Luydomin Atencia
El hecho medido oficialmente y mostrado por el presidente Petro en su alocución, evidencia que desde 2016 a 2021 fue el periodo de menos violencia en Colombia. Detrás de esta cifra está el impacto benéfico y humanista de haber pactado la paz entre la guerrilla más grande y antigua de ese momento, las FARC – EP y el Estado colombiano con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se demuestra una vez más que la solución política negociada y dialogada es la vía adecuada, menos costosa en términos humanos, económicos y de mayor impacto en la convivencia de los y las colombianas.
Claro, la oposición de derecha dirá que también entre 2002 y 2010 los dos gobiernos del imputado expresidente Álvaro Uribe y su seguridad democrática y el inicio del de Juan Manuel Santos bajaron las cifras ostensiblemente. Aunque no se llega a los bajos niveles de después de 2016, es cierto, pero ¿a qué costo? El Plan Patriota fue una estrategia de tierra arrasada en medio del cual la distinción que hace el Derecho Internacional Humanitario, DIH, entre combatientes y civiles desarmados no combatientes, desapreció.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y otras entidades, entre 2002 y 2008 se registraron más de 10 mil casos de desaparición forzada, un alto porcentaje atribuibles a paramilitares y agentes del Estado. Se desarrolló en este periodo la macabra táctica de guerra, denominada popularmente falsos positivos, pero catalogada en el DIH como ejecuciones extrajudiciales. 6402 jóvenes asesinados por militares del Estado. Todas estas estadísticas no aparecen en el cuadro que mostró el presidente Petro. Por ello, no son comparables las tendencias de disminución.
Es discutible la tesis del presidente que “Para acabar la guerra hay que hacer la guerra, pero también ofrecer la paz. Popularmente se le conoce como garrote y zanahoria”. Una cosa es la acción del Estado contra la criminalidad, el accionar de la inteligencia, el desmantelamiento de estructuras y captura de cabecillas, la acción de la contrainteligencia para desarticular connivencias entre agentes del Estado, criminalidad y grupos armados; y otra cosa muy distinta es una estrategia de tierra arrasada, con bombardeos, otra cosa es la militarización invasiva de los territorios, otra cosa es la utilización de bienes civiles como escuelas, acueductos, iglesias y salones comunales como campamentos de guerra.
De 2021 a 2024, sube la tendencia. Es cierto, la decisión de Iván Duque y el uribismo de hacer trizas la paz y el entrampamiento por parte de la Fiscalía, a finales del gobierno Santos, a excombatientes reincorporados, da comienzo a un nuevo ciclo de tendencia en la violencia del país.
El Gobierno del Cambio no ha logrado bajar de allí para llegar a los niveles de 2018 -2021. ¿Por qué? Una hipótesis: la solución política negociada y dialogada no supera la dinámica de la guerra por parte del Estado, es decir, la zanahoria no supera al garrote.
