Convocar cabildos o consultas populares para decidir sobre los destinos nacionales no es una anomalía, ni un desafío, ni un agravio a la institucionalidad
Pietro Lora Alarcón
@plalarcon
A comienzos del siglo XIX, estremecida España por la ocupación napoleónica y la prisión de los monarcas en Francia, la Nueva Granada fue escenario de importantes contradicciones políticas, que reflejaban el interés de los sectores aliados a la Corona para mantenerse en sus privilegios y el de otros, más conscientes, que veían la oportunidad de proponer la emancipación.
En ese contexto, entre 1808 y 1810, los cabildos, originados en las villas españolas, se convirtieron en órganos influyentes y legítimos, proponiendo auténticos programas de gobierno y consignando las reformas económicas que permitirían substituir un régimen ya prácticamente paralizado.
Soberanía y pueblo
Más de 150 años después, la Constitución de 1991 recogió los cabildos populares en su artículo 103 como una experiencia histórico- participativa, de ejercicio de la soberanía popular, que se encuentra inculcada, al lado de la consulta popular, la iniciativa legislativa, el plebiscito, el referendo y la revocatoria del mandato, en el surgimiento del Estado colombiano.
Por lo tanto, convocar cabildos o consultas populares para decidir sobre los destinos nacionales no es una anomalía, ni un desafío, ni un agravio a la institucionalidad, como afirman a voz en cuello algunos voceros de la clase dominante en pánico, porque no son figuras extrañas, ni antes ni hoy, en la historia del país, sino que, por el contrario, constituyen formas democráticas directas, inspiradas en la soberanía del pueblo, haciendo parte de la dinámica de una comunidad política que necesita repensar los límites de una democracia liberal representativa en deterioro.
Esta reflexión sobre el origen de los instrumentos democráticos a lo largo de la historia es pertinente ante la manera como, grotesca y marrulleramente, personajes en el Senado se empeñaron en desconocer las características y síntomas de un proceso de notable sensibilidad colectiva, que desde las calles y la movilización proyecta una nueva normativización de la relación capital-trabajo.
Especialmente para el movimiento social y popular, es de extrema relevancia la comprensión de que las movilizaciones contundentes de marzo y del 1 de mayo, así como la deliberación, la opinión, la participación, a través de los cabildos y la consulta, se constituyen el centro de la táctica en el marco de la lucha política de clases en la actual coyuntura y son una nueva escuela formativa de cuadros.
Convergencia y autorreconocimiento
En efecto, en medio de las dificultades naturales de cualquier proceso en desarrollo, el escenario refleja la convergencia de un cambio de subjetividad, cuya génesis se encuentra en el proceso de rebelión del 2019 ante los impactos de la crisis estructural en la sociedad colombiana, con las tareas desarrolladas por el instrumento político en el congreso y la labor de ministerios comprometidos con la agenda democrática de efectividad de derechos, aliado a los llamados constantes de la presidencia a no bajar la guardia y avanzar en las reformas.
El elocuente debate nacional sobre los caminos del país, que permite visualizar expresivas jornadas de lucha, revela que, aunque no se genera un estado de potencialidad revolucionaria, si hay un ejercicio de ampliación del autorreconocimiento de la fuerza popular que impulsa transformaciones puntuales.
Resulta conveniente y tal vez imprescindible, el análisis de la experiencia de la Comuna de Paris de 1871, realizado por Marx en “La Guerra Civil en Francia” publicada en el mismo año y complementada por el prefacio de Engels en 1891, así como la exposición de Lenin en “El Estado y la Revolución”, de 1917. Estas obras, sin duda, en el acervo clásico, constituyen subsidios esenciales para detectar los límites y las reales posibilidades de efectivar la soberanía popular en contextos de democracia construida bajo los postulados franceses del siglo XVIII.
Miedo a la democracia directa
También son valiosas las reflexiones de García Linera, que con relación a la situación de Bolivia notaba que en ciertos momentos del proceso la ciudadanía se asume como agente autoconsciente, productor de derechos y factor decisivo para desafiar lo establecido. En ese caso, la arbitrariedad burocrática, tradicional y enclaustrada, pretende continuar ejerciendo el poder sobre el cuerpo político de la sociedad, pero ahora lo hace con temor, perturbada ante la posibilidad de la eficiencia de los instrumentos de democracia directa.
Desde luego, hay un abanico de lecturas sobre los problemas que afectan a la democracia liberal. La obra de S. Levitsky y D. Ziblatt, “How Democracies Die” publicada en el 2018, dígase de paso, autores muy distantes de ser considerados “revolucionarios”, demuestran las fallas protuberantes de los sistemas electorales, de la legalidad y del sistema de controles entre los poderes del Estado.
En opinión de los autores, el arsenal funcional del Estado de Derecho está siendo utilizado por “sectores autoritarios” para ocasionar la muerte lenta de una “democracia indefensa”, capturando las fiscalías, manipulando jueces y cortes constitucionales, modificando las reglas electorales impunemente y consolidando su poder en los Legislativos.
En Colombia, la clase dominante desprecia lo que tenga un constitucional sabor popular e impuso la mayoría numérica para detener la consulta y las reformas con una idea vulgar de democracia, porque nunca tuvo lo que la doctrina liberal más avanzada llama “política constitucional”, es decir, el compromiso con un proyecto de vida idealizado en 1991, en cuyo centro está la paz y la dignidad humana.
Para los marxistas, en el debate sobre la democracia, el miedo a consultas y cabildos es el miedo a los que no han sido nada y exigen llegar a ser. Es el miedo de clase de la elite nacional.
