¿De quién son las tierras que le atribuyen a las FARC?

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Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas. Aprobada desde 1997.

A propósito de la incautación de tierras en el Meta y Caquetá

Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas. Aprobada desde 1997.
Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas. Aprobada desde 1997.

Agencia Prensa Rural

Recientemente fue anunciada por el presidente Santos una incautación de tierras de las FARC en los departamentos de Meta y Caquetá.

Dicho anuncio, publicitado por la gran prensa como “la operación más grande de incautación de activos”, no podía pasar de agache en La Habana, donde las FARC y el gobierno buscan poner fin al conflicto mediante el diálogo.

Santos le dijo al país que cerca de 280 mil hectáreas habían sido recuperadas de las manos del grupo insurgente y que harían parte del Banco de Tierras acordado en el punto uno de la Agenda de La Habana.

Desde entonces, varios funcionarios públicos han salido en noticieros de radio y televisión para respaldar la publicitada mentira de que los integrantes de la guerrilla son “los terratenientes más grandes que hay en Colombia”.

El supuesto gran baldío

Las tierras que supuestamente estaban en manos de las FARC fueron colonizadas por campesinos llegados de varias regiones del país, quienes huyendo de la violencia “abrieron el monte” a punta de machete y se establecieron en las zonas rurales de los municipios de San Vicente del Caguán, La Uribe y La Macarena.

En las tierras en mención confluyen varias figuras jurídicas. Allí hay una Zona de Reserva Campesina, la del Pato-Balsillas, creada desde 1997. También se encuentran el Parque Natural Tinigua y el Parque Cordillera de Los Picachos, dos parques nacionales naturales que la Constitución declara como propiedad del Estado y que no pueden ser tocados.

Además de las dos figuras de reservas, dentro de las tierras que el gobierno ha dicho irán al Banco de Tierras también hay proyectos de exploración de hidrocarburos que vienen desarrollando las transnacionales Hupecol y Canacol. Y como si fuera poco, muy cerca de dichos terrenos, la transnacional Emerald Energy desarrolló, desde 2011, un proyecto de explotación de petróleo que abandonó hace algunos meses.

Títulos de propiedad para los campesinos

La semana pasada la Delegación de Paz de las FARC emitió su opinión frente al tema, desmintiendo las versiones oficiales que los sindican de apropiarse de nueve fincas en los departamentos del Meta y Caquetá. El grupo insurgente llamó al gobierno a que les sean entregados los títulos de propiedad a los campesinos que históricamente han vivido y trabajado esa tierra.

“Es claro que en todo el país ocurre lo que en San Vicente del Caguán, donde de las tierras supuestamente incautadas a las FARC por lo menos el 50 por ciento son parques naturales sobre los que respecto a los campesinos se argumenta que no se puede entregar títulos, pero en cambio a las petroleras ya se les ha otorgado concesiones”, afirman.

Con la operación de incautación el gobierno logró publicitar su política de restitución de tierras, mostrándose como el gobierno que recupera tierras en manos de la insurgencia para entregárselas a los campesinos víctimas de desplazamientos.

Las comunidades campesinas preparan una acción de movilización en defensa de su territorio. Como primer ejercicio de defensa y resistencia realizarán una audiencia pública en La Macarena. Del 28 al 30 de septiembre, campesinos, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales darán cuenta del legítimo derecho que tienen los campesinos a obtener títulos de propiedad sobre las tierras que el presidente Santos ha anunciado serán parte del Banco de Tierras.