que un convenio internacional logra ser concertado de forma unánime entre las tres partes.
Convenio 190 de la OIT
Adoptado en 2019, el Convenio 190 de la OIT es el primer tratado internacional que aborda de forma específica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia por razones de género. Su enfoque es integral: combina medidas de prevención, protección, reparación, sanción y cambio cultural.
Lo novedoso de este convenio radica en que amplía la noción de “mundo del trabajo”, reconociendo que las situaciones de acoso o violencia no ocurren solo dentro de las oficinas o fábricas, sino también en los trayectos, durante viajes laborales, en actividades sociales relacionadas con el empleo e incluso en comunicaciones digitales.
Además, su marco de protección no se limita a las personas con contratos formales: incluye trabajadores del sector público, empleados informales, aprendices, personas bajo órdenes de prestación de servicios (OPS), tercerizados y otros actores tradicionalmente excluidos de las normas de protección laboral.
Género en la política laboral
Según Magda Alberto, la aprobación de esta ley es también un resultado del compromiso asumido por la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, desde el inicio de su gestión en 2022. “Ella se propuso transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en toda la política laboral del país”, explica la asesora. Fue así como se reactivó la Comisión de Género dentro de la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales, desde donde se empezó a trabajar en la necesidad de ratificar el Convenio 190.
En 2023, el equipo de género del Ministerio impulsó estudios técnicos, convocó mesas de trabajo con sindicatos y gremios empresariales y consolidó un proceso pedagógico para explicar los alcances de este tratado. Esa labor culminó en noviembre con un acuerdo tripartito para llevar el proyecto al Congreso.
Ya en la legislatura de 2024, la ministra radicó el proyecto con apoyo de la senadora Jahel Quiroga en el Senado y de las representantes Carolina Giraldo y Mary Anne Perdomo en la Cámara. Su aprobación, según Alberto, abre la puerta a una transformación legal y cultural urgente: “Lo que se viene es un cambio de paradigma. Pasamos de un enfoque restrictivo a un enfoque de género, integrador, preventivo y que apunta a reducir la impunidad”.
Transformar la cultura del trabajo
Uno de los elementos más transformadores del Convenio 190 es su enfoque preventivo. No se trata solo de sancionar a los agresores o reparar a las víctimas, sino de modificar estructuras, normas, prácticas y relaciones que reproducen la violencia y el acoso. Esto implica acciones de formación, campañas de sensibilización, protocolos claros y la revisión de marcos normativos que han excluido a grandes sectores de la población trabajadora.
La reglamentación que sigue a la sanción presidencial deberá ampliar los límites actuales de la ley colombiana, que hasta ahora solo protegía a quienes tuvieran contratos formales. “Las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencia y, al mismo tiempo, son mayoría en los empleos informales y precarizados”, apunta Alberto. Por ello, la nueva legislación tendrá un impacto directo en su seguridad, bienestar y permanencia en el mundo laboral.
Lo que sigue: reglamentar y transformar
Una vez el presidente sancione la ley, comenzará el proceso de reglamentación. Allí se definirá cómo las instituciones públicas, las empresas privadas, las organizaciones sindicales y las entidades del Estado deben adaptar sus políticas, protocolos y mecanismos de atención. El reto será armonizar las disposiciones existentes con los principios del convenio y garantizar su cumplimiento real.
Pero el desafío va más allá de lo legal. Como lo subraya la asesora del Ministerio del Trabajo, “se trata de un cambio cultural profundo, donde todos y todas ─empleadores, trabajadores, funcionarios, contratistas─ debemos asumir un compromiso real por entornos laborales dignos, seguros y libres de violencia”.
La ratificación del Convenio 190 es, sin duda, un paso adelante en esa dirección. Es un reconocimiento de que los derechos laborales son también derechos humanos, y de que la equidad de género no puede seguir siendo una promesa incumplida en los lugares donde trabajamos.
