A la tradicional vocación contrainsurgente de esos grupos se añade una estrategia anticampesina, ligada al despojo de tierras en beneficio de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales y grandes latifundistas.
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El senador Iván Cepeda afirmó hoy que el comportamiento febril del paramilitarismo en Colombia responde a una maniobra de la extrema derecha para entorpecer e incluso echar por tierra los progresos en los diálogos con la insurgencia.
Durante una audiencia pública en el Congreso, el parlamentario por el Polo Democrático Alternativo (PDA) consideró que a la tradicional vocación contrainsurgente de esos grupos se añade una estrategia anticampesina, ligada al despojo de tierras en beneficio de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales y grandes latifundistas.
Esas estructuras han estado enfiladas hacia los movimientos guerrilleros paralelamente son la principal fuerza contra nuestro campesinado, insistió el legislador quien pidió llamar a cada fenómeno por su verdadero nombre.
Estamos ante un flagelo que hemos visto evolucionar en el tiempo y que no es otro que paramilitarismo, parapolítica, paraeconomía, enfatizó.
Cepeda reiteró su denuncia sobre los nexos de esas últimas agrupaciones con la actual ofensiva encaminada a frenar la campaña de restitución de tierras, en virtud de la cual deberán ser devueltos a sus propietarios los predios que les fueron arrebatados en el contexto del conflicto armado.
En su disertación ante otros congresistas, defensores de derechos humanos, activistas de movimientos sociales, aseguró que la usurpación de terrenos en la nación andina ha estado sustentada en tres principios: aniquilar a los ocupantes, comprar luego y después legalizar.
El copresidente de la Comisión de Paz del Senado advirtió que hay inquietud y molestia dentro de ciertos sectores a lo interno del país por los avances de las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Especialmente -expresó- porque el primer preacuerdo conseguido con el Gobierno persigue una reforma del campo, con beneficios para los pequeños agricultores.
Desde 2012 equipos gubernamentales y de esa organización rebelde dialogan en Cuba con el objetivo de hallar una salida negociada a la contienda, prolongada durante más de medio siglo, pláticas las cuales transitan hacia la que pudiera ser su etapa final.
En tanto las reuniones formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado también en la conflagración, están en fase de preparación.
Estamos aquí para decir un gran ¡No! a los planes de la extrema derecha, les vamos a cerrar el paso, los pondremos en evidencia y saldremos a las calles a defender una paz con justicia social y sin paramilitares, subrayó.
En la propia audiencia del Congreso, el Representante a la Cámara Alirio Uribe calificó de fracasado el proceso de desmovilización de esas bandas (del paramilitarismo) nombrado como Justicia y Paz, marco jurídico promovido en la década pasada.
Hubo falsas desmovilizaciones, algunos volvieron a armarse, otros fueron recapturados por incurrir nuevamente en crímenes, sin soslayar los exterminados porque siguieron delinquiendo o para que no contaran lo sucedido, además surgieron nuevas formaciones de ese tipo, argumentó el también representante del PDA, principal convergencia de izquierda en Colombia.
Según estadísticas mencionadas durante su reflexión, por lo menos 14 estructuras paramilitares operan ahora en 338 municipios.
Uribe consideró que existe inacción o ineficacia de la Fiscalía, la cual deberá investigar ese fenómeno en todas sus dimensiones, incluidos los nexos con los políticos y la economía (financiadores a partir de fuentes ilegales pero también lícitas), así como posibles conexiones o complicidad con la Fuerza Pública, añadió.
No digo que no estén actuando, por eso el llamado «plan pistola» contra policías en determinados lugares, como medida de retaliación, pero en otras localidades la realidad es distinta pues prevalece la connivencia, denunció.
Adicionalmente cuestionó a la Procuraduría donde permanecen archivadas o en fase preliminar indagaciones sobre funcionarios públicos presuntamente vinculados a ese mal, entre ellos miembros de alcaldías, gobernaciones, efectivos de la Armada, la Policía, e integrantes del Congreso, explicó.
El Estado colombiano no reconoce la existencia del fenómeno del paramilitarismo y sí el accionar de estructuras que clasifica como delincuenciales.
Defensores de derechos humanos atribuyen a paramilitares las crecientes agresiones y homicidios de que son víctimas, junto a líderes campesinos, indígenas y opositores.
