Es la triste realidad de las promesas de Juan Manuel Santos. Más todavía, es la triste realidad de leyes expedidas por el Congreso de la República para jamás ser cumplidas.
Gabriel Ángel
Al explicar al diario El Espectador en qué consiste la planeación que envuelve al proceso de restitución de tierras, Ricardo Sabogal, director de la Unidad encargada de tal labor según la ley 1448 de 2011, expone lo siguiente:
“Lo primero que se hace es mirar en qué zonas hay densidad de reclamaciones. Esa información se manda al Ministerio de Defensa, que revisa las condiciones de seguridad y, si da luz verde, planeamos la intervención, revisando qué gente se requiere. De la misma manera se coordina con la Rama Judicial para que se coloquen allí jueces y el proceso marche bien y en un tiempo razonable. Es una planeación muy responsable, juiciosa, pero que no puede mirar un horizonte de largo plazo. En algunas zonas, luego de arrancado el proceso restitutivo, hemos tenido que suspender: en Putumayo, en el Valle del Cauca, en Norte de Santander”.
De acuerdo con informes periódicos de la Fundación Forjando Futuros, el último de los cuales está fechado en junio de este año, de 73.127 solicitudes presentadas ante la Unidad mencionada, sólo 7.472 han sido llevadas ante los jueces, mientras que 61.780, es decir el 84 por ciento, se encuentran represadas ante el Ministerio de Defensa que no da la luz verde necesaria para continuar con el proceso. Esa luz verde es llamada Microfocalización en el decreto reglamentario de la ley, y debido a ella el proceso de restitución de tierras se encuentra paralizado en términos reales. Sin ese visto bueno no hay procesos y punto. Una situación escandalosa.
La disculpa para no avanzar en la restitución es la guerra. La presencia de guerrillas u otras organizaciones armadas, la existencia de áreas minadas, cosas así, muy fáciles de decir y que se convierten en la excusa perfecta para decir que no se puede adelantar el proceso por cuestiones de seguridad.
De acuerdo con el cuidadoso estudio elaborado por la fundación mencionada sobre 1.000 de las sentencias judiciales que han ordenado la restitución de tierras, el despojo de los pequeños propietarios es imputable en un 84 por ciento a grupos paramilitares, incluyendo en estos el 3 por ciento que se adjudica a las bacrim. Es suficientemente conocido que el paramilitarismo desbordado contó con el aval de las fuerzas armadas colombianas, que lo dejaron cometer todas sus fechorías, una de ellas el desplazamiento forzado de millones de pobladores del campo, de cuyas tierras se apoderaron un selecto grupo de personajes.
Resulta verdaderamente vergonzoso que los procesos de restitución de tierras que pretenden el regreso de sus predios a sus legítimos propietarios o poseedores, resulten frenados en su abrumadora mayoría por el silencio del mismo ministerio que obró con absoluta negligencia cuando los paramilitares expulsaban a los campesinos. Los beneficiarios de ese despojo, prósperos y respetables inversores rurales, son los únicos beneficiados con ese silencio. Como quien dice, las fuerzas militares colombianas se callaron cuando se producía el despojo, y ahora se callan para impedir la restitución.
La ausencia de condiciones de seguridad es un mito que se invoca por el Estado para no adelantar las restituciones de tierra, un mito amparado por la legalidad del decreto que incorporó la Microfocalización al proceso de restitución. El señor Ricardo Sabogal no hace más que alimentar ese mito en su entrevista del 9 de diciembre a El Espectador, cuando con el más absoluto descaro afirma: “Hay zonas donde si le dijo algo al guerrillero, que no le gustó, se va. Y ahí ponen a otra familia. O en algunas zonas donde no hay poder del Estado porque las guerrillas no lo han permitido, entonces sacan a una familia porque necesitan el lugar como un corredor para el tráfico de estupefacientes”.
El círculo se cierra de nuevo. El taimado funcionario que sólo puede mostrar un ridículo 2 por ciento de sentencias de restitución en 4 años de un plazo de 10, le adjudica a las guerrillas la imposibilidad de restituir las tierras a las víctimas. Y quedan bien todos, menos los campesinos despojados violentamente y los guerrilleros que hay que hacer aborrecer.
Ese mismo Estado que expide leyes y decretos a sabiendas de que no se van a cumplir porque sus propios funcionarios amparados por la trampa contenida en la ley van a impedirlo, no dice una sola palabra, ni mueve un solo dedo, ante el hecho de que en la mitad de todos los procesos de restitución iniciados por los despojados ante los jueces en todo el país, se repiten en calidad de opositoras las mismas 10 personas naturales, es decir que el mismo opositor que se presenta judicialmente ante uno o más reclamantes en el Caquetá, lo hace ante otros reclamantes en Urabá u otra región del país. Un auténtico cartel de opositores. A nadie en el alto gobierno o el ministerio de defensa le parece sospechosa esa coincidencia.
Es la triste realidad de las promesas de Juan Manuel Santos al comenzar su gobierno. Más todavía, es la triste realidad de leyes expedidas por el Congreso de la República para jamás ser cumplidas. Tal y como lo constata el estudio de la Fundación Forjando Futuros, montar toda la infraestructura física y burocrática destinada a la restitución de tierras ha costado al Estado colombiano 836.719 millones de pesos, casi un billón, mientras que el valor de los 1.679 predios restituidos y los 80 compensados por sentencias judiciales llega a 263.304 millones de pesos, es decir que lo invertido ha costado tres veces más que lo restituido.
El gigante aparato de restitución seguramente sirve a muchos funcionarios como Ricardo Sabogal para vivir y hacer política, pero en sus resultados prácticos es un verdadero fiasco, en el que la peor parte la llevan los campesinos desplazados y despojados, que aunque nadie lo crea, tienen el legítimo derecho a recuperar sus tierras, pese a que todos se burlen de ellos. Otros son los que ganan, los mismos que deben estar aplaudiendo a Ricardo Sabogal y riendo a carcajadas.
