El alcalde Carlos Fernando Galán privilegia la urbanización anárquica en detrimento del medio ambiente, en cambio, la ciudadanía, a través de procesos pedagógicos, se organiza para preservar las mínimas condiciones de habitabilidad de sus territorios
Alejandra Cárdenas (*)
La reciente controversia entre el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá no es un simple desacuerdo técnico o administrativo. En realidad, es la expresión de una contradicción inherente al capitalismo: la imposibilidad de reconciliar la acumulación privada con la sostenibilidad ecológica.
Mientras el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, intenta ─con todas las limitaciones que se han impuesto a las reformas─ establecer una regulación ambiental, el alcalde Carlos Fernando Galán defiende los intereses del urbanismo depredador y la mercantilización del territorio en Bogotá. Detrás de este pulso se esconde una lucha de clases disfrazada de debate técnico.
La resolución
Los lineamientos del Ministerio de Ambiente, producto de 33 mesas de trabajo, buscan “garantizar el interés ecológico nacional” mediante determinantes ambientales que deben ser incorporadas en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT. Se dividen en cuatro zonas: áreas de especial importancia ambiental, rurales, urbanas y compatibles con la minería. A primera vista, parece un avance.
Sin embargo, Galán, representante de los intereses de la burguesía urbana, se escuda en la supuesta “falta de consulta” para proteger a los desarrolladores inmobiliarios y a los sectores que ven en la expansión urbana una fuente de ganancia. Según la Corporación Simbiosis (2025), su preocupación por “388 barrios afectados” no es del todo desinteresado, es la clara defensa de un POT que prioriza la especulación del suelo sobre la vida de sus ciudadanos.
Crisis hídrica en la ciudad
El capitalismo fracasa en la gestión de lo común. La sequía de los embalses, los incendios en los Cerros Orientales y la incertidumbre climática no son “fenómenos naturales”, sino consecuencias de un modelo que trata el agua como mercancía y no como derecho. El sistema Chingaza, diseñado bajo la ilusión de un clima estable, colapsa porque el capitalismo no planifica: explota. La dependencia de las lluvias amazónicas evidencia la vulnerabilidad de un sistema que privatiza los beneficios, pero socializa los riesgos.
Durante el tiempo en que se discutía en Bogotá si racionar el agua o no, las constructoras seguían ─y continúan─ edificando innumerables torres de apartamentos que consumen millones de litros del líquido en diversas zonas de la Sabana. El problema no es la “falta de conciencia ciudadana”, como insinúan algunos, sino la mercantilización de un bien común y colectivo.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en 2024, advirtió sobre la impredecibilidad climática, pero el Plan de Desarrollo de Galán (2024-2027) insiste en más concreto con la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO Norte, hasta la calle 153, el aval al Transmilenio por la carrera séptima y la extensión del Metro hasta la calle 100 y menos protección de los páramos y humedales.
La resistencia desde abajo
Frente a este panorama, surgen iniciativas como la de las niñas y niños del Colegio Bilbao, en la localidad de Suba, quienes, con sus pacas biodigestoras, demuestran que es posible construir una relación distinta con el territorio. Su pregunta central ─¿qué podemos hacer para que nuestro territorio sea más sano?─ es, en sí misma, un acto político: rechazan la ciudad como espacio de lucro y la reivindican como hogar colectivo.
Estas prácticas, aunque locales, son una semilla de la idea de lo comunal de los bienes, donde la naturaleza no es un “recurso”, sino la base material de la vida. Sin embargo, estas experiencias chocan con gobiernos que, aunque hablen de “sostenibilidad”, siguen subordinados al capital.
La extensión del plazo de consulta lograda por Galán mediante un derecho de petición no es solo una pelea legal: es la prueba de que la burguesía no cederá sus privilegios sin lucha. El ambientalismo liberal cree que con más regulaciones y una “participación ciudadana” se puede frenar el colapso, pero ignora que el capitalismo es incompatible con la justicia ambiental.
Lo que se debe plantear ─y que ha sido una bandera histórica de los movimientos sociales─ es, por un lado, la planificación crítica del territorio que garantice la participación incidente de la clase obrera y popular sobre el agua, el suelo y la energía. Por otro lado, avanzar en la desmercantilización de la vida: acceso al agua, transporte público ecológico y vivienda digna sin expandir la mancha urbana.
La Sabana de Bogotá se salvará con la movilización y las acciones de quienes, como las niñas y niños del colegio Bilbao, la habitan y la reconocen como parte fundamental de la existencia. Como escribió Marx en 1850: “Las revoluciones son las locomotoras de la historia’’.
* Docente, activista comunitaria, localidad de Suba, Bogotá
