jueves, julio 18, 2024
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El Plan de Desarrollo de Bogotá: negocio para los ricos, garrote para los pobres

UAN-Heidy Sánchez Barreto

El Plan de Desarrollo «Bogotá camina segura», expedido el 7 de junio y de iniciativa de la administración de Carlos Fernando Galán, es una estrategia que favorece a los grandes empresarios a expensas de la mayoría de los habitantes de la capital y su estructura ecológica. Después de haber recorrido un proceso marcado por la falta de inclusión y democracia, el Plan aprobado se centra en promover proyectos de infraestructura, de transporte, de vivienda, educativos y de turismo que priorizan el beneficio privado de unos pocos sobre el bienestar colectivo y la naturaleza. Por su parte, para la población más vulnerable, promete nuevas medidas restrictivas y mayores costos de vida. Este modelo neoliberal, heredado de administraciones pasadas y profundizado por la vigente, intensificará la desigualdad, la exclusión y la represión en Bogotá.

El pasado 30 de mayo fue aprobado en el Concejo de Bogotá el Plan de Desarrollo de la alcaldía de Carlos Fernando Galán: “Bogotá camina segura”. Su formulación y trámite se caracterizaron por el formalismo y la antidemocracia que rige normativamente estos procesos en los que la ciudadanía propone y nada se incluye. En el caso del Concejo, la ponencia se hizo a tres manos de la derecha, destacándose la participación de sectores religiosos antiderechos, lo que terminó de adobar un texto regresivo para la ciudad. Finalmente, con la firma del Alcalde, el 7 de junio salió expedido como el Acuerdo 927 de 2024.

El Plan de Desarrollo de Carlos Fernando Galán es una continuación y profundización de la idea de ciudad y región que impuso la exalcaldesa Claudia López, original del exalcalde Enrique Peñalosa. Este es un modelo neoliberal en donde, sin importar los efectos sociales y daños a la naturaleza, se busca que todos los aspectos esenciales de la vida y el territorio no los suministre a bajo costo y con calidad el Estado sino que se vuelvan negocios, con tal de que sean capitalizados por grandes empresarios privados los cuales, al incluir jugosas ganancias, hacen más cara la provisión de dichos bienes y servicios, capturando en su venta los bajos ingresos de los habitantes trabajadores de Bogotá y Cundinamarca, más de la mitad de ellos informales, desempleados o no remunerados, y haciendo que, lo que no alcanza a pagarse saqueando y endeudando los bolsillos de las familias trabajadoras, sea subsidiado por los recursos de todos: el presupuesto del Estado.

Acá no importa la gran cantidad de personas que se quedan por fuera, lo que importa son el negocio y las ganancias privadas y, por tanto, que el que acceda, pague: por sí mismo o con ayuda del Estado, el precio que impone el particular al bien o servicio indispensable que vende y que, por lo general, provee de mala calidad. De este modo, buena parte de los recursos del Estado que podrían dirigirse a suministrar bienes y servicios fundamentales a toda la ciudadanía, se destinan a pagar las altas ganancias de los grandes empresarios privados, quedándose estos con casi toda la riqueza que se produce colectivamente. En consecuencia, el objetivo no es garantizar el derecho a la ciudad-región a la totalidad de habitantes, sino el negocio y las utilidades de unos pocos. Ese modelo, injusto económicamente y antidemocrático políticamente, es la idea principal con la que se organizaron los contenidos del Plan expedido. Miremos en detalle.

  1. Dupla de negocios: el transporte público y la construcción

Como sucedió en el gobierno de Claudia López, una de las principales inversiones se va a realizar en infraestructura de transporte y en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Así, en el Plan de Desarrollo quedó prevista la prioritaria construcción de más Transmilenio, incluso para la articulación regional, por encima del modo férreo, continuando mediocremente este último para que, ilógicamente, alimente a los buses, a pesar de que tenga mayor capacidad de carga de pasajeros. Sobresale en esto la confirmación de la primera línea del metro en tipología elevada, además como una cicatriz urbanística que atraviesa la ciudad, extendiendo su estructuración sin estudios, con retrasos y sobrecostos, hasta la Calle 100. Así quedó definido en los artículos 14.4 y 172, sin ningún soporte técnico.

