Denunciada Empresas Públicas de Medellín e Hidroituango por la tala indiscriminada de más de cuatro mil hectáreas de bosque en el cañón del río Cauca, en Antioquia
Redacción DD.HH.
Esta intervención ambiental la vienen adelantando Empresas Públicas de Medellín, EPM, e Hidroituango S.A. E.S.P. Las 14 asociaciones de campesinos afectados han denunciado que dicha megaobra ha talado indiscriminadamente más de cuatro mil hectáreas de bosque seco tropical. Esta composición de bosque se encuentra especialmente protegida por tratados internacionales y normatividad interna. Sin embargo, el proyecto sigue en pie y los habitantes aledaños a la zona se quejan, pues además su actividad principal en el lugar, el barequeo, se ha visto afectado por dicha construcción.
Este proyecto se inició en el año 2009 y está en un porcentaje de ejecución del 30% aproximadamente. Dentro de las obras de adecuación está la construcción de un muro de 225 metros, el cual creará un embalse cuya extensión alcanzará 79 kilómetros a lo largo de cañón del río Cauca.
La defensa de los derechos ambientales
Dada la magnitud de la afectación ambiental, en donde se han venido violando sistemáticamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los civiles y políticos, gracias a este megaproyecto hidroeléctrico, hoy calificado como el más grande que se adelanta en la actualidad en Colombia, las comunidades aledañas al cañón del río Cauca, en el norte y occidente antioqueño, han decidido organizarse y exigir sus derechos al trabajo y a un ambiente sano.
La organización Ríos Vivos Antioquia, junto a varios líderes sociales y campesinos de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquía, Valdivia, Briceño, Yarumal, Peque, Sabanalarga, Caucasia, llegaron a la ciudad de Bogotá en búsqueda de apoyo y con el ánimo de hablar sobre dicha problemática.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” buscó elevar exigencias ante cada una de las entidades competentes: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, el Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas Antipersonal, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Von Humboldt, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Igualmente se desarrolló una audiencia en el Congreso de la República sobre los efectos negativos que genera la declaratoria de “utilidad pública” de megaproyectos hidroeléctricos que afectan de manera grave, irreparable e irreversible tanto a comunidades como a ecosistemas.
