En lo que el Consejo Nacional de Educación Superior ha llamado “Un gran acuerdo en el cual han participado 33 mil personas y 32 departamentos recorridos”, es inevitable que florezcan las dudas en cuanto a su carácter democrático de construcción.
Camilo Arturo Suárez Rojas
En lo que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ha llamado “Un gran acuerdo en el cual han participado 33 mil personas y 32 departamentos recorridos”, es inevitable que florezcan las dudas en cuanto a su carácter democrático de construcción. Es sospechoso que se haga ver lo supuestamente amplio y democrático que puede llegar a ser el acuerdo, teniendo como protagonista al gobierno nacional y al CESU.
En primer lugar es necesario preguntarse: ¿Qué es el CESU? Y ¿quiénes lo componen? Para la primera pregunta es necesario remitirse a lo que dice su página oficial, “como un organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría, y sus funciones están orientadas a proponer al Gobierno Nacional” (CESU, 2014). Solo leer el apartado “¿Qué es?” en su página oficial da muestras del sometimiento del organismo al Gobierno Nacional, en el que sus funciones de asesoría no le permiten por principio tener independencia.
Ahora bien, no solo se presenta una dependencia del gobierno nacional en funcionamiento, sino también en composición; más de la mitad de su composición está permeada por el gobierno, en donde solo el 11% de esta son estudiantes y profesores, lo que deja un tufillo antidemocrático en cuanto a la toma de decisiones y su misión.
En su afán por mostrar una apertura en la construcción de la política pública, se hace mención a unos supuestos aportes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE); es evidente que no existieron. La MANE afirma que una verdadera participación “debe surgir del debate participativo, de la discusión abierta en las universidades y plazas públicas y reconociendo la pluralidad de posiciones”.
En cuanto al documento se refiere, sus lineamientos obedecerían a los consejos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que refuerzan el carácter mercantil de la educación superior, en donde parece más un nuevo intento por incorporar en la educación superior los elementos que no pudo incluir, gracias a la decidida movilización del pueblo colombiano y el movimiento estudiantil que dio al traste con la intención de Santos de profundizar aun más el carácter mercantil y privatizador de la educación superior. Además de la intención por fortalecer la educación técnica y tecnológica, no en términos de calidad sino en términos de crear obreros útiles que desarrollen un trabajo monótono y para nada creador.
En este nuevo intento separa sus planteamientos en términos temporales no de forma inocente, sino que proyecta un plan a 20 años en los que a modo de gotero consolidaría sus pretensiones derrotadas por el movimiento estudiantil, lo que configura una nueva táctica del gobierno nacional para consolidar su proyecto educativo, entendiendo que la reforma a la ley 30 de 1992 unificó al movimiento estudiantil por contemplar sus pretensiones de forma inmediata.
El reto para el movimiento estudiantil es dejar atrás los sectarismos y demás problemas que tienen desarticulado el movimiento estudiantil, para llevarlo a un nuevo estadio de lucha que le permita unificarlo alrededor de una organización incluyente y democrática que tenga la capacidad de hacer frente a este nuevo desafío que al movimiento estudiantil se plantea.
