Yira Castro
Delegación de Paz de las FARC
Hoy, a la entrada del Palacio de Convenciones, el comandante Marco León Calarcá reiteró la necesidad de tener a Simón Trinidad en la mesa de conversaciones.
Cabe recordar que ya las conversaciones entre FARC-EP y gobierno están próximas a cumplir un año, en que la insurgencia nunca ha dejado de insistir en la necesidad de tener a Simón Trinidad presente en estos diálogos. Sabemos que la presencia de nuestro camarada no es algo imposible de realizar; se requiere de la voluntad del gobierno estadounidense, quien, las FARC-EP considera, desde siempre ha impulsado la guerra en Colombia, ¿por qué no la paz?
Luego, abrió el espacio para que los periodistas hicieran una o dos preguntas.
“Ayer Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, envió un mensaje a los empresarios en Colombia pidiéndoles mayor vinculación con el proceso de paz y sobre todo pensando en un futuro, en cómo vincularlos a ustedes al sector productivo. ¿Cómo ven eso?”.
El comandante dejó en claro que las FARC-EP están optimistas, que vamos por buen camino. Calificó de importantes y positivas las declaraciones del señor Humberto de la Calle, en el sentido de que subraya la importancia de que la sociedad en su conjunto rodee el proceso de paz.
Las FARC-EP, como se sabe, hemos estado haciendo énfasis en que todo el pueblo colombiano debe participar, apoyar, opinar y rodear el proceso de paz, y las declaraciones de Humberto de la Calle son un claro indicio de que el gobierno está llegando a la misma conclusión.
La segunda pregunta fue sobre la Corte Constitucional que tumbó el fuero militar. Calarcá fue contundente al respecto:
“La Corte Constitucional no tumbó el fuero militar, tumbó la ampliación al fuero militar, el fuero está ahí. Cualquier delito o violación flagrante que se presente debe ser juzgado por la Justicia porque no tiene nada que ver con el servicio, esa es la esencia de la discusión”.
El fuero militar, no solo por las FARC-EP, sino por la comunidad internacional, entre otros la ONU, ha sido calificada como una clara intención de parte del Estado colombiano para que los miles de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares del Estado queden en la impunidad.
