Doce municipios de la Sabana de Bogotá, incluyendo la capital, se encuentran en un momento de vulnerabilidad por cuenta de la escasez del líquido vital que consumen más de diez millones de habitantes. ¿Cómo se llegó a esta situación crítica? ¿Son suficientes las medidas de racionamiento? ¿Qué otras soluciones se pueden implementar para no llegar al temido “día cero”?
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
La crisis de agua potable en Bogotá llegó a un punto crítico. Esta situación quedó en evidencia finalizando el mes de septiembre, cuando la Alcaldía de Bogotá informó a la ciudadanía que volverían las medidas de racionamiento del liquido vital.
“Las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron. Como todos lo han visto en julio, agosto y septiembre, que son históricamente los meses que tienen más precipitaciones en la ciudad y la región, han sido atípicamente secos”, explicó en esa oportunidad el alcalde Carlos Fernando Galán.
El burgomaestre también recordó que 2024 ha sido el año más seco desde 1995, lo que se vio traducido en 36 días sin precipitaciones en los embalses que componen el Sistema Chingaza. Esta situación fue la que obligó en volver a implementar las medidas de racionamiento.
El debate
Días después, el 7 de octubre se reunieron representantes del Gobierno nacional y el Distrito para iniciar un trabajo conjunto para establecer un acuerdo sobre el futuro del agua en Bogotá. En ese encuentro no solo se identificó que la capital de la República se encuentra en un momento de vulnerabilidad climática en torno al líquido vital, sino que se estableció la posibilidad de acudir a una declaratoria de situación de desastre para enfrentar la emergencia.
Sin embargo, un día después de la instalación en Cali de la COP 16, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la seria posibilidad que la ciudad se quede sin agua en marzo de 2025. La alerta, emitida desde el Fuerte Militar Larandia en el Caquetá, levantó la polémica y calentó el debate.
El primero en contestarle al jefe de Estado fue el alcalde Galán, quien desmintió lo dicho por Petro, reafirmó que la ciudad no tendrá desabastecimiento total y pidió rigor técnico para la situación. Por supuesto, y como se ha hecho costumbre en toda esta crisis, las principales opiniones emitidas en los medios corporativos de comunicación se alinearon a lo dicho por el burgomaestre bogotano y criticaron con vehemencia la voz del presidente.
Pero, más allá de la polémica y de quien tiene la razón, la crisis con el agua potable en Bogotá despierta varias interrogantes. ¿Cómo se llegó a esta situación crítica con el líquido vital que consumen diez millones de habitantes?, ¿Son suficientes las medidas de racionamiento?, ¿Qué otras soluciones se pueden implementar para no llegar al temido “día cero”?
Los sistemas de abastecimiento
Una de las particularidades que tiene este debate es que por su carácter técnico y de emergencia, poco se profundiza sobre cómo funciona el suministro y las causas estructurales de la crisis.
“Bogotá se ha construido históricamente de manera desorganizada, incluyendo el tema de los servicios públicos. Sobre el acueducto, la ciudad concebida desde los Cerros Orientales hasta el Río Bogotá, construyó sus sistemas de abastecimiento por fuera de la jurisdicción de la ciudad”, dice Oscar Dussan, ingeniero ambiental y experto sobre el tema.
Los sistemas son Chingaza-Wiesner que abastece el 70 por ciento del servicio, el Agregado Norte-Tibitoc que cubre el 25 por ciento de la demanda y el Sistema Sur-El Dorado que provee el 5 por ciento de agua a la ciudad. La capacidad instalada total del sistema es de 29.4 metros cúbicos por segundo.
Los tres sistemas funcionan bajo una misma dinámica: Los embalses captan y almacenan el agua, luego por demanda el líquido es enviado a las plantas de tratamiento, para después ser bombeada rumbo a la ciudad.
“Toda lo que gira alrededor del agua potable en Bogotá termina siendo una discusión sobre el modelo de ciudad”, es el resumen que hace Dussan, quien además es asesor ambiental de la concejala de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez.
