En Colombia, miles de niños y niñas son víctimas de abuso sexual cada año, mientras un sistema indiferente perpetúa la impunidad. La justicia, lejos de proteger, revictimiza y abandona a la infancia más vulnerable del país
Flora Zapata
En Colombia, miles de niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual cada año. Sin embargo, la mayoría de estos casos nunca llegan a una sentencia judicial. Natalia Parra, abogada y defensora de derechos humanos de la organización Humanidad Vigente, expone con crudeza las profundas fallas estructurales que perpetúan esta realidad.
“En Colombia no estamos hablando solamente de abuso sexual. Estamos hablando de violencia sexual, delitos sexuales graves que dejan secuelas físicas, psicológicas y sociales devastadoras”, afirma Parra. Según explica, el Código Penal colombiano contempla delitos como actos sexuales abusivos, acceso carnal violento, inducción a la prostitución, explotación sexual comercial infantil, pornografía infantil y abuso con incapaz de resistir. Muchos de estos crímenes están acompañados de agravantes, como que el agresor sea una figura de autoridad, familiar o cuidador, o que la víctima tenga una discapacidad o esté en condición de vulnerabilidad.
Uno de los casos más representativos —y dolorosos— es el del profesor Fredy, quien, aprovechando su rol de educador y protector, abusó sistemáticamente de menores a su cargo. “Es un claro ejemplo de cómo la figura de poder puede ser utilizada para someter, manipular y silenciar a las víctimas”, lamenta la abogada.
emergencia nacional
Los datos son escalofriantes: según Medicina Legal, en el primer semestre de 2023 se realizaron más de 5.500 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual, y el 79% de las víctimas eran menores de edad. En 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió a 18.746 casos de violencia sexual contra menores, y solo en enero de 2025 se abrieron 1.702 casos por la misma causa.
Pero detrás de estas cifras hay miles de casos ocultos. Parra señala que el escepticismo social frente a la justicia y la revictimización que enfrentan los menores al denunciar, impide que muchas familias den el paso. “Contar el abuso una y otra vez a diferentes funcionarios del Estado solo profundiza el trauma. Y muchas veces ni siquiera reciben acompañamiento psicológico”.
Desde Humanidad Vigente, brindan asistencia legal y psicosocial a las víctimas y sus familias, y también exploran vías internacionales de justicia. “El 95% de los casos en Colombia quedan en la impunidad”, afirma Parra. “Por eso, acompañamos procesos ante organismos internacionales cuando el sistema nacional falla”.
Sobre la prevención
Para prevenir el abuso, Parra subraya la importancia de escuchar a los niños y estar atentos a cambios en su comportamiento. “Un cambio repentino de actitud siempre tiene una causa”, insiste. También advierte sobre el rol de las redes sociales y entornos digitales, que se han convertido en canales predilectos de los agresores.
En las escuelas, es urgente implementar pedagogías claras sobre rutas de atención en casos de abuso, protocolos de denuncia efectivos y vigilancia activa de comportamientos sospechosos. “Los profesores deben estar capacitados para identificar señales de abuso y saber cómo actuar. Si un niño llega con un moretón o con ansiedad extrema, no se puede pasar por alto”.
En los hogares, conocer la rutina, amistades y actividades de los menores, así como involucrarse en su entorno educativo, es clave. “Muchos casos de abuso son cometidos por personas cercanas. A veces, incluso por las parejas sentimentales de los cuidadores”, advierte.
Barreras para denunciar
Entre los principales obstáculos para denunciar el abuso infantil están el miedo, la manipulación del agresor, la normalización de la violencia y la desconfianza institucional. “Hay niños que cargan con el abuso durante años. Les han hecho creer que fue su culpa. Y cuando finalmente se atreven a hablar, el sistema les da la espalda”.
El problema se agudiza en zonas rurales, donde el acceso a la justicia es casi inexistente. “Allí, el casco urbano puede estar a tres o cuatro horas de distancia. Las víctimas no saben cómo denunciar, y muchas veces el único ente estatal presente es una comisaría con recursos limitados”, denuncia Parra.
Además, cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o tienen alguna discapacidad, se enfrentan a barreras lingüísticas, culturales y de accesibilidad que dificultan aún más la denuncia.
¿Qué cambios son urgentes?
Parra no duda en señalar que Colombia necesita una reforma estructural. “Las políticas públicas que existen son ineficientes. No hay un sistema especializado en violencia sexual infantil. Faltan funcionarios judiciales capacitados, y los que hay muchas veces carecen de empatía. Las víctimas sienten que no las creen”.
Para ella, es fundamental una política nacional de prevención del abuso infantil que sea práctica, territorial y diferencial. “No sirve de nada crear estrategias desde Bogotá si no llegan a las veredas donde ocurren muchos de estos crímenes. Las campañas deben llegar a donde no hay internet, luz o agua potable”.
También insiste en el fortalecimiento de redes de protección locales, capacitación de docentes y atención primaria integral en colegios. “Cuando un niño llega con señales de maltrato, hay que actuar de inmediato. No es normal que un menor llegue con un ojo morado y nadie pregunte por qué”.
El testimonio de Natalia Parra revela un sistema que, pese a sus leyes, sigue fallando en su misión de proteger a los más vulnerables. En Colombia, hablar del abuso infantil no puede seguir siendo un tabú. Se requiere una respuesta articulada, empática y efectiva. Porque cada día de silencio es un día más de impunidad, y un día menos de infancia.
