Cuba, Brasil, Argentina y Venezuela están en la mira de una nueva oleada injerencista de la administración Trump, que amenaza con sanciones, aranceles y garrote a quienes no se plieguen a sus condicionamientos
Alberto Acevedo
El presidente Gustavo Petro rechazó la injerencia de Estados Unidos e instó a Washington a no opinar sobre las decisiones que adopte la administración colombiana de Justica en forma soberana ni ‘entrometerse’ en los asuntos internos del país suramericano.
“Le solicito a la embajada de EE. UU. en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país”, reclamó Petro en su cuenta de X, en respuesta a un mensaje emitido por la sede diplomática estadounidense en Bogotá, que reproduce palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, tras el fallo judicial emitido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según Rubio, “el único crimen del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”. El diplomático estadounidense señaló que la condena contra el exmandatario es una “instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales”, que ahora “ha establecido un precedente preocupante”.
A estas declaraciones, Petro respondió que en Colombia decenas de jueces, magistrados y fiscales “han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico”, así como por su combate contra “las relaciones del narcotráfico y el Estado colombiano”.
Vulnera la soberanía
“Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a EE. UU. para que, ahora, el Gobierno de EE. UU. venga a irrespetarla”, puntualizó Gustavo Petro y llamó también a “las asociaciones de jueces y trabajadores del poder judicial de EE. UU.” a “solidarizarse con la justicia colombiana”, que hoy es “agredida por un Gobierno extranjero”.
Así mismo, el mandatario colombiano respaldó el mensaje de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien declaró que Bogotá rechaza las declaraciones de Rubio y denunció que “su intromisión en asuntos judiciales colombianos” vulnera la soberanía nacional “y desconoce la independencia de la Justicia”.
Otras expresiones injerencistas se dieron en forma simultánea. El expresidente Iván Duque, el “ahijado político” de Uribe, afirmó que un grupo de expresidentes, miembros de los think tanks neoliberales Idea y Libertad y Democracia, han pedido la supervisión internacional ante las ‘graves irregularidades’ cometidas en el proceso contra Uribe.
Complot desde adentro
El octogenario excanciller Álvaro Leyva se habría reunido en secreto, a principios de este año, con operadores republicanos en Estados Unidos, incluyendo consultores ligados al círculo político de Donald Trump, a quienes habría pedido apoyo para la destitución de Gustavo Petro, incluso con la participación de carteles criminales que los Estados Unidos pueden controlar, como el Clan del Golfo, la más grande organización narcotraficante de Colombia, responsable de una ola de violencia, extorsiones y homicidios en todo el país.
Leyva también dijo contar con el apoyo de importantes líderes empresariales, involucró a la vicepresidenta Francia Márquez y pidió expresamente a Estados Unidos jugar un papel clave en la ‘transición’: un esquema recurrente en América Latina, especialmente en Colombia, mensaje que prendió las alarmas entre las fuerzas de izquierda.
El incidente frente al fallo judicial contra Uribe es apenas el último eslabón de una cadena de actos intervencionistas de la administración Trump en los asuntos internos colombianos. Ha metido sus narices en el tipo de relaciones que Bogotá tiene con Israel, en los negocios de la compra de aviones para renovar la flotilla aérea de las fuerzas armadas colombianas, en la vinculación del país suramericano al bloque de los BRICS, entre otros asuntos.
Por todo el continente
Este tipo de rifirrafes no son solamente con Colombia. Asistimos a una renovada ofensiva neocolonial por parte de la actual administración norteamericana, que confunde la idea programática de ‘hacer grande a América otra vez’ con la vieja pretensión de que Latinoamérica sea ‘patio trasero’ de la gran potencia.
Tal vez el caso más emblemático en la actual coyuntura es el de Argentina, donde Washington acaba de nombrar embajador a Peter Lamelas, un renegado cubano que se convirtió en multimillonario y servidor incondicional de la política del actual mandatario norteamericano.
Lamelas hizo campaña pública en favor de Javier Milei en últimos comicios argentinos. Atacó a Cristina Fernández de Kirchner, criticó los acuerdos con China, metió sus narices en el proceso de juzgamiento del caso AMIA, que investiga un atentado contra la comunidad judía en Buenos Aires, y ahora anuncia que recorrerá el país haciendo proselitismo injerencista, para buscar acuerdos económicos con los gobernadores, y desconocer los necesarios protocolos con el gobierno central.
Repudio general
Es decir, además de ser un ‘gusano’ cubano, como lo denominan en Argentina, pretende erigirse como ‘virrey’, para ejecutar las disposiciones de la Casa Blanca, sin importar normas constitucionales, respeto al poder judicial, al poder legislativo o cosa que se le parezca. Esta actitud, desde luego, ha provocado encendidas protestas y el rechazo de amplios sectores de la sociedad gaucha.
“Una de mis funciones como embajador será viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobernadores”, dijo Lamelas con gran desfachatez. Esto le valió el rechazo de mandatarios como Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Sergio Ziliotto, de La Pampa.
En un episodio que guarda similitudes con el caso Uribe en Colombia, la administración Trump se ha trenzado en una disputa con el gobierno progresista de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, porque el Tribunal Supremo de Justicia de ese país adelanta un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, por su eventual participación en una intentona de golpe de Estado contra el actual mandatario.
Nuevo orden trumpista
A Trump no le gusta que sus amigos ─como Bolsonaro, Álvaro Uribe o Netanyahu─ sean juzgados por la justicia. Tampoco ve con buenos ojos que Brasil se acerque a los BRICS o que establezca acuerdos comerciales con Rusia, China y la India.
Desde esta perspectiva, acaba de alertar a los grandes empresarios del mundo para que no comercien con empresas de capital mexicano o ruso. Ha redoblado sanciones contra Cuba, incluyendo restricciones personales al presidente Miguel Díaz-Canel. Mete las narices en la disputa que Venezuela adelanta por recuperar el territorio del Esequibo, que históricamente le ha pertenecido. Además, busca imponer su santa voluntad en el manejo, hasta ahora soberano, de la administración del canal de Panamá. Esta nueva hegemonía gringa ha despertado un repudio generalizado, aun dentro de fuerzas progresistas y sensatas de Norteamérica.
