Denuncian mala administración y buscan transición energética justa
Redacción Laboral
Una manifestación el 21 de marzo, con bloqueo de la vía Tunja – Duitama, frente a las tres unidades de generación de energía de Gensa Termopaipa, es la manera desesperada que encontró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Electricidad, Sintraelecol, seccional Paipa, para que sean atendidas sus exigencias.
No es un conflicto nuevo. En 2005, el Gobierno nacional entregó las plantas 1, 2 y 3 a Gestión Energética S.A. ESP, empresa pública radicada en Manizales, quien -según el sindicato- en ese año no tenía experiencia en generación térmica ni venta de energía.
Y, desde hace 7 años, Gensa ha venido abandonando a la empresa al no invertir en mantenimientos ni en compra de repuestos para equipos fuera de servicio e indispensables en la generación, comenta el presidente de Sintraelecol, seccional Paipa, Pedro Antonio Rojas Villamil.
Irregularidades
“Mantuvo trabajando las plantas 24/7, y no es porque el sistema eléctrico lo requiera, no, durante el Fenómeno de El Niño sí, pero después en Manizales vendieron energía en bolsa a 300 mil pesos, y hubo días en que la energía estuvo cerca de 2 millones y medio. Y como no generaron y tienen que cumplir con los contratos, les tocó compararla a 2 millones y medio para venderla a 300 mil”, explicó el dirigente obrero.
Además, el sindicato dice que el Departamento Nacional de Planeación le aprobó un proyecto de torres de enfriamiento por 62 mil millones de pesos, de los cuales les han entregado alrededor del 75% y el avance de la obra es del 15%. La obra está abandonada.
Transición energética
Otra de los asuntos es que, en el contexto de la transición energética, se ha dicho que, para mayo de 2026, la Unidad 1 estará fuera de servicio; decisión que deja dos cuestionamientos: que en 2017 le invirtieron cerca de 15 millones de dólares para repotenciarla y que los recursos que recibe Gensa los está invirtiendo en Caldas y el cierre dejará a Boyacá, a su población minera y a los trabajadores con grandes problemas sociales.
“Gensa no ha invertido los recursos necesarios para mitigar el impacto al medio ambiente. Y, el Estado les dio $200.243.885.036 por cargo por confiabilidad entre 2019 y 2023, para compra de carbón, mantenimiento de equipos y nómina, y no vemos dónde están invertidos”, cuestiona el líder sindical.
Por todo lo anterior, los trabajadores y las comunidades exigen que la administración de la empresa regrese a manos de Boyacá y que la riqueza generada sea invertida en este departamento.
