Con un acervo probatorio bien fundamentado la Corte Suprema de Justicia condenó al ex ministro Andrés Felipe Arias como responsable del escándalo de Agro Ingreso Seguro
Simón Palacio
Al inicio del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue nombrado para atender la cartera de Agricultura Andrés Felipe Arias, un economista de origen conservador y muy cercano a la familia presidencial. A lo largo de su paso por el gobierno, se convirtió en el alfil más importante del uribismo e inició una vertiginosa carrera política para convertirse en el sucesor natural de esa doctrina en la Casa de Nariño.
En noviembre de 2006 se lanzó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), con el objetivo de “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”, dijo el ministro Arias en aquella época. El AIS fue el programa bandera de su administración y consistía en el apalancamiento agrícola a grandes empresarios del campo con préstamos multimillonarios a intereses bajos y subsidios a grandes extensiones de tierras, para que tales inversiones, según el Ministerio, produjeran impactos en los pequeños campesinos.
La investigación
En septiembre del año 2009, la revista Cambio publica una investigación en la que, según datos del propio Ministerio, los recursos de ese programa estaban siendo destinados con ciertas particularidades. Lo que llamó la atención de los periodistas, y dio origen a la investigación, fue la aparición del nombre de una ex reina de Colombia, modelo, actriz y diseñadora de joyas: Valerie Domínguez, como empresaria del campo colombiano y beneficiaria de la política.
Para ese momento las acusaciones sobre escándalos de corrupción corrían por la prensa y en las barandas judiciales empezaban a asomarse indicios serios sobre la responsabilidad del ministro Arias en el manejo irregular de dineros del programa bandera de su administración: Agro Ingreso Seguro. Familias adineradas del Caribe colombiano resultaron ser las primeras beneficiarias.
El hilo de la investigación arrancó por la ex reina Domínguez, quien era socia de Juan Manuel Dávila, miembro de una de las castas políticas del Magdalena y fue por allí que la Fiscalía encontró todo el acervo probatorio para imputar al ministro Arias los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. En el año 2010 la revista Cambio, que destapó el escándalo, fue cerrada.
El primer argumento que esgrimió Andrés Felipe Arias fue que tal acusación era una persecución política por su filiación uribista. El objetivo era convertirse en candidato presidencial por el conservatismo y así blindarse de las actuaciones de la Justicia con el apoyo del saliente presidente Álvaro Uribe. Pero no logró su cometido, pues fue la precandidata conservadora Noemí Sanín la ganadora de la consulta interna de ese partido.
Sin el salvavidas político y con una investigación que tomaba fuerza, Andrés Felipe Arias acude a cualquier maniobra para deslegitimar las actuaciones de los fiscales y restarle objetividad a su juicio mientras el ex presidente Uribe seguía en su defensa pública.
Los coadyuvantes
El siguiente paso del ex ministro fue encontrar chivos expiatorios en su proceso y acusar a sus subalternos de confianza en el Ministerio como los responsables de tales irregularidades. Rodolfo Campo Soto, ex gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); Juan Camilo Salazar, ex viceministro; Camila Reyes, ex directora de Financiamiento y Comercio; Javier Romero y Juan David Castaño, ex directores de Desarrollo Rural; Alba Sandoval, ex directora de Seguimiento Presupuestal; y Gisela Torres y Edelmira Riveros, interventoras. Pero los testimonios de Camila Reyes y el viceministro Salazar llevaron a la Fiscalía a asegurar que: “Arias tenía un afán indiscriminado de entregar recursos”.
Sus ex funcionarios de confianza le dieron a ente investigador las piezas claves que hacían falta para determinar cuál era la razón de la entrega de dineros públicos destinados a los campesinos pobres, en manos de familias de ascendencia política en todo el país. En eso coincide el electo senador Iván Cepeda, quien manifestó que el “Programa Agro Ingreso Seguro además de quitarle subsidios a los campesinos fue modalidad de pagar favores políticos por parte de Uribe”.
Responsabilidad fiscal
Pero no solo la Fiscalía acusó a Arias de haber destinado recursos para apropiaciones específicas de grandes empresarios del campo. La Contraloría General de la República llegó a la conclusión de que buena parte de los recursos del programa fueron destinados indebidamente a promocionar esa política pública después de conocido el escándalo. La máxima autoridad fiscal del país se pronunció en última instancia mediante el fallo de responsabilidad no solo contra el ex ministro por cuantía de 12.985 millones de pesos.
“Recursos sobrantes del programa AIS no se reintegraron debidamente al Tesoro y se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del ex ministro Andrés Felipe Arias”. Así se pronunció Sandra Morelli, jefe de la Contraloría.
Después de esto, Arias se declaró un preso político y perseguido de la Justicia. Aun así su juez natural, la Corte Suprema de Justicia, inició un juicio con todas las garantías procesales exigidas por la defensa. De hecho Andrés Felipe Arias pudo organizar su defensa desde la comodidad de su domicilio pues recibió un trato diferencial siendo beneficiario de la casa por cárcel. Pero ese mismo tribunal el pasado 3 de julio leyó el sentido del fallo condenatorio por los hechos acaecidos bajo su administración en el programa Agro Ingreso Seguro.
La condena
Para la Corte Suprema de Justicia, al ahora condenado Arias se le comprobaron más allá de la duda razonable las irregularidades que lo condenan por celebración indebida de contratos. “Favoreció a sectores específicos de la producción agrícola” y nombró a personas cercanas “para tener el control total del programa y asegurarse del manejo presupuestal”, y agrega la Corte: “Siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios”. La Corte en todo momento reiteró que la actuación de Arias fue con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta.
Luego de leído el fallo y sin la presencia de Arias, se pronunciaron el apoderado de las víctimas y el fiscal delegado, señalando que la Corte Suprema de Justicia debía tazar la pena en los dispositivos amplificadores más altos, es decir: ajustarle a Arias la mayor pena posible por tratarse de una medida ejemplar para la sociedad dadas las calidades profesionales y las dignidades ocupadas por el condenado.
Desde las toldas uribistas no se escucharon pronunciamientos. Es la condena al más alto funcionario de esa administración. Luego de conocido el fallo corrió en los mentideros políticos la posibilidad que el condenado ex ministro tomara el camino del exilio para no afrontar la condena. En ese sentido miembros de la oposición manifestaron la necesidad de tomar medidas para que no se sume ahora el caso de Andrés Felipe Arias a los de Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado. Esa, dice el senador Cepeda, “ha sido una práctica del ex presidente Álvaro Uribe: promover la evasión de la Justicia”.
