Una seguidilla de hechos violentos contra la izquierda y el movimiento popular no es coincidencia. El ilegal allanamiento a la sede del PCC, el hostigamiento a la campaña política de la UP, y la judicialización y asesinato de miembros de Marcha Patriótica, demuestran la estrechez de la democracia colombiana. Crece persecución a la izquierda
Hernán Camacho
Había pasado una semana de la reunión entre la izquierda colombiana y Juan Manuel Santos, en la que esta le exigió garantías para su participación en política, cuando fue allanada de manera ilegal la sede del Partido Comunista Colombiano en Bogotá.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, en las primeras horas de la madrugada cuando varios policías de la Estación XIII, ingresaron por la fuerza a la sede y detuvieron arbitrariamente al portero de la misma, Omar Javier Bustos. Los agentes, cuyo actuar se encuentra registrado en el circuito de seguridad de la sede, condujeron a Bustos a la Estación de Policía de Teusaquillo y lo acusaron de porte ilegal de armas.
Los hechos
Allí recibió una golpiza que le dejó serias lesiones. Según el testimonio de la víctima la razón que condujo al maltrato oficial fue: “ser comunista”. El Juez 38 Penal Municipal con función y control de garantías, decidió no imponerle medida de aseguramiento, con base en la solicitud de la defensa y de la Fiscalía, y ordenó su libertad. En ese momento los mismo agentes que ingresaron de forma ilegal a la sede comunista intentaron romper la denominada boleta de libertad de Bustos, ante su propio abogado.
Cuatro días después de ocurridos y denunciados los hechos, se reportó desde la sede del Partido Comunista una amenaza de muerte en contra de la víctima mediante un sufragio. “No es coincidencia que pasen estos hechos. Es una evidente consecuencia de la acción política del PCC y la Unión Patriótica, por la paz”, le dijeron a VOZ, miembros de la dirección comunista en Bogotá.
Denuncias
El hecho se suma a la serie de denuncias hechas desde la dirección de la colectividad upeista en torno a amenazas, persecuciones y amedrentamientos oficiales a los candidatos de la UP en cuatro departamentos: Cesar, Guajira, Caquetá y Guaviare. Ante los hechos, la propia candidata presidencial por esa colectividad, Aída Avella, rechazó los hechos y exigió al General Rodolfo Palomino, investigar la conducta de sus hombres en la localidad de Teusaquillo, pero también otorgarle garantías reales en su ejercicio proselitista.
Pero los hombres de la Policía Nacional, hicieron caso omiso, pues el pasado 29 de enero, en la capital boyacense, no se permitió realizar las actividades programadas de los candidatos de la UP en las calles. La razón, una orden del Comando de Policía del municipio en donde se señalaba que se tenían prohibidas las manifestaciones masivas en la localidad.
“En Tunja sabotean acto. Por decisión del alcalde no se pueden hacer reuniones de más de cinco personas en la plaza de Bolívar”, dijo Carlos Lozano. Un hecho calificado de insólito pues una semana atrás allí mismo fue abucheado el candidato Álvaro Uribe en cuya comitiva tiene al menos trescientos hombres de su seguridad.
En el acto de Caquetá, en el municipio de la Unión Peneya, la situación fue similar, relató Carlos Lozano desde su cuenta en twitter. “De qué garantías habla el Gobierno, militares fotografiaron a participantes en acto electoral de UP en Unión Peneya”, y agregó “Unión Peneya está militarizada. Presencia de la tropa en el casco urbano pone en peligro a la población civil”.
Carta a Santos
El asunto es más de fondo. Tanto que el Secretario del Partido Comunista y candidato a la Cámara por la UP, Jaime Caicedo, le remitió una fuerte carta al jefe de Estado, advirtiendo la necesidad de ser coherente con su discurso ante la opinión: “No es coherente, que cuando el gobierno afirma que ofrece garantías a la oposición de izquierda en Colombia, sucedan hechos y hostigamientos comparables con los ya denunciados contra la sede y miembros de la UP en Arauquita y con las detenciones y amenazas a los dirigentes de Marcha Patriótica. Estos sucesos demuestran que el poder Ejecutivo no está ofreciendo las garantías que se requieren para el ejercicio de la democracia desde los sectores de la izquierda”.
A juicio de la senadora comunista Gloria Inés Ramírez, los avances en las conversaciones de paz provocan el recrudecimiento de los sabotajes: “por eso solicitamos adoptar medidas para conjurar cualquier atentado y proteger la vida e integridad de los amenazados, pero, por lo visto, poco o nada se ha hecho al respecto, con el agravante de que ahora se ha desatado, por la vía judicial, cacería de brujas contra la Marcha Patriótica”.
La judicialización
En este último caso de Marcha Patriótica son tres los dirigentes detenidos. Huber Ballesteros, vicepresidente de la central de trabajadores más importante en Colombia; Francisco Toloza, profesor universitario, encargado de las relaciones internacionales del movimiento; y Wilmar Madroñero. A estos nombres se les suma el de David Rabelo Crespo, defensor de derechos humanos en Barrancabermeja, miembro del comité Central del Partido Comunista y quien a causa de un montaje judicial está hoy condenado a 18 años de cárcel.
En eso coinciden analistas consultados por VOZ. “A ellos, los amos de la guerra, se les agota el tiempo y se les acaba el oxígeno que sostiene su discurso. Entre más se afiance un ambiente para la paz, mayor es el riesgo de cualquier acción criminal”. Y es que con los avances obtenidos a lo largo de 19 rondas de negociación, se llegó a puntos cruciales de acuerdo: desarrollo agrario integral y participación política. Aspectos nodales de un eventual acuerdo. La propia delegación de las FARC en La Habana, ha señalado en reiteradas ocasiones la importancia de los acuerdos a los que se ha llegado.
Garantía de no repetición
La sistemática persecución contra la Unión Patriótica y la Marcha Patriótica envía un pésimo mensaje a La Habana. De hecho, Iván Márquez, jefe de la delegación insurgente en Cuba, alertó sobre los 29 asesinatos perpetrados contra Marcha Patriótica en sus primeros tres años. “Queda claro que no habrá silencio por parte de las FARC-EP ante los desmanes del Estado y la actitud solapada del gobierno. Esa combinación que viene haciendo de, por un lado, judicializar y asesinar a todo el que esté en desacuerdo con su modelo, y por el otro hablar de democracia, está generando mucha desconfianza no solo en las FARC sino en todos quienes creen que la mejor salida es la política”.
Garantías se le denomina la no estigmatización, criminalización, señalamiento y judicialización del pensamiento crítico, así como garantías de seguridad colectiva para los partidos políticos y movimientos en oposición. Y por supuesto, un efectivo derecho a la movilización y a la protesta.
