El Gobierno trabaja desde la península guajira. El reto es resolver problemas como el difícil acceso al agua potable, combatir la pobreza extrema, mejorar el modelo de salud en la región, fortalecer la transición energética, entre otros asuntos. Al respecto, hablan dos líderes sociales del territorio
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Desde el lunes 26 de junio hasta el sábado 1 de julio, la sede oficial del Gobierno nacional es La Guajira. La inédita decisión busca atender las peticiones y necesidades de las comunidades más vulnerables que habitan esta región en el extremo norte del país.
También, el poder ejecutivo se propone dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales, “frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuú de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao”.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro fue enfático: “Esta semana de gobierno en La Guajira mostrará qué instituciones se quedan en la retórica, en donde están los obstáculos que deben ser removidos para cumplir con la sentencia constitucional (…) seremos audaces para lograr que La Guajira entre en una dinámica diferente, siempre con la participación de su sociedad, mayoritariamente indígena”.
Oportunidad
Asimismo, la presencia del Gobierno en el departamento tiene el propósito de declarar la emergencia económica y social, con la que se quiere prever los efectos negativos que traería el fenómeno de El Niño en la región. Al ser uno de los territorios más desiguales del país, con altos índices de pobreza y con alta tasa de mortalidad por desnutrición, entre otros problemas, la acción política del ejecutivo quiere saldar una deuda histórica y proteger a las comunidades.
Para el sociólogo y líder social del territorio, Luis Fernando Lobo, “La Guajira ha sufrido un rezago de siempre, que se manifiesta en la condición de desigualdad y exclusión social en la que vive la gran mayoría de nuestra gente. La decisión política de gobernar acá es una oportunidad de recomponer esa situación”.
Lobo identifica que la semana será clave porque va permitir construir desde la gente y los sectores populares un plan de acción para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. “La Guajira requiere prioridad por parte del Estado, es un asunto de vida o muerte”.
Por su parte, para Rubén Peña, líder social y presidente de la Unión Patriótica en el departamento, es fundamental la presencia del Gobierno en La Guajira. “El proyecto político que defendemos es un país de oportunidades, que termine con la exclusión social, que defienda la naturaleza y los bienes comunes de las comunidades. Paradójicamente, esta región vive en una situación contraria a ese proyecto”.
Peña identifica que La Guajira es el ejemplo vivo del modelo de desarrollo que se necesita cambiar. “El extractivismo concentra los recursos en las multinacionales y en las castas políticas que se quedan con las rentas. Mientras tanto, en nuestro departamento mueren literalmente niños y niñas de hambre. Por eso, hay que resolver problemas como el poco acceso al agua potable, garantizar la producción de alimentos y mejorar el sistema de salud”.
La emergencia económica y social
Los dos líderes sociales coinciden que es pertinente la declaratoria de emergencia económica y social. “En La Guajira se conjugan una serie de circunstancias, que derivan en una clase política que ha saqueado el territorio y que no tiene la capacidad de resolver los problemas que existen. Solo la declaratoria de emergencia puede sobrepasar las barreras institucionales”, dice Rubén Peña.
A renglón seguido, pone como ejemplo el modelo de salud y la gestión de las EPS: “Hoy gran parte de la población está afiliada, pero los niños siguen muriendo de hambre. Quitar esa ‘talanquera’ implica tomar decisiones para que pueda primar la vida”.
Por otro lado, Luis Fernando Lobo hace énfasis en el acceso al agua potable y la alimentación. Para el líder social, “La Guajira necesita de medidas urgentes que se puedan ejecutar. Hay una cifra escalofriante que sustenta lo dicho. Tan solo el 22% de la población rural tiene cobertura de agua para el consumo”.
Sobre el problema del hambre, Lobo se muestra esperanzando con la posibilidad que el Gobierno nacional asuma responsabilidades en garantizar y aumentar la cobertura en los programas de alimentación, desde un enfoque de soberanía alimentaria.
“Lo que la sociedad civil y las comunidades le vamos a proponer al Gobierno es un plan provisional y otro estructural. En el primero, las metas inmediatas deben ser combatir la mortalidad infantil, garantizar el acceso al agua y universalizar el sistema de salud. El plan estructural es conectividad, mejorar la calidad de la educación, desarrollo de la agricultura y la pesca, mejoramiento de vías, entre otros temas. Creemos que el Plan Nacional de Desarrollo va en esa vía, sacar a La Guajira de la pobreza y así, dignificar a la población”.
El problema de la transición
Uno de los objetivos del Gobierno nacional es avanzar en la transición energética. Para ello, el ejecutivo sabe que la península guajira es estratégica por sus poderosos vientos y el permanente sol. Sin embargo, las comunidades exigen que se les tenga en cuenta, no solo en la formulación de los proyectos, sino en las rentas.
Una de las políticas que se deben implementar es el cambio de un modelo extractivo a uno productivo. Para ello es fundamental recuperar el desarrollo agrícola del departamento, que se ha visto afectado por el fenómeno del extractivismo.
“La Guajira es el epicentro de la explotación de gas y carbón, ese último muy agresivo con la naturaleza y la clase trabajadora. El ejemplo es El Cerrejón, porque no cumplió la promesa de desarrollo para las comunidades, siendo todo lo contrario, el empobrecimiento de los territorios que rodean la mina”, reflexiona Lobo.
Peña es más crítico cuando se le pregunta por el tema: “Es importante aclararle al país que la transición que se implementa a través de parques eólicos, son financiados fundamentalmente por multinacionales. Además, aunque la energía sea limpia, el fenómeno sigue siendo extractivo”.
Para el presidente de la UP en La Guajira si bien el Plan Nacional de Desarrollo aumentó la renta de 0.6 al 6 por ciento para las comunidades, es un porcentaje muy por debajo de la ganancia neta que produce. “Es más, no produce empleo. Los parques eólicos solo emplean temporalmente a la gente por dos años”.
Para Peña una transición si es posible si este nuevo modelo de desarrollo económico permite mayor participación en las ganancias y que esos recursos se utilicen para el desarrollo económico y social de las comunidades: “De lo contrario, pasará el mismo fenómeno extractivo, generar energía para el mundo, pero oscuridad para los territorios guajiros”.
“El pueblo guajiro es el dueño del viento y del sol. Por eso, el reto del Gobierno es apoyar a las comunidades para que podamos aportar a la transición energética. Pero insisto, eso no se puede hacer con exclusión y desigualdad social”, finaliza Lobo.
