Fumigaciones y paz: “La solución debe ser concertada”

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Las organizaciones sociales cuentan con un plan conformado desde las regiones para enfrentar las problemáticas que agudizan el conflicto social del país, derivadas de las fumigaciones y erradicaciones violentas, que atentan contra la vida, la dignidad y permanencia en el territorio.

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Oficina de Prensa de Marcha Patriótica

Más de 30 delegados de las regiones donde hay presencia de cultivos de coca, marihuana y amapola como Putumayo, Arauca, Catatumbo, Guaviare, Meta y la Costa Pacífica, participaron el jueves 14 de mayo de un encuentro junto a varios académicos para establecer en términos sociales, ambientales y de salud los daños causados por la fumigación con glifosato.

Al final de la jornada, se realizaron las propuestas de sustitución gradual, que serán presentadas ante el presidente Juan Manuel Santos, con lo que se busca demostrar al país que las organizaciones sociales cuentan con un plan conformado desde las regiones para enfrentar las problemáticas que agudizan el conflicto social del país, derivadas de las fumigaciones y erradicaciones violentas, que atentan contra la vida, la dignidad y permanencia en el territorio. “Que el Gobierno compre la cosecha, dando un periodo de tiempo que permita establecer los planes de desarrollo que la gente ya tiene, con tiempos de cumplimiento e implementación. El 85% de las comunidades estaría en esa disposición”, señaló Andrés Gil, de la ACVC y vocero nacional de Marcha Patriótica.

Paralelamente, en el marco de la resurrección de esta problemática, la Comisión Nacional de Estupefacientes también sostuvo conversaciones que concluyeron en la suspensión solo del uso de glifosato, mas no de las fumigaciones. “El Consejo, por mayoría, ha decidido suspender las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos”, pero dicha decisión se hará efectiva sólo cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “revoque o suspenda” el plan de manejo ambiental que cobija o permite la aspersión con glifosato en el país.

Propuestas elaboradas colectivamente por las comunidades

1. Programa de sustitución gradual, social, concertada, estructural y ambiental de los usos ilícitos de la coca, marihuana y amapola para desarrollarse en las regiones durante 10 años.

2. Los planes de desarrollo sostenibles, ambientales e integrales deben ser la base para la sustitución.

3. Que el Gobierno compre la cosecha de coca, marihuana y amapola, mientras se adelanta la sustitución gradual y se detiene el uso derivado de estas plantas.

4. Desjudicialización de los campesinos cultivadores y recolectores de la hoja de coca, marihuana y amapola.

5. Suspensión inmediata del uso del glifosato y cualquier otro químico que afecte no solo los cultivos, sino también el medio ambiente y la vida humana.

También se realizará una constituyente de cultivadores y recolectores de la hoja de coca, marihuana y amapola el próximo 4 y 5 de julio en Mocoa (Putumayo), donde se articularan más propuestas que den salida a la crisis que viven las comunidades que dependen para vivir de estos cultivos, y se recabarán todas las denuncias y pruebas de las afectaciones por el glifosato que el Gobierno ha desconocido durante estos 40 años.

“La solución tiene que ser concertada con las organizaciones campesinas, sociales y la comunidad”, aseguró el académico Felipe Tascón.

¿A quién benefician las fumigaciones? Además de la cuestión de corrupción en términos de que son grandes contratos de compra para el veneno, las avionetas, los pilotos, entre otro, y que la fumigación es uno de los factores de desplazamiento, los beneficiarios de esto son también los terratenientes. Esa gente que es aficionada a acumular tierra son los primeros que se oponen a la suspensión. Esta es una guerra diseñada para no ganarla y para controlar la producción y de esa manera controlar la oferta, lo que permite que el precio tenga los niveles que ellos quieren y lo que genera el narcotráfico. Es un mecanismo económico: reducir la demanda y mantenerla prohibida controla la oferta y por ende los precios.

“Así sea inocente, el campesino acepta los cargos con tal que no le metan un carcelazo de 12 años o más”, expuso el académico Darío González.

En el seminario se planteó el enfoque de garantía de derechos para los cultivadores. La sociedad colombiana tiene que dejar de pensar en que son criminales, delincuentes o narcotraficantes. Un análisis sobre la despenalización y descriminalización de estos cultivadores es lo esencial para no caer sólo en la discusión de las sustancias químicas. Por esto, se amenaza a una persona con 12 años de prisión y se le dice que acepte cargos para reducir la pena, y así sea inocente el campesino acepta el chantaje, teniendo que sufrir condiciones muy lamentables de hacinamiento y enfermedades en las cárceles.

Luz Perly Córdoba, vocera de la MIA nacional región Arauca, recalcó que por el hecho de sembrar o recolectar coca, marihuana o amapola, las comunidades no son delincuentes y menos narcotraficantes, pero esta estigmatización los ha llevado a la exclusión por parte del Estado en muchas regiones del país, envenenando los campos colombianos desde hace más de cuatro décadas.

“Por un lado se habla de paz, pero por otro envenenan los campos”

El campesino siempre ha tenido la voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, pero ha sido el Estado el que no ha querido acabar con ese problema. En Putumayo se han hecho negociaciones con el Gobierno desde el año 2014, estableciendo acuerdos de elaboración de un programa de sustitución de cultivos en conjunto con las comunidades. Sin embargo, el 11 y 12 de mayo se realizaron fumigaciones en los municipios de Villa Garzón y Puerto Guzmán.

Por eso, la comunidad hizo un llamado al Gobierno para que se de cuenta de que no está fumigando solamente los cultivos de coca, si no los de pancoger. ¿Sustituir sí paga? Las comunidades aún están esperando condiciones de calidad de vida. “Son críticas también la represión y amenazas, no hay garantías para seguir negociando”, expresó Aquileo Mosquera, representante de la mesa regional de organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes.

Las comunidades denunciaron violaciones a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Por un lado se habla de paz, pero por otro envenenan los campos, siguen estigmatizando, judicializando. “Debido a la transnacionalización de los territorios, todo está entregado a las petroleras. Por movilizarnos frente a esta situación, el pasado 7 de mayo en Orito sufrimos un ataque con 15 hombres que ametrallaron a la población indígena”, denunció Óscar Pizo, representante legal del pueblo nasa.

En Guaviare se han trabajado varias propuestas y concertaciones con el Gobierno, pero se les ha obligado a usar semillas transgénicas, a lo que la comunidad ha respondido que seguirán trabajando con sus semillas nativas y en sus territorios, exigiendo que no haya fumigaciones ni bombardeos indiscriminados. Existen 35 mil demandas en todo el país y hasta ahora no ha surgido ni la primera. “Nosotros estamos todos los días en el campo, a nuestros hijos les han salido brotes, hemos sufrido enfermedades, nos están sacando de los territorios”, subrayó Cindy Pinilla, de la MIA y Marcha Patriótica.

La situación en la Costa Pacífica también ha sido muy grave. El Gobierno hizo erradicación manual de más de 1.200 hectáreas de coca. La sorpresa fue que después de haber arrancado los cultivos, la comunidad está en la máxima pobreza y discriminación. “La erradicación manual no es una alternativa sino una presión que les metieron a las comunidades, quienes emigran a las ciudades porque no tienen de qué vivir”, declaró Rubén Cortés, representante nacional de Conafro.