Troncar de la Caracas en Bogota. Foto ZHB

Preocupa también la decisión de desechar la troncal de buses diseñada por Claudia López para la Carrera 7ma, “Corredor Verde”, y cambiarla por una de “alta capacidad” en el tramo aún no contratado, de la Calle 100 hacia el sur, pese a que no haya una demanda de transporte que lo justifique; ambos proyectos, el de López y ahora el de Galán, ideados en beneficio de los dueños del negocio del sistema de buses y en contravía de la implementación de un Tranvía en este corredor como la mejor decisión en términos de movilidad y paisaje urbano. En ese mismo sentido, se definió en el Plan de Desarrollo la realización de un “estudio técnico” que determine la solución de transporte a implementarse en la Av. Boyacá, cuando en el POT ya hay una decisión argumentada que proyecta la línea 4 del metro para este corredor. Solapadamente, pretenden justificar la implementación de otra troncal de buses en perjuicio del modo férreo, incluso contrariando el POT.

Son, todas estas, buenas noticias para el oligopolio privado que hace negocio con el transporte masivo basado prioritariamente en buses y que pone en funcionamiento el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pues, con el dinero público, el Estado seguirá expandiendo la infraestructura que posteriormente este llega a explotar incluyendo altísimas ganancias. Precisamente, estas altas ganancias son una de las causas estructurales del déficit financiero del SITP: el pasaje cobrado no cubre los costos del servicio, por lo que el Distrito anualmente destina billonarios recursos al FET, otro gasto de primer orden para el Plan de Desarrollo aprobado. Cuidar este negocio es prioridad de la administración Galán, por eso, pese a que hicimos una proposición de estudiar y renegociar las concesiones leoninas para racionalizar las utilidades privadas en función de disminuir el déficit financiero del SITP en beneficio del Distrito, esta fue desestimada por parte de la Administración.

Es más, por medio del Plan de Desarrollo, se amplió el plazo hasta 2028 para la no adquisición de flota basada en combustibles fósiles, y durante su vigencia se podrá seguir incluyendo buses a diésel y gas, cuando el Acuerdo que declara la emergencia climática en Bogotá afirmaba que esto debía iniciarse en 2022. Todo en favor del negocio privado de unos cuantos, en contravía del bienestar general. Sumado, para potenciar el negocio inmobiliario y de paso garantizar el que se hace con el transporte público, en el Plan de Desarrollo se aprobó dotar a Transmilenio SA y a la Empresa Metro de Bogotá de la capacidad de ejercer como administradores y operadores urbanos para recaudar ganancias y rentas ligadas a proyectos de uso o renovación urbana en sus áreas de influencia, en asocio o en favor de particulares. Lo anterior como fuente de fondeo para sostener el FET y el negocio privado del transporte, al tiempo que se potencian otros negocios en sus áreas de influencia, en particular el ligado a la renovación urbana para el que podrán realizar expropiaciones exprés, lo cual seguramente llevará a expulsar de su territorio a habitantes históricos y populares.

Asimismo, en esa dirección de robustecer el negocio inmobiliario, se da prioritaria viabilidad, en el Plan de Desarrollo aprobado, a dos de los megaproyectos más regresivos fijados en el POT de Claudia López como actuaciones estratégicas: Lagos de Torca y Reverdecer del Sur (antiguo Lagos de Tunjuelo), ambas intervenciones con graves impactos pues invaden y fragmentan la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y le generan mayores cargas relacionadas con el suministro de servicios públicos domiciliarios. A esto se añaden proyectos como el del cable aéreo de la Calle 134 – La Calera – San Rafael, cuya estructuración quedó prevista, el cual no representa una solución en movilidad sino el fomento de negocios privados asociados al turismo, seguramente atentando en contra de los Cerros Orientales. Todo, paradójicamente, en un contexto de crisis ambiental mundial y de desabastecimiento de agua en Bogotá.

