El sistema de contratación pública está diseñado para favorecer la corrupción. La Ley 80 pone al país de rodillas ante los contratistas
Hernán Camacho
@camachohernan
La Ley 80 es el instrumento de contratación pública impuesto por el modelo neoliberal para privatizar las carreteras del país. Este dispositivo jurídico facilitó las condiciones para crear una poderosa clase empresarial que, desde finales del siglo pasado, viene marcando el ritmo de desarrollo económico y social del país.
La Ley 80 ha sometido las decisiones de política pública al privilegiar los proyectos viales o de infraestructura antes que los férreos, para así convertir la contratación pública en una vena rota del presupuesto nacional.
Cinco grandes empresarios en el país son dueños y patronos de la contratación de las obras públicas. Hacen carreteras y firman mega contratos leoninos de concesión que les permiten, por décadas, usufructuar utilidades por el mantenimiento de las carreteras o el pleno manejo de los peajes.
El cartel de contratistas del sector vial ha logrado convertirse en un poderoso grupo económico que pone a sus pies la administración pública nacional o regional. Utiliza la Ley 80 para crear complejos entramados empresariales que le permite cooptar una parte considerable de los impuestos de los ciudadanos, se rige por las reglas de los negocios privados a la hora de ser vigilados por el manejo de los dineros públicos que administra, y goza de los negocios proyectados a muchas décadas, con la seguridad jurídica que le garantiza minimizar los riesgos financieros y maximizar sus ganancias, sin importar el tamaño de la obra.
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Sarmiento Angulo
El primer megacontratista es el poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo; dueño de la empresa Corficolombiana. Este “cacao” se ha beneficiado de la contratación pública desde el gobierno de César Gaviria en 1990, en el que obtuvo contratos de grandes obras en Colombia.
En 1994, le fue entregado el manejo de la carretera Bogotá-Villavicencio, la conexión más importante con el oriente del país. VOZ ha denunciado que la concesión ha recibido el costo del valor inicial del contrato trece veces, aunque la administración de los tres peajes más caros de Colombia está en manos de Sarmiento Angulo hasta el año 2045.
La licitación Ruta del Sol II le fue adjudicada en 2010 a Corficolombiana, junto con su socio la multinacional brasilera Odebrecht. La empresa Corficolombiana también logró la operación de proyectos como la Ruta Conexión Pacífico 1, la Ruta Chirajara-Fundadores y la vía Villavicencio-Yopal, proyectos que suman veinte billones de pesos, y catorce peajes. Sarmiento administra la mayoría de las carreteras de los Llanos Orientales, donde, además, es propietario de tierras en los departamentos de Vichada y Guaviare.
Solarte
El ingeniero nariñense, Carlos Alberto Solarte Solarte, es otro de los grandes contratistas de obras públicas en el país. Su modelo de negocio es competir por los proyectos menos costosos y acompañar a los grandes contratistas en otros proyectos de mayor impacto económico.
Solarte fue fundamental en la estructuración técnica de la Ruta del Sol; acompañando a Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo en la confección, diseño y estructuración técnica de este proyecto, con una participación del cuatro por ciento en el consorcio.
El controvertido empresario nariñense tiene adjudicados dos grandes proyectos: la Autopista Conexión Norte y Remedios-Zaragoza, así como la carretera Neiva-Espinal-Girardot, que suman cinco billones de pesos. Solarte, además, es el mayor contratista de pequeñas obras en todos los departamentos del país.
Amín
Menzel Rafael Amín Avendaño es el dueño de las carreteras en el Caribe colombiano. Representa a la empresa KMA Construcciones y es responsable de diversos proyectos viales, como la vía Córdoba-Sucre adjudicada desde 2007 por un costo de 1.6 billones y con dieciséis años de manejo correspondientes a cuatro peajes.
Amín también tiene a su cargo el proyecto vial Troncal del Magdalena 1, entre Puerto Salgar-Barrancabermeja, y la Troncal del Magdalena 2, que va desde Sabana de Torres-Curumaní, y la nueva Ruta del Sol II, por un valor de 4,34 billones y el manejo de tres peajes por veinticinco años.
