“Esto se configura como un incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas de la región de Putumayo, Nariño y parte del Cauca”.
Hernán Durango
Andrea Alvis Lora, integrante de la Red de Defensores de Derechos Humanos del departamento del Putumayo, denunció que, desde que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales autorizó el uso del glifosato en las fumigaciones manuales dentro de las operaciones para erradicación de cultivos ilícitos en el Putumayo, se han agudizado los conflictos sociales con miles de campesinos de la región que plantean programas concertados de sustitución.
“Esto se configura como un incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas de la región de Putumayo, Nariño y parte del Cauca. La mesa de trabajo con cuatro comisiones presenta incumplimientos de fondo, lo que agrava la situación y ha originado que miles de campesinos de diferentes municipios del departamento de Putumayo mantengan concentraciones pacificas en varios sectores”, indica Andrea Alvis.
Según la defensora de derechos humanos y acompañante de los labriegos, las problemáticas de esas operaciones de erradicación han creado violaciones de derechos humanos. Además hay problemas como falta de agua potable en la mitad de territorio.
“Por todos esos incumplimientos oficiales las comunidades decidieron movilizarse a los cascos urbanos de las principales poblaciones. Son acciones pacíficas, unitarias y para hacer ejercicio de pedagogía popular y abrazar la propuesta del sí a la paz con justicia social”, asegura.
Andrea Alvis asegura que se requiere que desde el Gobierno nacional se asuma una posición de diálogo para buscar acuerdos ante este conflicto social. “Hacemos un llamado a la comunidad nacional y mundial para que brinden solidaridad y visibilicen este conflicto del Putumayo usando la etiqueta #ElGlifosatoMata en las redes sociales”.
