La impugnación discursiva de la derecha colombiana frente a la sentencia de 12 años al expresidente Álvaro Uribe pone de nuevo en el centro de la discusión el profundo significado de la decisión de la jueza Heredia
Jaime Caycedo
Revive el debate ideológico sobre el significado del genocidio como práctica social y las responsabilidades de varios gobiernos neoliberales. El liderazgo autoritarista de Álvaro Uribe, apoyado en el paramilitarismo y en una política de guerra contrainsurgente, con todas las consecuencias humanitaria de la persecución política anticomunista irrumpe de pronto como una manifestación de justicia en un entramado sórdido de impunidad estructural. Una condena por delitos comunes aparece simbólicamente como una promesa de “justicia divina” en una sociedad convencida de que “la justicia era únicamente para los de ruana”.
El fallo señala una responsabilidad penal en quien estuvo a la cabeza de la cadena de mando del Estado: el presidente de la república, a lo largo de un periodo doloroso y trágico de la historia nacional, con sucesos que transformaron a Colombia en un país violador de los derechos humanos, con manifestaciones probadas de crímenes a cargo de integrantes de instituciones de seguridad, entre ellas las fuerzas militares y de policía, en complicidad con organizaciones privadas de exterminio. Ni más ni menos que un genocidio, con eliminación de lideres sociales y políticos de izquierda, vinculado a la imposición del modelo neoliberal de desigualdad social, privatizaciones, favorecimiento a la concentración de la tierra y el despojo campesino.
El genocidio
La imposición de ese orden fue obra de varios gobiernos. El mito de la victimización de la burguesía a manos de la amenaza guerrillera comunista inspirada por el odio de clase devino en justificación del surgimiento, la legitimación del paramilitarismo y su influencia ante la supuesta incapacidad del gobierno y las fuerzas militares de “seguridad” para los empresarios.
El genocidio como práctica social implica el exterminio de una parte de la población clasificada por los perpetradores como indeseable. Pero esa es sólo una porción del contenido real del genocidio. La siguiente consiste en persuadir al resto de la sociedad de que ese nuevo sentido común debe ser en adelante el que caracterice a la nación. La apropiación simbólica del genocidio como práctica social complementa su alcance y sentido profundo.
Otro de los mitos justificatorios ha sido la “teoría de los dos demonios” que ha reinado en la interpretación del prolongado periodo de la lucha armada y de la guerra de contrainsurgencia. En ella el poder represivo del Estado aparece con una víctima y la guerrilla con todo lo que se le asocia en el rango político e ideológico, como el factor generador agresivo y amenazante del orden existente.
El imaginario de ese orden neoliberal y paramilitar es el que hoy derriba el fallo de una jueza. Pero también sucumbe a los cambios democráticos, a la idea de reformas sociales y a la necesidad de una paz democrática.