En conexión con lo anterior, se aprobó en el Plan de Desarrollo un proyecto que resulta aún más nocivo que lo definido por Claudia López en su POT, es el que tiene que ver con desechar y ajustar la Actuación Estratégica de la Ciudadela Educativa y del Cuidado ya adoptada y contratada, para revivir la vieja ALO Norte peñalosista de 12 carriles y, así, poder construir allí una nueva troncal de Transmilenio, generando presiones urbanísticas sobre dos humedales: Juan Amarillo y La Conejera. Esto no solo le da oxígeno a la antigua pretensión de llevar esa vieja ALO más allá de la Calle 153 para urbanizar la Reserva Thomas Van der Hammen, sino que echó por la borda la construcción del Multicampus Universitario Público de Suba que ya cuenta con financiación del Gobierno nacional, en la medida en que este tenía prevista su realización en parte de los predios reservados para la ALO Norte ya que la vía se había reducido a 6 carriles. Pese a que hipócritamente se incluyó su materialización en el Plan, sin las más de 3 hectáreas que se le habían asignado para beneficio de 17 mil estudiantes, el Multicampus quedó volando y lo más probable es que no se haga o, en últimas, se reduzca a un mediocre edificio.

Todos estos beneficios para el negocio de las grandes constructoras privadas, las cuales además contarán con exenciones tributarias o relajamiento de cargas urbanísticas, entre otros favorecimientos, como quedó fijado en el artículo 164 del Plan. Esto quiere decir que, quienes ejecutan megaproyectos de vivienda, no pagarán impuestos o las compensaciones en suelo e infraestructura para servicios públicos y sociales a las que están obligados por ley, así como ocurre, en menor escala, con alguien que quiere construir una casa en su lote y, para ello, debe ceder el suelo y construir el espacio público destinado al andén. Por lo tanto, estos elementos tendrán que ser suplidos por el Estado, con los recursos de todos, con tal de que dichos megaproyectos puedan contar con el soporte urbano que les permite ser viables. En otras palabras, la vía, el parque y demás elementos de ciudad que los urbanizadores están obligados a construir para dar sustento al edificio que levantan, los pagará exclusivamente el Distrito porque, según la Administración, hoy el negocio no les resulta lo suficientemente rentable.

En consecuencia, estas grandes constructoras podrán seguir produciendo y vendiendo viviendas nuevas, cada vez más caras, pequeñas y sin soporte, algunas subsidiadas por el Estado, siendo la gran ausente del Plan una política que atienda y garantice el derecho a poseer un techo por parte de la población de más bajos ingresos. Se demuestra así el desprecio que esta Administración tiene por lo público, y por eso desechó la opción de gestionar tierra y producir vivienda directamente desde el Estado y a través de alianzas público populares. Igualmente, dicho desprecio se hizo evidente cuando, a pesar de que lo propusimos, se rechazó el necesario fortalecimiento de La Rolita como operadora pública y más costo-eficiente del SITP, así como la proyección de la ETB como aliada estratégica para hacer de Bogotá una ciudad inteligente. Por el contrario, en este último caso, se incluyeron aspectos en el Plan que abren campo a la ladina privatización de la Empresa.

  1. La educación negocio, la exclusión y la persecución a los más vulnerables

Otros grandes negociantes privados beneficiados serán los de la educación. Aquí el desprecio por lo público se evidencia cuando a la Universidad Distrital, que depende de Bogotá, se le da un papel nulo o marginal en el Plan de Desarrollo, y con la concreción con “Jóvenes a la E” de la política que inició Claudia López con “Jóvenes a la U”. En consecuencia, se consolida ATENEA como el ICETEX de Bogotá al hacer las veces de fondo para destinar dineros del Estado a programas de financiación a la demanda en modalidades de beca y crédito-beca. Esta es la forma de desviar billonarios recursos públicos a pagar matrículas carísimas en instituciones privadas con ánimo de lucro solapado, buena parte de baja calidad, dinero que alcanzaría para, por lo menos, el doble de beneficiarios si se invirtiera en las universidades públicas, todas de alta calidad.

