A la Provincia de Sumapaz, fuente de aguas para los Llanos Orientales, para el Distrito Capital y el centro del país, le va a recaer un nuevo atentado criminal contra el agua, la flora y la fauna de la región y el buen vivir de las comunidades campesinas ligadas a la producción de alimentos.
Nelson Viloria Larios
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene dividido el territorio colombiano a través de bloques (porción de terreno, área del subsuelo, que el gobierno colombiano cede a través de contrato a una empresa petrolera) y son entregados a las empresas nacionales, como Ecopetrol, pero sobre todo a las transnacionales.
A 7 de marzo de 2014, el territorio colombiano está dividido en 812 bloques; 521 ya distribuidos entre las distintas empresas petroleras transnacionales y nacionales en exploración, explotación y producción; y 291 bloques disponibles, esperando ser devorados por las empresas transnacionales. De éstas, en el 2014, para la Ronda Colombia, están en la mira 65 bloques y seis bloques de áreas de reservas. Quedan entonces 220 bloques para los servicios del gran capital transnacional.
Existen 123 empresas petroleras que tienen bajo su control esos 521 bloques, con un área de 46’853.597,52 hectáreas. Los 291 bloques disponibles corresponden a 33’250.801,5 hectáreas. Es decir, el área total del país destinada hasta hoy para la explotación petrolera es de 80’104.399,02 hectáreas.
La utilización del territorio colombiano, los usos del suelo, no están destinados a la producción de alimentos, sino al servicio de las transnacionales petroleras, para este caso.
Transnacional ADA
En la Ronda Colombia, Open Round 2010, la ANH hace un convenio con la empresa transnacional Australian Drilling Associates Pty Ltd Sucursal Colombia, conocida en Cundinamarca como ADA. Se firma contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos E&P 42, de 16 de marzo de 2011. El área total otorgada es de 76.719 Ha con 2.889 m2. Dicha área es conocida como Bloque COR 4 (COR: Cordillera Oriental).
La empresa petrolera transnacional australiana realizará sus actividades en 12 municipios de cuatro provincias del departamento de Cundinamarca. Provincia del Tequendama: Anapoima, Mesitas de El Colegio y Viotá. Provincia del Alto Magdalena: Nilo. Provincia de Soacha: Sibaté y Soacha. Provincia de Sumapaz: Arbeláez, Fusagasugá, Granada, Pasca, Silvania y Tibacuy.
El contrato con la ADA sólo se dio a conocer en septiembre de 2013, para los municipios de Fusagasugá y Pasca. Hoy se encuentra en la clandestinidad para los municipios restantes. Es decir, las autoridades municipales y el conjunto de las comunidades desconocen la existencia de dicho contrato. Se han determinado cinco veredas para el municipio de Pasca y 17 veredas para el municipio de Fusagasugá. Hoy no se sabe cuántas veredas serían afectadas por el accionar de la transnacional australiana ADA.
Este contrato va acompañado de sísmica de 20 kilómetros y perforaciones de 11 kilómetros.
Atentado criminal
Para el caso de Viotá, que en idioma muisca significa tierra de aguas vivas o cultivos, que es la principal riqueza y única esperanza para los campesinos en el proceso de producción de alimentos, se encuentra amenazada. A la Provincia de Sumapaz, fuente de aguas para los Llanos Orientales, para el Distrito Capital y el centro del país, le va a recaer un nuevo atentado criminal contra el agua, la flora y la fauna de la región y el buen vivir de las comunidades campesinas ligadas a la producción de alimentos.
Las explotaciones minero-energéticas legales, ligadas a las grandes empresas transnacionales, vienen trayendo tras de sí una oleada de muerte, desolación, destrucción de la economía campesina, contribuyen al calentamiento global, atentan contra la cultura campesina, fomentan el paramilitarismo, un incremento de las responsabilidades municipales, entre muchas otras.
Autonomía de las comunidades
La política de los regalos de las transnacionales, es decir las regalías, debe acabarse. El 60% de la producción minero-energética debe ser del Estado. A los 20 años de explotación, todas las infraestructuras minero-energéticas pasarían al Estado. La autorización de las licencias para la explotación minero-energética sería una licencia social ambiental que darían las comunidades y no la ANH. Los territorios rurales campesinos tienen que ser declarados como zonas de reservas campesinas o zonas campesinas de producción de alimentos, entre otras, donde las políticas públicas estén dirigidas al buen vivir de los campesinos y de los sectores populares de los centros urbanos.