La crisis
Caracterizado el sistema, el paso a seguir es identificar el cómo se llegó a la actual crisis. De acuerdo a Humberto Polo, presidente de Sintraemsdes, principal sindicato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, desde el año 2018 se viene advirtiendo sobre la disminución de los caudales hídricos que abastecen a los sistemas y de la necesidad de poner a andar proyectos que llevan 40 años aplazados, fundamentales para enfrentar situaciones de emergencia.
De igual forma, el dirigente sindical recuerda que la deforestación y perdida de biodiversidad en el Amazonas, así como el cambio climático, han afectado las precipitaciones en los embalses: “El ciclo de lluvias en Bogotá es muy diferente en el páramo de Chingaza. Puede estar lloviendo en la ciudad, pero en el páramo hay verano. Y como toda el agua potable de la ciudad se desecha, hay poco reúso y nulo aprovechamiento de agua lluvia, llega una atípica época de sequía y se cometen errores en la gestión de la crisis”.
En segunda medida, está el crecimiento exponencial de la población en toda la Sabana de Bogotá. De acuerdo al proyecto de región metropolitana, serían cerca de tres millones de nuevas viviendas proyectadas para satisfacer la necesidad. Esto significa mayor demanda y, sobre todo, aumento del consumo de agua potable como servicio público. Hoy se tiene certeza que más del 80 por ciento del consumo de agua potable en la ciudad es para aseo personal y quehaceres del hogar.
Un tercer punto es lo que la EAAB identifica como pérdidas, que para Bogotá se calculan en un 35 por ciento. Se trata de esa agua que sale de la planta de tratamiento, pero que no es facturada, lo que significa que un tercio del líquido vital en la ciudad se extravía.
Las decisiones
En 2021 se experimentó por primera vez que el consumo fuera mayor a la demanda. Además, desde ese año los embalses comenzaron un proceso de disminución crónica.
“La alcaldía de Claudia López tenía dos estudios técnicos de la EAAB que alertaban sobre la situación y sencillamente no hizo nada, todo por no asumir el costo político de implementar medidas impopulares en época electoral”, manifiesta Dussan.
La administración Galán conoció de esta situación en el empalme. Sin embargo, en opinión del ingeniero, esperó hasta el momento más crítico para poner en marcha las restricciones: “Desde la mitad de 2023 se sabía que venía un periodo muy fuerte del Fenómeno del Niño, siendo el pico alto entre enero y febrero. Pero las medidas se tomaron iniciando abril. Fueron casi cuatro meses donde no se bajo la presión en los sistemas de abastecimiento y siguió el aumento del consumo”.
Ahora, pasados tres meses de racionamiento la Alcaldía flexibilizó las restricciones, aparentemente confiándose de la llegada del Fenómeno de la Niña cuyo pico sería en los meses de agosto y septiembre. Inmediatamente el consumo se disparó entre 17 y 18 metros cúbicos por segundo, una cifra alta en momentos de escasez.
“Fue un error que al alcalde le cuesta reconocer. Las lluvias nunca llegaron, no se avanzó en cultura ciudadana y el consumo aumentó. Es una decisión anti técnica que tiene un alto costo ambiental, sobre todo para el Sistema Chingaza”, dice el ingeniero.
Otra crítica a las decisiones tomadas por el Distrito, es que por ahorrarse plata no se apalancó la crisis con el Agregado Norte para bajarle presión a Chingaza. “Se hizo una alternancia no apropiada, lo que permitió vaciar al Sistema Chingaza básicamente para ahorrar costos. Un metro cúbico que llega a la planta de tratamiento Francisco Wiesner, entre químicos y energía, cuesta 75 pesos, mientras que el mismo metro cúbico tratado en Tibitoc, por la calidad del agua de la cuenca del Río Bogotá y el sistema de bombeo, sube a 315 pesos. Por eso siempre se ha privilegiado el Sistema Chingaza”, argumenta Polo.
