Nelcy Contreras
Históricamente se conoce que desde los años 1920 Manaure ha provisionado al país, de sal industrial, alcanzando a producir aproximadamente un millón de toneladas al año. El gobierno nacional ha dado a particulares su administración, desde tiempos muy remotos, es el caso del gobierno de España que en el año 1777 según la historiadora María M Aguilera Díaz le otorgaron las minas de Manaure.
La etnia indígena más grande de Colombia los Wayuu ha sostenido una lucha ancestral exigiendo los derechos de propiedad de los terrenos de las salinas que históricamente le pertenecen; además exigen una compensación por los daños que esta explotación ha ocasionado al medio ambiente.
La sal se obtiene a través del método de evaporización solar, este procedimiento se realiza con el tratamiento del agua del mar que es llevado a las charcas para su sedimentación, donde el agua salada se concentra y se convierte en cloruro de sodio, seguidamente se cristaliza produciendo una sal de alta pureza.
La explotación de sal se realiza de dos maneras: mecanizado y manual. En el primero, la obtención de sal se hace con un procesos de concentración, cristalización, recolección, transporte, lavado y arrume. En el segundo, los protagonistas son los indígenas. Allí los indígenas se abastecen para su consumo y comercialización llamado trueque. Cuando la empresa IFI Concesión Salinas amplio su radio de acción los perjudico notablemente y para compensarlos les entregaron unas charcas de nombre Shorschima y Manaure.
En los años 90 las luchas de los Wayuu se intensificaron obligando al gobierno a negociar y fue así como en julio de 1991 se pactaron acuerdos como: el reconocimiento estatal del territorio y derechos del pueblo indígena, el compromiso de reorganizar la cosecha indígena de las charcas de Shorchimona y Manaure para mejorar la producción y condiciones de trabajo y la creación de una sociedad de economía mixta donde la comunidad Wayuu participaría en el manejo y gestión de la empresa como dueños del 25% de las acciones.
Lamentablemente se incumplieron y los indígenas radicaron una tutela en el año 1994, sentencia que salió favorable y obligo al Estado a la creación de una sociedad de economía mixta denominada Sociedad Salinas de Manaure, SAMA, la cual dependería del Ministerio de Desarrollo Económico, pero esta no se podido constituir por desacuerdos entre el gobierno y las autoridades indígenas.
En el gobierno de Uribe Vélez se realizó otro proceso de concertación para revivir el acuerdo de la creación de SAMA, a través de la ley 773 de 2002 con una nueva redistribución, pero tampoco se avanzó. Toda esta problemática ha estancado el progreso y la modernización de las salinas y no ha posibilitado inversiones en cuanto a equipos e infraestructuras.
Aunque el gobierno del cambio es el que mas ha aportado a la justicia social en nuestro territorio, hay problemáticas por resolver como devolverles a sus dueños históricos las salinas de Manaure
