Grandes conglomerados empresariales financian partidos del sistema para asegurar la defensa de sus intereses, ya sea al redactar las famosas “leyes sastre” o al entorpecer cualquier iniciativa que ponga en riesgo sus cuantiosas utilidades
Sergio Becerra
La indignación popular ha puesto el foco en las decisiones adoptadas por la Comisión Séptima de Senado, tanto en abril de 2024 como en marzo de este año.
En esas dos oportunidades, la mayoría de los parlamentarios de esa corporación materializaron lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado un “bloqueo institucional”, estrategia impulsada por las élites del país para mantener el statu quo y frenar las reformas propuestas por el Gobierno nacional. Sin embargo, no es la primera vez que esta élite parlamentaria activa esta misma estrategia.
“Jugaditas” y leyes sastre
En abril de 2024, en medio de la discusión de la reforma a la salud, el senador Wilson Arias del Pacto Histórico demostró fácticamente como la mayoría de los parlamentarios de esta comisión se encontraban impedidos por evidente conflicto de intereses.
Sin embargo, tal y como lo permite la Ley Quinta que rige la actividad legislativa, estos votaron negativamente sus propios impedimentos y acto seguido sepultaron el proyecto de reforma a la salud. De nada importó que multinacionales como Keralty, compañía de capital español que anteriormente manejaba a la EPS Sanitas, fuesen financiadores directos de las campañas de los congresistas.
Esta maniobra permite a los grandes conglomerados empresariales privados financiar legalmente y en total impunidad a los partidos del sistema, para que después defiendan sus intereses redactando las famosas “leyes sastre”, llamadas así en los pasillos del Congreso porque están hechas a su medida.
Con este antecedente fue que en marzo se reeditó la “jugadita”. En esa oportunidad, de la forma más desafiante y descarada, ocho parlamentarios de esa comisión archivaron sin discusión la reforma laboral, proyecto que había impulsado la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez y que venía de ser aprobado en la Cámara de Representantes.
Cartel económico
De acuerdo con las cifras registradas por los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, CNE, se puede analizar la configuración de este método en su conjunto. Los aportes que hacen las grandes empresas a las campañas electorales, ya sean para Cámara o Senado, no solo son legales, sino que constituyen un negocio extremadamente rentable. Son de facto una inversión con retorno garantizado.
Los cuatro mayores aportantes privados a los partidos de oposición ─Liberal, Conservado, La U, Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde─, son por igual y sin distingo alguno: la Organización Ardila Lülle, Bavaria, el Grupo Aval (Luis Carlos Sarmiento Angulo) y Coca-Cola.
Es así como estas empresas aseguran que sus intereses económicos jamás sean tocados. Por ejemplo, han sido imposibles los intentos parlamentarios por reformar la ley para que la multinacional Coca-Cola pague lo justo por extraer el agua que le pertenece a la población de La Calera; o que las bebidas azucaradas y la cerveza paguen impuestos más altos; o que se debata la adjudicación de peajes, obras públicas y concesiones de carreras; o que se discuta sobre la redistribución de las cuantiosas utilidades bancarias.
Frente a cualquier iniciativa que toque estos poderosos intereses empresariales, automáticamente salen en su favor esta bancada interpartidista, que se mueve en contra de la democracia y de los derechos de sus propios electores. Son un auténtico cartel económico al servicio de sus patrones.
Captura del Estado
Al cruzar las cifras de lo que los partidos reciben en aportes de estas empresas con relación a lo que gastan en campañas, se puede observar que cuatro de ellos ─Liberal, Conservador, La U y la Alianza Verde─ gastan menos de lo que reciben. Es así como estas colectividades se constituyen en operadores económicos al servicio permanente de la gran empresa. En otras palabras, esos saldos a favor los convierten en esclavos del capital.
El economista y periodista Luis Jorge Garay, entre otros investigadores, ha denominado esto como la captura del Estado, la cual define como “la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público o privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones decretos y otras políticas del gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos”.
El desacato parlamentario
Cuando no son suficientes las “leyes sastre” ─realizadas por estas bancadas interparlamentarias─ y empieza a existir actividad en contra de sus intereses, estos grupos pasan inmediatamente a la ofensiva política en el Congreso. De ahí el constante “bloqueo institucional”, revelado inclusive contra la ley de financiamiento de 2024, algo que nunca antes se había visto en Colombia.
El mecanismo utilizado para enterrar la consulta popular el pasado 14 de mayo es una clara evidencia de este patrón: la toma hostil de la democracia en contra de los legítimos intereses de las mayorías populares.
Por eso, si aún existen dudas sobre la necesidad de la consulta popular, es importante recordar que los mismos que recomendaron la privatización del Estado en 1991 y que después votaron la normativa que lo permitió ─Ley 226 de 1995─, son los mismos que después adquirieron las empresas privatizadas para financiar las campañas de los partidos políticos que defienden el statu quo. Son los mismos que hoy se oponen al mandato de doce millones de personas y a la participación del constituyente primario.
Esos mismos partidos políticos y congresistas son quienes el pasado lunes 9 de junio se han declarado en sesión permanente, suspendiendo cualquier discusión o trámite legislativo en el Senado. Esta acción, que aparentemente se da como una reacción al atentado en contra del congresista Miguel Uribe, en realidad tiene el objetivo de desconocer al presidente Gustavo Petro como garante electoral, dejando en evidencia aún más esa peligrosa captura del Estado.