De todas formas, el presidente de Sintraemsdes aclara que en la actualidad el Agregado Norte está descargando ocho metros cúbicos por segundo y Chingaza siete metros. Eso significa que se aplicaron correctivos en la alternancia entre sistemas.
No obstante, la administración de Carlos Fernando Galán no cumple la meta que se trazó de recuperar para octubre el 70 por ciento del Embalse de Chuza, principal fuente del Sistema Chingaza. “Hoy estamos en el 44,6 por ciento en todo el Sistema Chingaza, a solo ocho puntos porcentuales del punto crítico”, advierte Polo.
Las soluciones
“Junto con la concejala Heidy hemos dicho en varios escenarios que aquí no hay un solo culpable ni hay una sola solución. La ciudad necesita con urgencia una política integral sobre el agua”, comenta el ingeniero Dussan.
Por su parte, Polo coincide que una sola medida no sirve y que se debe planificar en el corto, mediano y largo plazo acciones para enfrentar la crisis. Incluso ambos argumentan que las medidas propuestas concuerdan con las recomendaciones que hace la academia y organismos como el Banco Mundial.
La primera acción es que se debe implementar una campaña más eficaz para reducir el consumo. Si bien las restricciones descargan la responsabilidad en la ciudadanía, el momento crítico obliga a endurecer los racionamientos e invertir en campañas agresivas de cultura ciudadana para evitar el derroche del líquido vital. Es lo que en el corto plazo se puede hacer.
En segunda instancia, la ciudad debe invertir en tecnología para reducir el 35 por ciento de pérdidas. Eso significa mejoramiento de redes, cambio de medidores, calibración de válvulas y combate a la criminalidad que hurta agua. Lo tercero es que se debe ampliar y modernizar los sistemas. Las plantas de tratamiento tienen que ser más eficientes para que el costo sea menor y así garantizar mayor eficiencia. Tanto la segunda como la tercera propuesta están en el orden del mediano plazo.
La cuarta solución todavía es un debate y es la posibilidad de ampliar o no los embalses. Para Polo y Dussan esta discusión se debe dar desde lo técnico, lo ambiental y lo social. Por el calado de la inversión, esta solución se identifica para un largo plazo.
Lo quinto es abrir el debate sobre el crecimiento especulativo de la ciudad. Si bien hay déficit de vivienda y eso significa una prioridad para resolver, el ordenamiento tiene que ser alrededor del agua por encima de los negocios urbanísticos e inmobiliarios.
La sexta medida es avanzar en los estudios de los acuíferos y las aguas subterráneas, que hoy no tiene información técnica y científica actualizada de la calidad del agua y la capacidad de recarga. De todas formas, esta posible solución sería viable solo para momentos de emergencia.
Petro tiene razón
En séptima instancia, la ciudad tiene que avanzar en nuevas políticas de reúso y recirculación del agua potable, así como el aprovechamiento y captación del agua lluvia con drenajes sostenibles. Lo cierto es que hoy la ciudad tiene un círculo vicioso de consumo que debe ser modificado.
Finalmente, Bogotá debe recuperar los ecosistemas de donde se extrae el agua. Esto significa reforestación del bosque andino y proyectos ambiciosos de recuperación ecológica de la biodiversidad, sobre todo en los páramos de Chingaza y Sumapaz.
“El presidente Petro está prendiendo una alarma necesaria. La idea de una declaratoria de desastre permitiría contar con recursos nacionales y distritales para emprender los proyectos que hoy requiere la ciudad y tener las garantías de abastecimiento en el futuro”, concluye Polo.
Por su parte, Dussan finiquita su argumento: “Nos preocupa que el alcalde Galán, que en su egolatría le cuesta asumir su equivocación, nos lleve a un punto cuya única solución sea la que le conviene al capital. Es decir, destruir la naturaleza para mitigar temporalmente la crisis”.
