Cada letra del Plan Nacional de Desarrollo fue consultada con la OCDE. Para Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional, los acuerdos de La Habana nada tienen que ver con el Plan de Desarrollo 2014-2018. ¿Entonces, de cuál paz se habla?
Hernán Camacho
@camachohernan
La “vuelta a Colombia”, fue llamado el ciclo de visitas que el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, hizo en 32 departamentos del país para exponer las líneas gruesas del Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos: “Todos por un nuevo país”.
El plan, que fue presentado al Congreso de la República para ser debatido en las comisiones conjuntas económicas, tiene tres grandes ejes: equidad, educación y paz. Sin embargo las setecientas cuartillas y casi doscientos artículos no parecen indicar que se vaya por esa ruta. Todo lo contrario, el diseño del plan va en función de las recomendaciones producidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o “Club de los Ricos”, así como lo admitió el propio presidente Juan Manuel Santos, en su visita a Francia, el pasado mes:
“Este documento que me acaban de entregar -Ángel Gurría, secretario de la OCDE- es exactamente lo que nosotros queremos que la OCDE haga con Colombia, es darnos las recomendaciones en el momento oportuno. Son recomendaciones para que nosotros incluyamos en nuestro Plan de Desarrollo, que va a comenzar su discusión en breves días en el Congreso de la República, para poder aprovechar que ese Plan de Desarrollo se convierte en ley de la República, e introducir varias de las recomendaciones que la OCDE nos está dando en muchos frentes”.
Desfinanciados
Sin embargo, el gobierno no tiene la certeza de cumplir con lo proyectado en materia de financiamiento. Desde finales del pasado año se advertían las deficiencias fiscales de la economía colombiana cuya consecuencia inmediata es el desfinanciamiento del presupuesto anual en casi 22 billones de pesos para 2015 y 2016. La crisis provocó la inmediata presentación de una iniciativa legislativa de corte tributario para soslayar el hueco fiscal y financiar los gastos del Estado.
Pero las alarmas siguen encendidas, pues la financiación de los programas de gobierno para el cuatrienio quedó en el limbo. El Plan Nacional de Desarrollo cuesta 790 billones de pesos que contemplan un plan de inversiones públicas, los presupuestos plurianuales, la financiación de los programas y proyectos de inversión, y las fuentes de financiamiento. Y es allí donde radica la primera sin salida del gobierno nacional.
Las proyecciones económicas y los cálculos con que se construyó el Plan Nacional de Desarrollo no contaron con el bajón generalizado de los precios del petróleo, obligando a una reingeniería de la economía nacional en el corto plazo. El gobierno, a la cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sostenido que el desplome del crudo no afectará el presupuesto por cuanto su as bajo la manga será la devaluación de la tasa de cambio, algo que no es del todo cierto.
Los pagos por concepto de deuda, que se llevan una porción importante de todos los presupuestos anuales del país, podrán crecer. Hoy el saldo de la deuda externa pública se ubica en 56.783 millones de dólares equivalentes a 107,8 billones de pesos, pero con la tasa de cambio devaluada puede llegar a incrementarse la deuda a 135,8 billones, es decir un crecimiento del 26%. Como consecuencia: menos recursos para gastos e inversión en cada uno de los presupuestos anuales.
Los interesados
Pese a esto el gobierno se mantiene optimista. Aunque la crisis económica está mostrando crecimientos lentos en todos los continentes y eso traerá un efecto directo a la economía nacional. Por ello el gobierno quiere asegurarle a los grandes capitales la tranquilidad de sus inversiones, y el diseño del Plan Nacional de Desarrollo configura una estrategia para ello.
Por ejemplo, se hace una mención directa en un sector estratégico: agricultura. “Vemos de manera positiva la incorporación del derecho real de superficie, en la medida que promueva el uso eficiente y productivo y finalmente da certeza jurídica a los inversionistas de proyectos productivos de gran y mediana escala que posibilitan la generación de empleo, formalización y transferencia de tecnología”, explica el Plan. Lo que equivale a dar vía libre a la adquisición de baldíos por grandes empresarios como lo estipula el proyecto de ley que regula las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico.
La paz sin plan
El derecho real se refiere a la entrega de predios denominados baldíos de la nación, cuyo destino será ahora para empresarios a modo de concesión en un tiempo mínimo de 60 y un máximo de cien años. En el mismo sentido el representante a la Cámara Alirio Uribe ha dicho: “En materia de desarrollo rural, se propende por la entrega de las tierras a grandes empresarios del agro, creando el denominado derecho real de superficie, que en el contexto de despojo violento del que han sido víctimas los habitantes rurales y el acaparamiento irregular de tierras que ha acontecido en los últimos tiempos, representa una barrera adicional para la construcción de una paz estable y duradera”.
La presentación del Plan de Desarrollo confirma la intención de acabar con las Unidades Agrícolas Familiares y permitir un desarrollo agroeconómico de gran escala sobre el derecho de los campesinos sin tierra. “Todo va en contravía de los acuerdos descritos en La Habana entre las delegaciones de paz de FARC-EP y gobierno”, explicó el senador del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla.
En materia de paz, otro de los grandes componentes del plan, no hay mención alguna sobre la aplicación de lo alcanzado en la mesa de La Habana. Ninguno de los acuerdos en materia de desarrollo agrario, participación política, solución al problema de los cultivos ilícitos y las drogas, además de lo que está por venirse en el tema de víctimas, tiene estrategias o programas a desarrollar.
Según analistas como Jorge Iván González, el plan no toma en cuenta los acuerdos sobre el apoyo al campesinado previsto en el primer acuerdo de la mesa. “Si en La Habana se está firmando el apoyo a la mediana y pequeña producción campesina, sería interesante que en el plan de desarrollo se explicara de qué manera el país dejará de importar 11 millones de toneladas de alimentos”, señala.
Educación: reglas del mercado
Otro de los componentes de privilegio en el plan es el de la educación. Las universidades públicas del país enfrentan un déficit presupuestal de 12,5 billones y, sin embargo, en ninguna parte se trata el asunto. En cambio, se hace énfasis en la idea de profundizar instituciones como el Icetex, cuya influencia llega casi al medio millón de estudiantes colombianos.
La educación al servicio del mercado es el salto cualitativo que propone el plan, del que se sustrae el énfasis aplicado a la innovación, como elemento de apalancamiento entre las universidades públicas o del sector privado. Las empresas casi se adentrarán a fijar parámetros de aprendizaje para hacer efectiva la competitividad.
Así las cosas, el plan no consolida un ambiente de apertura para los cambios resultantes del proceso de paz. Como tampoco se refleja el compromiso gubernamental de cumplir las obligaciones sustraídas de las negociaciones con los movimientos sociales como la Cumbre o las Mesas de Interlocución y Acuerdo, o la esperada reforma educativa concertada con los estudiantes. Sin eso no hay plan, dicen.
