¿Cultura criminal corporativa?

El fatal hecho en el que un vagón del Metrocable se desplomó, ocasionó la muerte de una persona y resultaron varias heridas, no es más que la repetición de varios sucesos derivados de la extrema tercerización en distintos servicios de la empresa

Alejandro Cometa

Antioquia ha sido el epicentro del laboratorio paraestatal. No gratuitamente la mayoría de las víctimas del conflicto armado, entre ellas el mayor número de víctimas del genocidio político contra la Unión Patriótica, se encuentran en este departamento. Ello gracias a la configuración de una forma articulada de la criminalidad empresa-Estado.

El Urabá antioqueño fue sometido a dinámicas paraestatales que “limpiaron” el territorio de todo proyecto social o de izquierda. Hoy sobre esos territorios se construyen tres grandes puertos para la entrada de mercancías, ya que poco queda de producción nacional en el departamento.

Para mencionar unos ejemplos, ya las ciudades textiles de Medellín y Bello, con Fatelares y Tejicondor, que jalonaron parte del desarrollo en el departamento, son grandes terrenos que están siendo liquidados por lotes para la construcción de centros comerciales. Igual suerte corrió Colpisos donde hoy existe un Éxito.

La definición empresarial

El Metro de Medellín surge bajo la premisa del empuje paisa y la necesidad de mejorar las formas de transporte público para una ciudad en crecimiento. Fue así como se asociaron el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín para la creación de la empresa.

Desde 1979, la firma Mott, Hay & Anderson Ltda. realizó los estudios de factibilidad técnica y económica. Pronto, al igual que con el metro de Bogotá, la discusión en Medellín se convirtió en una disputa entre élites económicas que incrementó los costos de la realización del proyecto. Finalmente, el 30 de noviembre de 1995 el Metro dio inicio a su operación luego que sus obras empezaran en 1984, realizadas por empresas alemanas y españolas.

La hoy Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada Metro de Medellín Ltda. es “una sociedad pública sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, compite de forma directa con el sector privado, por lo que goza de autonomía administrativa y financiera. Sus socios son, en igual proporción, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. Asimismo, es una entidad descentralizada adscrita al municipio de Medellín, haciendo parte de su Modelo de Gestión de Conglomerado Público”.

Las denuncias y los hechos

La anterior definición solo se aplica en el papel de los estatutos, ya que de público la empresa solo tiene su capital. Como constantemente lo ha denunciado el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte del Valle de Aburrá, Sintrametro, la empresa implementa mecanismos que aumentan las ganancias de la empresa y sus directivos, configurándose entramados de corrupción.

Estos hechos fueron denunciados por la senadora Piedad Córdoba (q. e. p. d.) en su cuenta de X, solicitándole al Gobierno nacional intervenir en ellos. Uno de estos es la falsificación de las tarjetas de control SIEMENS fabricadas en Medellín. Estas eran fabricadas por una empresa local y entregadas a la Empresa Metro de Medellín, que a su vez las hacía pasar como tarjetas importadas y eran cobradas a precios exorbitantes. Hoy la justicia investiga a sus fabricantes y no al presunto entramado de corrupción al interior de la empresa.

El fatal acontecimiento ocurrido recientemente, en el que un vagón del Metro Cable línea K, que opera en el Nororiente de la ciudad, cayó y dejó a una persona muerta y varias heridas, no es más que la repetición de varios hechos producto de la tercerización extrema de varios servicios en la empresa, en este caso puntual, el mantenimiento del sistema de cable y sus vagones. Pero igual sucede con taquilleros y otros empleados, como también lo ha denunciado Sintrametro.

En el caso de taquilleros y conductores del metro se han realizado alianzas para emplear jóvenes universitarios por medio de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, CIS, u otras empresas, pagándoles malos salarios y aprovechando las necesidades de los jóvenes estudiantes. Según estimados de Sintrametro, al menos el 60 por ciento de la operación del sistema metro, cifra que viene en aumento, está en manos de obreros tercerizados, con precarias garantías laborales.

Elejalde

Otro elemento preocupante es que, a pesar de todas esta irregularidades y entramados de corrupción que configuran una cultura criminal corporativa, el ingeniero Tomás Elejalde lleva veinte años en la empresa y ha sido durante muchos de ellos gerente y ejecutivo.

Elejalde es hijo de una familia históricamente vinculada a las empresas públicas del municipio y el departamento, ha sido directamente el encargado de este entramado de corrupción política e implementación de modelos neoliberales de administración, que lastimosamente ya están siendo exportados y ha hecho que, bajo la fachada de la Cultura Metro, la empresa administre y opere el Metro de Quito en Ecuador.

Dentro de la Junta Directiva, el Gobierno nacional tiene cinco representantes que podrían ayudar a prevenir las formas en las que la criminalidad corporativa opera al interior del Metro de Medellín. Esas formas que han robado a los antioqueños, como en Hidroituango, y que prestan un pésimo servicio a la ciudadanía, poniendo en riesgo la vida de los usuarios e incluso la de sus propios empleados, como hasta el cansancio lo ha denunciado Sintrametro.