Los asesinatos, atentados, desplazamientos, amenazas y la penalización de la protesta social no cesan en 2014. La falta de garantías sindicales se expresa nuevamente
Redacción laboral
En Colombia se producen hechos que a diario reafirman la falta de garantías sindicales y políticas para el ejercicio del derecho de asociación, negociación, huelga y para la participación política de los sectores populares y de oposición. Por eso el Colectivo Sindical Clasista Guillermo Marín denuncia el incremento de la persecución al movimiento sindical.
El viernes 10 de enero pasado, cuando los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), afiliados a Sintraelecol y la CUT, realizaban una manifestación para reclamar el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo y denunciar las arbitrariedades y abusos que cotidianamente comete Empresas Públicas de Medellín (EPM) con los caldenses, cerca de la plaza de toros de Manizales fueron agredidos por el Esmad a golpes y con artefactos explosivos.
Uno de estos dejó lesionados a varios trabajadores y a sus esposas. Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT de ese departamento, tiene una grave lesión en sus ojos, al punto que puede perder uno.
A este atentado se suma la persecución por la que atraviesa Óscar Arturo por parte de los organismos de seguridad y de justicia del Estado, en particular por la Fiscalía General de la Nación, que lo acusa por supuestos “montajes o autoatentados”. Todo en contravía del ejercicio y actividad cotidiana que diariamente realiza en favor de los trabajadores y el pueblo caldense.
En 2014
El Colectivo enumera algunos de los hechos más importantes de este y el pasado año en materia de violación a los derechos humanos en Colombia: Húbert Ballesteros, dirigente nacional de la CUT, dirigente nacional agrario e integrante de la Marcha Patriótica, en el marco del paro nacional agrario de 2013 fue detenido por supuestos vínculos con la insurgencia.
En 2013 fueron asesinados 19 maestros de la Fecode. Héctor Sánchez, Campo Elías Ortíz y José Dilio Naranjo, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación. Los tres son testigos clave en la investigación que adelanta la Unidad Nacional de Contextos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación al derecho de asociación por parte de Pacific Rubiales. Han sido activos defensores de los derechos de los trabajadores de esta compañía multinacional, por lo cual su detención constituye un nuevo caso de criminalización de la protesta social.
Y Ever Luis Marín Rolong, integrante de la comisión de quejas y reclamos de Sinaltraceba, asesinado en Barranquilla el 4 de enero pasado.
