Debemos demostrarle al pueblo que la paz se conquista derrotando políticamente a los partidos y movimientos que hasta ahora han hecho de la violencia un instrumento para impedir que tengamos democracia y equidad.
José R. Llanos
Como era de esperar, Álvaro Uribe, el gallito de pelea, como orgullosamente lo llamara su hermano, se ha pronunciado contra los avances del proceso de paz que significa la firma del acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por parte de Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el gran alborozo que produce la proximidad de la paz, no debe ocultarnos la naturaleza del llamado conflicto social armado. Si de esos dos componentes solo se elimina uno, las armas, no habrá paz auténtica y permanente.
Cuando se firme la paz en La Habana, se habrá superado uno de los componentes de la guerra, la acción armada de las FARC-EP y de las Fuerzas Armadas, pero queda pendiente el acuciante problema social. Por esa razón debemos examinar cuidadosamente las acciones y proyectos de ley, decretos y aún el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por Juan Manuel Santos, para determinar en qué medida contribuyen a cumplir los compromisos adquiridos.
Debemos recordar que uno de los componentes determinantes del conflicto social armado, es la conformación de grandes latifundios desde la mitad del siglo XIX, por parte de una ínfima minoría de familias rurales.
Por tanto, una acción del Gobierno para cumplir con los acuerdos “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Agraria Integral,” contribuiría a resolver la inequidad existente en el sector rural colombiano y eliminaría un combustible causante de la violencia y fundamentaría sólidamente la paz. Infortunadamente, no vemos que el presidente Juan Manuel Santos esté generando las disposiciones legales para producir los cambios con los cuales se comprometió. Incluso, instituciones creadas por ley como las Zonas de Reservas Campesinas, están siendo saboteadas por algunos agentes gubernamentales.
Tampoco se ha visto la voluntad gubernamental para afrontar una cuestión de suma importancia y riesgosa: la efectiva eliminación del paramilitarismo. No habrá paz real y duradera si los jefes paramilitares y los oficiales y suboficiales retirados y activos que hacen parte de esa organización, no son encarcelados o cooptados en favor de la causa de la paz. Por el contrario, en estos días se están excarcelando los principales cabecillas del paramilitarismo. Esos hechos podrían obligar a la insurgencia a congelar o dilatar su dejación de las armas. Sería una insensatez devenir indefensos cuando se están reorganizando sus enemigos. La historia de Colombia nos da una lección al respecto: la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla y la entrega de armas de las guerrillas liberales, tuvieron como secuela el asesinato en las calles del país de sus principales comandantes. En esas condiciones, otros combatientes no se entregaron y permanecieron armados.
Esta dilación del presidente Santos para encarar con valentía y prontitud el paramilitarismo, propiciaría una nueva guerra, esta vez nos conduciría al fortalecimiento político de la extrema derecha y dejaría al país a merced del fascismo y la antidemocracia. Presidente Santos, ¡es la hora de concordar discurso y acción!
Las enseñanzas derivadas de procesos de paz anteriores, imponen a las organizaciones sociales, políticas y gremiales defensoras de la democracia y la paz, exigirle al Gobierno que proceda con prontitud a implementar las normas que viabilicen y hagan efectivos los acuerdos de naturaleza socio-económicos, derivados de los diálogos de La Habana y también combatir con eficacia y contundencia al paramilitarismo y a sus mentores ideológicos los políticos e intelectuales de extrema derecha.
Deben, por otra parte, asumir con prontitud el compromiso de diseñar, realizar y llevar a cabo planes para lograr organizar unitariamente la defensa de la democracia y las reformas en pro de la equidad y el bienestar de los sectores excluidos, para garantizar una plena convivencia pacífica. En pocas palabras, debemos demostrarle al pueblo que la paz se conquista derrotando políticamente a los partidos y movimientos que hasta ahora han hecho de la violencia un instrumento para impedir que tengamos democracia y equidad.
