Sentarse en la Mesa de Interlocución y Acuerdo es un gesto de voluntad política del campesinado. Se espera que el Ejecutivo responda con altura
Hernán Camacho
El Catatumbo vuelve a dar ejemplo de voluntad política para la solución de sus problemas. En un acto solemne y con la mediación de figuras políticas nacionales y la Iglesia católica, se firmó el acta de confianza y garantías para avanzar en la solución del conflicto entre los campesinos y el Gobierno Nacional. Confianza perdida hace seis semanas cuando la comisión del Ejecutivo, en cabeza del vicepresidente Angelino Garzón, se levantó de la mesa e iniciaron los atropellos de la Fuerza Pública a los protestantes.
Para llegar a ese primer paso pasaron muchos días entre ir y venir de la comisión con un papel discreto pero efectivo. El ex presidente Ernesto Samper, el padre Francisco de Roux, el congresista Iván Cepeda y el presidente del Senado Juan Fernando Cristo, además de la oficina de la ONU en Colombia, entre otros, contribuyeron a allanar el camino de entendimiento, del que la receptividad del Gobierno Nacional no estuvo a la altura.
“Volver a la Mesa de Interlocución y Acuerdo es el camino apropiado”, manifestaron voceros campesinos en la solemne entrega de bastones patrióticos para los integrantes de las comisiones negociadoras. La firma del acta, el levantamiento del bloqueo y la instalación de la mesa en Cúcuta, dan cuenta del compromiso de no ahondar la crisis social de la región.
Se levanta bloqueo
La presión internacional hizo que el Gobierno cediera. Las protestas de los habitantes del casco urbano de Tibú y la visita de comisiones internacionales de alto nivel político de Europa y los Estados Unidos, quienes constataron las reclamaciones campesinas, hicieron que el Gobierno adoptara una decisión de la que nunca se debió despojar: el diálogo.
“Toda la arremetida militar en los 52 días de movilizaciones le fracasó al Gobierno, mientras nosotros seguimos firmes creyendo en la solución por medio del diálogo”, le dijo a VOZ un campesino del corregimiento La Gabarra, que nos acampó en un recorrido por la zona.
Y es que las incursiones militares, los hostigamientos nocturnos del Ejército y la Policía Nacional, los constantes patrullajes nocturnos aledaños a los dormitorios campesinos, los sobrevuelos de aeronaves oficiales como el avión Kfir, ocurrido el pasado 29 de julio, y los enfrentamientos contra el Esmad, fueron acciones de todos los días que no amilanaron al campesinado.
El acuerdo por el Catatumbo
Pero capítulo aparte es el tratamiento mediático a la protesta por parte de las grandes cadenas nacionales de información. La matriz generada señaló desde un inicio que los campesinos del Catatumbo estaban infiltrados, una constate elaboración de análisis carentes de rigor frente a las peticiones campesinas y una presión militar en contra de los periodistas y medios alternativos o internacionales apostados allí tampoco sirvieron para imponer la fuerza sobre la razón. Nada le salió bien al Gobierno.
De hecho la propia vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) Olga Quintero reprochó la actitud mediática e hizo un fraterno llamado a que antes de dictar cátedra desde los micrófonos primero se pusieran las botas de los campesinos, “ensuciémonos las manos de tierra para qué sepan qué es ser campesino y no nos juzguen desde la ignorancia”, anotó.
A contrarreloj
La solidaridad del movimiento popular colombiano se hizo presente en los días de paro y va a persistir hasta más allá de las negociaciones. César Jerez, vocero campesino en la negociación, agradeció la unidad popular por el Catatumbo y aclaró que el levantamiento es temporal pues espera que el Gobierno cumpla su compromiso de no imponer vetos e inamovibles a los puntos de agenda acordados, pues el paro no se ha levantado. “Lo que se levanta es el bloqueo a las vías”.
Desde tempranas horas del 3 de agosto pasado, como fue el compromiso, se vieron cientos de campesinos embarcando para sus veredas de origen a la espera del desarrollo de los compromisos; “desde las cero horas se levantan los campesinos, cumpliendo lo acordado”, reiteró Jerez.
Si bien no es una camisa de fuerza el tiempo para encontrar soluciones entre manifestantes y Gobierno Nacional, este último tiene una carrera contrarreloj, pues de extender la negociación o dilatarla como lo hizo en el pasado reciente, le puede costar caro, si se tiene en cuenta que se acerca la fecha del 19 de agosto y debe enfrentar un paro nacional agrario del que todos los días se suman voces del sector, animando la protesta y buscando soluciones a cada una de sus problemáticas.
Como van las cosas la presión mediática y el tratamiento militar no le funcionará al Ejecutivo en el paro próximo. Basta mirar el pliego de peticiones agrario para entender que el problema del Catatumbo se extiende por el país tras la desatención estatal y las políticas neoliberales que en nada favorecen el desarrollo campesino:
“Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al Incoder la compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios”.
La solución al paro
Lo que sí queda claro es que los campesinos siguen con su principal petición: la zona de reserva campesina. Además de los puntos del tema de erradicación de los cultivos ilegales y el desarrollo social integral de la región. No obstante, a eso se le sumaron las peticiones de los habitantes del casco urbano de Tibú, quienes se unieron al acuerdo de confianza y garantía para encontrar la solución a problemas de salud, educación y desarrollo local de su municipio.
A la Mesa de Interlocución también se unirían los alcaldes de los siete municipios que conforman el Catatumbo y el gobernador de Norte de Santander, con la iniciativa de sumar esfuerzos para sacar adelante una solución integral de la región. Acogiendo así la invitación hecha por los campesinos a las autoridades administrativas:
“Invitamos a quienes hasta ahora han mostrado su compromiso como facilitadores, a fungir de garantes de la negociación y de los acuerdos a los que se llegue entre campesinos y Gobierno. Así mismo a las autoridades locales: el gobernador de Norte de Santander, Édgar de Jesús Díaz; los alcaldes municipales de Tibú, Hacarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra, Abrego, Sardinata y Ocaña, para que se vinculen a la construcción de este Acuerdo Social para el Catatumbo”.
Lo que se juega
La Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesina (Anzorc), que ha estado desde el inicio de la movilización extendiendo su respaldo, exigió una petición elemental: cumplir la ley 160 de 1994. Además estará acompañando de cerca la negociación pues sin duda su desarrollo es un punto neurálgico para el futuro de las zonas de reserva que están en proceso de consolidarse y declararse.
Las vías de comunicación como las del diálogo abiertas por el campesinado son el primer paso para el entendimiento. Sin embargo, muchos son los intereses que se ubican del otro lado de la negociación. Los proyectos minero-energéticos no se han desmontado y el Gobierno Nacional sigue empeñado en generar facilidades de explotación de carbón y extracción de petróleo en la región.
El país está atento a la negociación que servirá no solo en favor de los intereses de los catatumberos, sino como termómetro para el Gobierno Nacional que sigue sin entender que el diálogo es la primera y única alternativa para la solución de conflictos sociales de los que el país tiene una lista larga.
