Ahora hay que concentrar fuerzas en la campaña “La Paz sí es contigo” que arrancó la semana pasada con todo vigor en el país. Diez millones de votos por el sí es la meta para superar con creces el umbral del 13 por ciento.
Editorial del Semanario VOZ
La Corte Constitucional le dio el visto bueno al plebiscito, en decisión anunciada el lunes 18 de julio del presente año, en uno de los fallos judiciales más esperados en el último tiempo. Según lo dijeron su presidenta, María Victoria Calle y el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, la Corte Constitucional en votación de 7 a 2, declaró ajustada a la Carta Política la ley sobre el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana del Gobierno Nacional y las FARC-EP.
En el fondo, el fallo judicial establece que es viable el umbral del 13 por ciento (4 millones 400 mil votos), pues en la Constitución no hay restricción alguna en este sentido. También reconoce la participación activa de los funcionarios públicos, promoviendo el sí o el no con ciertas limitaciones. Igualmente señala que el carácter vinculante de la decisión, sea el sí o el no, es para el Presidente de la República y no para los otros dos poderes públicos, esto es, el Legislativo y el Judicial, con el argumento polémico de la independencia de cada rama del poder público.
Pero reconoce que la decisión, en caso de ser afirmativa, no podrá ser modificada o anulada por un posterior Gobierno de forma caprichosa sino también mediante otro plebiscito. Es lo que han llamado los medios el blindaje jurídico que tendrán los Acuerdos de La Habana. Es la manera como la Corte prodiga, en sus propias palabras, “las garantías de cumplimiento de lo pactado en el acuerdo, precisamente en virtud de la legitimidad democrática que confiere la refrendación popular. Estas funciones del plebiscito especial, como es sencillo observar, son coincidentes con su naturaleza eminentemente política, no normativa”. Es sobreentendido que la alusión en el sentido del cumplimiento va dirigida hacia las partes involucradas: Gobierno y guerrilla.
El carácter vinculante lo tiene el presidente Juan Manuel Santos quien debe convocarlo y acatar el sí o el no según los resultados de la votación. Pero de hecho es vinculante respecto al acto legislativo en la medida que le da luz verde a un plebiscito en que los ciudadanos decidirán sobre los acuerdos de La Habana. Mejor dicho sobre la paz de Colombia.
Deja dudas la decisión de la Corte Constitucional con el argumento de la autonomía de cada rama del poder público, seguramente porque el Congreso conocerá de las leyes y actos legislativos posteriores para implementar los acuerdos de paz si es el caso de la refrendación positiva y la Corte de avalar su constitucionalidad. Pero en tanto que estarán en juego los acuerdos de paz de hecho es vinculante para el país que se beneficiará o no de la decisión y será consecuente con el artículo 22 de la Constitución que garantiza el derecho a la paz de los colombianos.
Lo que queda claro es que los acuerdos de ganar el sí, no quedarán incorporados de forma automática a la Constitución porque ello será posible solo por la vía del Congreso.
Son los detalles sobre los cuales polemizan los entendidos. Sin embargo, lo más importante es la decisión de fondo que adoptó la Corte Constitucional por absoluta mayoría de avalar el plebiscito como mecanismo de refrendación. Quedaron derrotados los uribistas guerreristas, opuestos al plebiscito, porque en el fondo continúan amarrados a la salida militar como la intentó su jefe Álvaro Uribe Vélez, sin ningún éxito, en los ocho años de sus dos gobiernos, el último de ellos montado sobre la ilegalidad de la reelección que fue fruto de un cohecho. También quedaron mal parados los santanderistas, ciertos abogados constitucionalistas apegados a la ortodoxia jurídica y que en el fondo le hicieron el juego al uribismo.
Ahora hay que concentrar fuerzas en la campaña “La Paz sí es contigo” que arrancó la semana pasada con todo vigor en el país. Diez millones de votos por el sí es la meta para superar con creces el umbral del 13 por ciento.
Faltan, por supuesto, algunos temas por decidir en La Habana. Es difícil hablar del tiempo en que quedará aprobado el Acuerdo Final para que el presidente Santos pueda convocar el plebiscito. Eso significa que el Gobierno debe ser muy cuidadoso en el estricto carácter bilateral que tienen los acuerdos, no solo en tanto el procedimiento sino de las responsabilidades que se deriven de ellos. No puede el ejecutivo seguir insistiendo en que es la guerrilla la que debe prepararse para responder ante las víctimas, sin ningún asomo autocrítico del Estado, principal depredador de los derechos humanos e infractor del Derecho Internacional Humanitario. Eso mina la credibilidad en el proceso y abre expectativas que no se corresponden con la realidad.
El camino está despejado. Uribe sigue con su prédica pedante y tendenciosa, queriendo eludir sus responsabilidades ante la historia y los estrados judiciales, alentando la guerra en práctica egoísta y criminal con el país. Los buenos, la mayoría, a cumplir con la paz, a organizar la gran batalla por el sí que abra el camino hacia los cambios y a la Asamblea Nacional Constituyente que vendrá después en el posacuerdo.