La perla de “Jóvenes a la E” es que no incluye a ninguna universidad pública y, entonces, dirigirá, ineficientemente, más de $1,7 billones del presupuesto del Distrito a instituciones educativas privadas. Pero es aún peor, en relación con los contenidos de la educación, de los 32 mil cupos que va a garantizar “Jóvenes a la E”, 10 mil van a ser en cursos de no menos de 160 horas, y ya no todos en educación superior: técnica, tecnológica y profesional. Es decir, además de invertir ineficientemente los recursos en favor de instituciones privadas, buena parte de baja calidad, la educación que se le garantizará a los jóvenes será, en buena porción, exclusivamente para que aprendan rápido a trabajar, pero no para que accedan a la ciencia y la alta cultura, todo esto gracias a la prioridad que adquiere en el Plan lo que denominan educación posmedia. Esto llevará a que los jóvenes más pobres opten por el camino más expedito y menos culto al que se les condena, mientras la educación profesional y científica se convierte en un privilegio al que acceden aquellos que pueden pagar y tienen el tiempo para hacer una carrera.

Pero, además de ser un Plan de negocios en beneficio de grandes privados en el que no encuentran cabida los intereses populares, esto se complementa con un enfoque conservador, elitista y antiderechos que redunda en la exclusión y persecución a las poblaciones más vulnerables. Es el caso de la marginación que se realizó en el debate a las proposiciones que hicimos y a la agenda y los acuerdos que había conseguido el movimiento LGBTI, con tal de garantizar un mayor compromiso con esta población y con el enfoque de diversidad.

Acá también se encuentra la orientación en seguridad que se aprobó en el Plan, que incluye “identificar poblaciones con mayor riesgo de delitos y prácticas violentas contra la ciudadanía y la infraestructura de la ciudad”. Por supuesto, esto va a llevar a que, sin tener claro el fundamento, ciertas poblaciones sean especialmente perseguidas por el Estado apoyándose en la tecnología, discriminación que se hará en función de la extracción social o el origen de las personas. En otras palabras, lo que se prevé es garrote para los pobres, los jóvenes, las personas racializadas y los migrantes. En ese sentido, uno de los contenidos del Plan aprobado que más nos preocupa, es el que quedó en el artículo 36, con el que se pretende avalar la persecución a los vendedores informales que trabajan dentro del SITP, vulnerando sus derechos y pese a que son sujeto de especial protección constitucional, motivo por el que ya instauramos una acción de nulidad en su contra.

El PDD no aporta a la justicia social Foto.ZHB
  1. Aumento en el costo de vida

No satisfecha con enfocar los contenidos del Plan y el presupuesto público para favorecer negocios privados de los ricos, la Administración quiso elevar el costo de vida de las familias trabajadoras al intentar aprobar tres nuevos tributos: 1. Un cobro adicional en la tarifa de parqueo fuera de vía; 2. Un cobro adicional en el servicio de energía eléctrica; y 3. Un cobro adicional en el ICA. A esta lógica nos opusimos, pues, en lugar de racionalizar pagos del Estado que cubren altas ganancias de grandes empresarios privados y, de esta forma, liberar recursos, la alcaldía de Carlos Fernando Galán apunta es a sacar más dinero del ciudadano de a pie. Así, el primer tributo pretendía recaudar más plata para el FET, el segundo fortalecer el alumbrado público de la ciudad y el tercero robustecer la atención contra incendios.

Por su carácter regresivo, en una ciudad en la que, debido al pésimo servicio de transporte público masivo, se obliga a la población, incluso a la de más bajos ingresos, a desplazarse en carro particular o moto, y debido a que varias personas además trabajan a través de estos vehículos, no se consiguió el apoyo en el Concejo para que se aprobara la contribución de parqueaderos. Sin embargo, pasó con el Plan, no la creación de un nuevo tributo, pero sí el aumento de uno existente: un cobro adicional en el impuesto de vehículos. Lo anterior con tal de financiar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, instancia plutocrática con la que se busca subordinar la Ciudad y el Departamento a los intereses del Comité Intergremial de Bogotá-Cundinamarca, así como la autonomía de los municipios (que ingresen) a las decisiones del alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca.

Por su parte, aunque la finalidad de mejorar el alumbrado público sea compartida, por el aumento en el ya costoso servicio de energía, este cobro adicional tampoco pasó. El único nuevo tributo que se aprobó fue la sobretasa bomberil cobrada con el ICA, pues conseguimos que no se afectara a los más pequeños tributantes, además de que su finalidad resulta una urgencia evidenciada en el episodio de incendios forestales que se presentó a principios de año, escenario que no estamos exentos que se repita en el contexto de crisis climática que vivimos. Cabe advertir que, el hecho de que la contribución de parqueaderos y el cobro de alumbrado público no hayan pasado con el Plan, no significa que la Administración no vaya a volver a intentar. Seguramente, estos tributos se presentarán nuevamente para la aprobación del Concejo, junto a la solicitud de un nuevo cupo de endeudamiento que empeñe aún más a Bogotá.