Aunque Amín es el gran contratista con menor número de contratos, manejó en total doce billones de pesos en carreteras privatizadas.
Huertas
Mario Huertas Cotes tiene una vasta experiencia en contratación. Ha sido protagonista de sonados casos de corrupción en Bogotá, bajo las alcaldías de Enrique Peñalosa. Huertas desarrolla su principal proyecto en Bogotá: la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO Sur, por un valor de 1,1 billones de pesos y una administración por 30 años de la vía, con la proyección de un peaje urbano.
Huertas tiene en su portafolio la construcción de la Autopista Conexión Pacífico, que va de La Virginia a La Pintada, por un costo de tres billones y la administración de cuatro peajes. El Vial del Oriente de Medellín, que une a Rionegro-Santuario-Guarne con Las Palmas, por un valor de 749 mil millones, con un plazo a 30 años para la entrega de la obra y dos peajes para administrar.
Además, Huertas es dueño de la concesión Honda-Puerto Salgar-Girardot y Siberia-La Punta-El Vino-La Vega-Villeta, obras que suman cuatro billones de pesos y una administración de cuatro peajes. En total, Huertas maneja ocho billones de pesos en proyectos viales.
Corrupción privada
El caso Odebrecht hoy se encuentra en la agenda pública, después de las sanciones que Corficolombiana recibió por parte de la justicia de los Estados Unidos, luego de iniciar una investigación en 2014 y encontrar a la multinacional brasilera responsable por sobornar para adquirir contratos de obra pública y usar bancos norteamericanos para triangular los pagos de los ilícitos a funcionarios públicos o empresarios privados en todo el continente.
Estos delitos fueron de conocimiento público, mediante la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2017, que ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión, alegando competencia desleal para la adjudicación de la Ruta del Sol II y descubriendo la gigantesca operación para la apropiación ilegal de los recursos públicos.
Para el caso colombiano, el funcionario de la Agencia de Nacional de Contratación, en 2010, arquitecto de la licitación a Odebrecht y Corficolombiana de la Ruta del Sol II, fue Gabriel García Morales, primer beneficiario de las coimas que la multinacional brasilera pagaba junto con su socio que, a su vez, afinaba la licitación con el vicepresidente de negocios para la época, José Elías Melo.
Las reuniones, que García y Melo realizaron para determinar las condiciones del contrato a la medida de las empresas Odebrecht y Corficolombiana, fueron la prueba reina para la justicia estadounidense. Incluso, García avaló el trazado sin medidas técnicas que a la postre se convirtió en la causa para otro detrimento patrimonial, a través de las ocho adiciones de contrato que modificaron el valor para favorecer a las empresas privadas.
Otra vez a licitación
Dos décadas después para adjudicarse de nuevo, la obra fue dividida en dos tramos conocidos, el primero, como la Troncal del Magdalena C1, que va desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta Barrancabermeja, con 259 kilómetros; y, el segundo, la Troncal de Magdalena C2, que va desde Barrancabermeja hasta San Roque, Cesar, con 268 kilómetros de longitud. La adjudicación de estos contratos se dio de junio a julio de 2022, durante el mandato del entonces presidente Iván Duque.
Llama la atención que la Ruta del Sol II pasó de costar dos billones a 8,8 billones de pesos, el tramo principal se dividió, pero quedaron en manos, nuevamente, de un solo contratista, Menzel Amín Avendaño, quien posee más de 45 peajes en el país.
Los cinco megacontratistas se presentaron en 2010 al proceso de licitación pública por la Ruta del Sol I, II y III. Estos cinco empresarios han sido señalados por delitos contra la administración pública y aún pueden seguir contratando con el Estado, como el caso de la empresa Odebrecht que, a pesar de su expediente criminal, puede presentarse a cualquier licitación de obra pública sin ningún reproche legal.
