–¿Cómo interpreta el fallo de la Procuraduría General de archivar el proceso disciplinario que adelantaba en su contra, después de tanto tiempo sin decisión de fondo?
–El fallo corresponde a una investigación disciplinaria totalmente prefabricada para tratar de hacerla encajar en el show del momento: los computadores y discos duros de Raúl Reyes. No hay ninguna otra razón o motivo. Las referencias y datos acumulados son anacrónicos, por cuanto se refieren a hechos supuestamente acaecidos antes de mi investidura como concejal. Por eso es obvio inferir que se trata no de una investigación disciplinaria contra un funcionario público sino de una persecución dirigida a un dirigente político de la oposición, para más señas el secretario general del Partido Comunista.
Cabe preguntarse cuál es el papel de la Dijín en la producción de semejante expediente y la relación con las amenazas de muerte, seguimientos, intentos de allanamiento ilegales y ubicación de un sicario en el esquema de seguridad de mi residencia que ocurrieron durante mi ejercicio en el Concejo y que fueron denunciados en su debido momento.
Es natural que ese montaje no podía sostenerse. El documento está redactado en un tono que busca autoexculparse para eludir el ridículo. Ni siquiera reconoce que la Corte Suprema desechó como pruebas los computadores y discos manipulados por la inteligencia militar antes de pretender integrarse a una cadena de custodia.
–¿En qué queda la llamada farcpolítica después de tantos fallos judiciales y disciplinarios favorables a los investigados?
–Es lamentable el papel de la Procuraduría al obrar como un tribunal de la inquisición en pleno siglo XXI. La llamada farcpolítica se hundió hace rato, desde que cayeron los procesos contra Carlos Lozano, Gloria Inés Ramírez y algunas otras personas. Incluso el fallo disciplinario del Procurador contra la senadora Piedad Córdoba ha quedado inscrito como un acto de represalia a una opositora política y activista de la paz, más que como una confirmación de un mito de carácter policiaco.
En mi caso considero vergonzosa la tarea impuesta a funcionarios de la Procuraduría para buscar en cárceles de Colombia delincuentes y desertores para testimoniar en mi contra. Es evidente que en el operador ideológico de la pretendida farcpolítica predominaba la intencionalidad de la propaganda de guerra y el artificio de la calumnia y el linchamiento como componentes de la política de guerra civil del Estado.
Por fortuna, la farcpolítica queda sin piso en este nuevo fallo. La verdad se ha abierto paso. Ha sido la labor de los juristas demócratas y, en mi caso, del doctor Luis Carlos Bonilla. Pero también de las personalidades democráticas que testimoniaron en todos los casos y dieron ejemplo de valentía, de rectitud, civismo y solidaridad. A todos ellos cabe un caluroso reconocimiento.