En esta discusión de los tributos, por la falta de experiencia de algunos funcionarios, más que por la intención de abrir un diálogo democrático en el Concejo, buscando conseguir los votos y las mayorías, la Administración aceptó una gran cantidad de propuestas de los concejales afines y de la oposición, estas últimas en caso de que no desafiaran el contenido estructural del Plan. Dicha maniobra fue abandonada cuando no les funcionó, los tributos empezaron a caerse y la estrategia resbaló en una improvisación que amenazó por los tiempos el trámite del proyecto. En medio de ello, logramos incluir algunos elementos en el contenido del Plan, estos como resultado de nuestra participación en ciertas bancadas y ligado al diálogo y coordinación que sostuvimos con algunos sectores sociales, transformando necesidades y reivindicaciones en propuestas y proposiciones al Plan.

Fue de esta forma que conseguimos aprobar el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado sobre Cerros Orientales como un proyecto estratégico del Plan. Asimismo, incluimos la actualización del censo del arbolado urbano de Bogotá por parte de las entidades competentes, así como la decisión del Distrito de aportar, desde sus competencias, a la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz.

También logramos aprobar un artículo para el fortalecimiento del sistema distrital de plazas; la vigorización del sistema de participación de la juventud, la meta de hacer mantenimiento a las casas de juventud y operar por lo menos 1 por localidad, acciones que propendan por la dignificación laboral de los jóvenes y la inclusión del trabajo digno al haber sido esta una noción ausente en el texto original de la Administración. En esa misma perspectiva, añadimos un parágrafo para garantizar estabilidad laboral y respeto a las convenciones sindicales en el sector salud y, por otro lado, un artículo para la creación de la política distrital de psicoactivos.

Igualmente, conseguimos insertar el propósito de articular el sistema de cuidado con las universidades para beneficio de las madres estudiantes, la realización de un estudio que permita afinar por localidad los servicios de dicho sistema con tal de que produzca impactos efectivos en los objetivos que persigue, el fortalecimiento del SIMISIONAL 2.0 y el enfoque para la atención en las casas refugio de las mujeres jefas de hogar que trabajan informalmente. Del mismo modo, conseguimos aprobar la creación de una estrategia para la prevención y atención del acoso sexual en el espacio público, el fortalecimiento de la seguridad para las mujeres en el SITP, así como un mecanismo de articulación interinstitucional con el SAAT, en relación con el riesgo de feminicidio, con tal de robustecer las medidas de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres, entre otras.

Adicionalmente, consecuente con la defensa permanente que hemos hecho de la educación pública, queremos resaltar dos elementos que logramos incluir dentro de los contenidos del Plan. El primero, lo relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional, desde las competencias que tiene el Distrito, incluida la sede Valmaría y el Instituto Pedagógico Nacional. El segundo, el compromiso del Distrito de suscribir el pacto de concurrencia con la Universidad Distrital y la Nación, lo cual liberaría alrededor de $70 mil millones anuales en el presupuesto de la Universidad, dinero que podría destinarse a su ampliación y al mejoramiento de su calidad.

Todas estas, victorias que redundarán en verdaderas conquistas, solo si aquellos sujetos que las comparten y encarnan hacen seguimiento y presionan a favor de que la Administración cumpla con lo comprometido en el Plan de Desarrollo. Movilización ciudadana que tendrá que ampliarse y, al tiempo, oponerse a la prioridad que tienen en la acción y el presupuesto del Distrito los negocios de los ricos, varios de ellos patrocinadores en su momento de la candidatura de Galán, con tal de arrancar verdadera inversión social, democracia, el fortalecimiento de lo público y la protección de la naturaleza, así como la no discriminación ni persecución a las poblaciones vulnerables, los jóvenes, los trabajadores y los más pobres. Es bajo esa perspectiva que enfocaremos en este periodo la representación de la Unión Patriótica en el Concejo, acompañando a las comunidades, haciendo denuncias y realizando un control político riguroso.

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