Simón Palacio
La rectora del control fiscal en el país está en aprietos. Son varios los cuestionamientos que sobre la contralora general Sandra Morelli Rico, se le han formulado a través de columnas de opinión de los reconocidos periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. La función pública otorgada por la Constitución a la Contraloría es la de velar por el control y vigilancia de los dineros públicos a través de las 31 gerencias departamentales y casi una docena de contralorías delegadas por sector. Además de investigar a los funcionarios públicos por su gestión y resultados.
Curiosamente, quien tiene en su competencia investigar es hoy sujeta de una próxima investigación a cargo de la Auditoría General de la República. Entidad encargada de vigilar a la Contraloría y ésta a su vez hacerlo a la Auditoría. Un control de doble vía que, para muchos analistas, no es fructífero.
No obstante, fuentes cercanas a la Auditoría le confirmaron a VOZ que ya está en curso una indagación preliminar contra Sandra Morelli Rico, por serios cuestionamientos a la contratación de la entidad bajo su mando. Las denuncias también reposan en la Fiscalía General de la Nación de la que aún no se conoce pronunciamiento alguno.
Tres son los pilares de la indagación contra Morelli. De una parte, los cuantiosos gastos generados por el traslado de las oficinas de la Contraloría General del centro de Bogotá al centro comercial Gran Estación al occidente de la capital. El traslado, dijo en su momento la contralora, sería provisional a causa de las fallas estructurales que presentaba el edificio ubicado en la carrera 10 con calle 17. Dicho contrato de arrendamiento suscrito por $2.515’982.464 mensuales, con un agravante y es la cláusula de permanencia pactada por 10 años cuando la contralora manifestó que su traslado sería parcial de uno a dos años.
Y como si fuera poco, VOZ conoció que las inspecciones al edificio de la Contraloría en el centro de la ciudad arrojaron un concepto diferente al que argumentó Sandra Morelli para el traslado. De hecho al edificio llegaría un nuevo inquilino, la Fiscalía General de la Nación, suponiendo que sí hay garantías suficientes en la estructura física del edificio para soportar la función administrativa del control fiscal.
Otro de los cuestionamientos que serían investigados por la Auditoría son los desplazamientos de la contralora en aeronaves de la Policía Nacional luego de firmado un convenio interinstitucional. El convenio que se ejecutó a lo largo del 2012 sirvió para efectuar 35 desplazamientos de la contralora y la cúpula de la institución. Lo curioso son los destinos a los cuales viajó la alta dirección del control fiscal colombiano: Cartagena, Santa Marta, Pereira, Valledupar y Girardot fueron algunos de los destinos varias veces visitados. ¿Pero cuál fue la razón de seguridad que alegó Morelli para suscribir un convenio para sus desplazamientos? Esa pregunta deberá ser resulta en las instancias administrativas.
Mientras tanto, los analistas recuerdan que los últimos contralores han tenido cada uno actos extrovertidos a costa del erario. Turbay Quintero, el predecesor de Morelli, en 2008 compró una camioneta por un valor de 254.246.000 pesos, con algunas suntuosidades como un televisor LCD de 32 pulgadas, nevera portátil, sistema Home Theatre con Mp3 y otros lujos que de poco sirven para la función constitucional de la Contraloría.
Y como si fuera poco, una presunta irregularidad en la contratación directa de la Contraloría podría revelarse en una nómina paralela al servicio político de la institución. En el primer año de gestión de Morelli se firmaron 526 contratos de prestación de servicios profesionales, cifras que llegaron a un monto de 527.682’748.494 pesos. Entre esos 123 contratos de asesoría jurídica que le costaron al país 198.908’781.517 pesos. Semejante presupuesto se repitió en 2012 con 593 contratos del mismo tipo a un costo de 41.156’131.063 pesos.
Sumas bastantes controvertibles si se tiene en cuenta que el pasado 28 de febrero se conoció la cifra del presunto detrimento patrimonial de 2012 en 6.1 billones de pesos. Es decir, los dineros públicos se esfumaron sin que la Contraloría pudiera actuar.
Se espera la respuesta de la Contraloría a todos los cuestionamientos.
