Poner en cintura a empresarios que evaden la normatividad laboral y maltratan a su personal, es una responsabilidad del Estado y las organizaciones sindicales
Redacción Laboral
Noventa y nueve tiendas, que incluyen supermercados, supertiendas, droguerías y cuatro centros de distribución, de la firma Olímpica en todo el país fueron inspeccionados sin previo aviso por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo.
La entidad estatal informó que el objetivo fue la verificación del cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de contratación, además, evaluar las condiciones del ambiente psicosocial y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras.
En informe presentado el mes pasado, la cartera laboral dijo que hay una presunta estructura de intermediación laboral ilegal en la que, entre otras irregularidades, solo un 10% del personal está contratado directamente con la empresa a término indefinido. El restante, lo está a través de un conglomerado de empresas, lo que podría configurarse como una forma de evadir la responsabilidad patronal.
“Confusión de empleadores: En Risaralda, se detectó una compleja estructura de ‘holding empresarial’. Aunque las tiendas operan bajo la marca Olímpica, toda la documentación y gestión de personal es manejada por Incopac S.A.S.”, dice el informe del Ministerio.
Seguridad e infraestructura
También fue detectado que predominan los contratos por obra o labor, una modalidad que no corresponde con la naturaleza de las funciones de un supermercado, y jornadas de hasta 10 horas con media de almuerzo. “No hay claridad ni evidencia sobre el correcto reconocimiento y pago de horas extras y su debida compensación en tiempo”, comenta el informe.
En relación con condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se detectó que hay fallas en su sistema de gestión, ausencia de brigadas de emergencia, los puestos de trabajo no son ergonómicos, la dotación es incompleta, los mecanismos de participación son ineficaces y falta capacitación.
Acerca de las condiciones de infraestructura, se encuentra que no existen comedores y donde los hay carecen de sillas y mesas adecuadas, hay humedad en paredes, pisos resbaladizos, refrigeradores en mal estado, cableado expuesto en áreas de venta y ninguna de las tiendas cuenta con sala de lactancia.
Conclusiones del informe
Las formas de contratación, al parecer están diseñadas para fragmentar la plantilla y evadir las responsabilidades directas de Olímpica como empleador; las deficiencias críticas en ergonomía, infraestructura y seguridad son un peligro latente para la integridad física y salud de los trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, hay abandono de los mecanismos de prevención, falta de capacitación y ausencia de brigadas y desconocimiento de los protocolos de emergencia.
Para el Ministerio es evidente un patrón de precarización laboral porque las irregularidades no son hechos aislados, sino que configuran un comportamiento sistemático en la operación de Tiendas Olímpica en todo el país, por lo tanto, se requiere sanción.
Inmediatamente salió el informe del Ministerio, la firma emitió una comunicación en la que, entre otras cosas, saludó la inspección y mostró disposición de tener espacios de conversación institucional.
“En Olímpica S.A., priorizamos el bienestar de nuestros miles de trabajadoras y trabajadores. Hemos implementado de forma oportuna las disposiciones de la reciente reforma laboral, incluyendo la reducción de la jornada, y reforzado nuestros protocolos de salud y seguridad para colaboradores, proveedores y contratistas”.
Es necesario anotar que esta firma no es la única que ha tenido visitas del Ministerio, empresas como Andrés Carne de Res y otras del ámbito regional, han sido inspeccionadas por denuncias de sus trabajadores. En el restaurante hubo hallazgos como riesgos eléctricos y por alta temperatura, falta de la batería de riesgo psicosocial y deficiencia en la ventilación en la cocina principal.
Primeros resultados
De la misma manera, expresó que con 72 años de trayectoria reiteran su compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y la promoción de buenas prácticas en sus procesos. “Olímpica S.A. es una compañía que cree en el diálogo, cumple las normas laborales y cuida a su gente, mujeres y hombres que con esfuerzo y dedicación impulsan el crecimiento y desarrollo del país”.
Una de las reuniones entre el Ministerio y la firma se dio el pasado 16 de septiembre y en esta la gerente nacional de Supertiendas Olímpica S.A., Aída Vélez, expresó: “Tenemos la disposición de trabajar de la mano con ustedes y seguir los lineamientos que nos indiquen y por supuesto, construir un plan de mejora”.
Agregó que atendiendo las recomendaciones de los inspectores del Ministerio ya realizaron adecuaciones locativas, reparación de humedades y riesgos eléctricos, así como suministro de sillas ergonómicas y el acomodamiento de 13 salas de lactancia.
Para el abogado laboralista, Nicolás Escandón, estas irregularidades no son nuevas y están contempladas en la normatividad desde la Ley 1429 de 2010; en el Artículo 63, en las que se establecieron prohibiciones a ese tipo de intermediaciones laborales ilegales.
Responsabilidad sindical
Con estos casos y teniendo en cuenta la entrada en vigencia de una nueva normatividad laboral, Escandón asegura que hay que fortalecer el control: “La inspección en el trabajo es una obligación del Estado, debe mejorarse y creo que lo que está teniendo el Ministerio del Trabajo en este momento es una disposición de identificar patrones y sancionar conductas que puedan ser constitutivas de intermediación laboral ilegal, o de tercerización ilegal”.
Agrega que es importante que los procesos organizativos que acompañan la presentación de querellas ante el Ministerio, continúen exigiendo el cumplimiento específico de los plazos que establece la ley para que haya resultados: “La única forma de disuadir la comisión de esas conductas es con sanciones ejemplares que permitan proteger derechos de los trabajadores”.
El jurista es enfático al afirmar que al Estado le falta mucho más personal para hacer vigilancia, control e inspección a las empresas en todo el país -recomendación de organismos internacionales-, no solamente con personal, sino con herramientas técnicas que permitan garantizar eficacia en las investigaciones.
Estas medidas deben sumarse a las políticas que ha promovido el actual Gobierno, relacionadas con el trabajo decente, obviamente, acompañadas de organizaciones sindicales que exijan u obliguen a los empresarios a adaptarse a cumplir condiciones de dignidad laboral.
