El acuerdo sobre la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición es de vital importancia para el proceso de paz. Es una derrota a los opositores al acuerdo político de paz estable y duradera.
Redacción de Paz
Por fin hubo humo blanco. No fue fácil. Fueron necesarias largas discusiones y, sobre todo, convencer al presidente Juan Manuel Santos, bajo enorme presión del uribismo, de la cúpula militar, de la “gran prensa” y de sus propias debilidades, para que al terminar el ciclo 37 de la Mesa de Diálogos, el 4 de junio próximo pasado, se anunciara el acuerdo para la creación de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que estará conformada por 11 comisionados y cuya duración será de tres años.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los enemigos conocidos y declarados de la paz (Uribe, Centro Democrático, Ordóñez, José Obdulio y Paloma Valencia, entre otros ya conocidos de autos) se manifestaron en contra. Estaban ilusionados con lo que Santos había dicho en varias ocasiones: los únicos que deberían ser enjuiciados como victimarios son los jefes de la insurgencia.
Sin embargo, la mayoría de los colombianos y de la comunidad internacional recibieron muy bien la noticia. “Llegó el momento de la verdad”, “la verdad tiene la palabra”, “la hora de la verdad”, “es un paso trascendental y hasta histórico”, fueron las exclamaciones de voceros de la izquierda, de los partidos de la Unidad Nacional, de organizaciones no gubernamentales y de académicos que siguen en detalle y rigor cada paso que se da en el proceso de paz.
Mientras en La Habana, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, decía que “es la primera vez que las FARC aceptan un sistema integral de justicia”, en Bogotá el presidente Santos escribió en Twitter: “Celebramos acuerdo en La Habana sobre creación Comisión de la Verdad. Importante paso”.
Un paso importante
Y ese es un paso importante, como también lo reconocieron los dirigentes de las FARC-EP, porque más allá de la explicación limitada de Humberto de la Calle Lombana, en realidad, al final, los voceros gubernamentales tuvieron que aceptar que el universo de las víctimas sea más ancho para el conocimiento de la Comisión.
“Todos tienen que darle la cara a las víctimas sobre la base del origen del conflicto, sus causas, sus razones, sus víctimas y victimarios”, dijo Carlos A. Lozano Guillén al intervenir en el XI Congreso de Fensuagro en Bogotá, durante el fin de semana pasada. Y agregó: “El Gobierno Nacional no podrá eludir el reconocer la responsabilidad histórica del Estado en el conflicto como principal responsable de la violencia en Colombia, junto a sus paramilitares, políticos tradicionales, empresarios, ganaderos, militares y los gobiernos de Estados Unidos que estimularon y financiaron buena parte de la guerra contrainsurgente y anticomunista del Estado colombiano”.
Pero al mismo tiempo, como lo advirtieron la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana y analistas independientes, el acuerdo abre la puerta para examinar otras posibilidades e investigar con rigor otros episodios del conflicto, porque este es un asunto fundamentalmente político y no jurídico como lo pretenden el Gobierno Nacional y algunos de sus amanuenses, que sueñan con ver tras las rejas a los comandantes guerrilleros como si así le pusieran punto final al conflicto de 60 años que tiene origen en causas políticas, sociales y económicas.
Otto Morales Benítez, en su sabiduría, advirtió en su última entrevista de prensa, pocas semanas antes de morir, que un conflicto de la naturaleza del colombiano no se resuelve con encarcelar a los guerrilleros. “Nadie pacta un acuerdo de paz para irse a prisión”, dijo Morales Benítez, uno de los pioneros en el país de los diálogos de paz con la insurgencia.
Otras posibilidades
Varios voceros de organizaciones no gubernamentales y del Frente Amplio por la Paz respaldaron la propuesta guerrillera de hacer públicos los archivos de inteligencia militar sobre el conflicto.
“Necesitamos abrir esos archivos. Llegó la hora de conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos de los máximos responsables que nos han impedido en 190 años de vida republicana salir del oscuro laberinto de exclusión y violencia política que aflige y que todavía mantiene a Colombia encadenada al despotismo de la guerra. Necesitamos, como el aire para respirar, la paz; y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”, dice un comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP, divulgado el mismo día del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad en la capital cubana.
“¿Por qué reclamamos que se abran los archivos? Porque la paz necesita la verdad, identificar a los responsables supremos del conflicto social y armado, para, a partir de la verdad histórica, acordar fórmulas de solución, ya sean políticas, ya sean jurídicas. No compartimos que se objete la apertura de los archivos aduciendo normativas obstruccionistas inventadas para ocultar la verdad. No estamos pidiendo que se abran los archivos de la política internacional de Colombia, sino aquellos referidos a la violación sistemática de los DDHH y el DIH, al paramilitarismo, los falsos positivos, crímenes de lesa humanidad y a todos aquellos que develan la existencia de victimizaciones sistémicas”, dice la misma declaración.
Falta aún, por supuesto, definir el concepto de aplicación de la justicia, porque el Gobierno Nacional y los intereses que representa insisten en la llamada justicia transicional que es selectiva y excluyente, al contrario de lo estipulado sobre el universo a estudiar por la Comisión de la Verdad.
“Hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la comunidad internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado. En Colombia se penaliza el derecho constitucional a la protesta, que para que sea protesta tiene que ocupar vías y obstruir el transporte público. Se encarcela a quien lance objetos contra la Policía represora”, dijo Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP.
La Comisión
La comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, nombre que se le dio, comenzará a operar una vez se firmen los acuerdos de paz. Será de once comisionados, tres de los cuales serán extranjeros. Su presidente será una personalidad colombiana de solvencia académica e intelectual. La vigencia será de tres años.
Ha sido definida como un mecanismo independiente e imparcial de carácter judicial. La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación. El estudio y análisis abarcará todo el periodo del conflicto y el principal insumo es el informe de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas. El universo es total, no hay exclusiones y se tendrá en cuenta no solo a la guerrilla sino también al Gobierno, los paramilitares, los empresarios, los militares y todos aquellos que resulten comprometidos en la promoción, complicidad y ejecución de delitos de lesa humanidad.
El trabajo de la comisión por las funciones que tiene es clave. “La comisión tendrá la dura labor de mirar hacia el futuro: reabrir heridas, sí, pero también construir una mejor convivencia en los focos de la guerra”, dice el editorial de El Espectador del pasado domingo 7 de junio.
“Cometen una gran equivocación todos los sectores que piensan que a sangre y fuego las FARC van a aceptar condiciones de sometimiento. Ese es un camino que no da resultados. Para hablar de justicia hay que hablar de verdad. Sin establecer la verdad completa es imposible hablar de responsabilidades y la guerra en Colombia tiene múltiples: políticas, económicas, militares, morales y penales”, le dijo Pablo Catatumbo a El Espectador en entrevista con Alfredo Molano Jimeno el domingo anterior.