Las denuncias del profesor Jorge Federico Ramírez Escobar sobre presunta corrupción, amenazas de muerte y paramilitarismo encendieron las alarmas de la comunidad universitaria
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
Jorge Federico Ramírez denuncia que, defensores de derechos humanos, representantes sindicales y funcionarios han sido objeto de amenazas de muerte, con el agravante que fueron realizadas en el entorno laboral de la universidad “lo cual no solo causa terror a quien amenaza sino también a todos sus subalternos, coaptándolos e intimidándolos”, señala la denuncia.
Asimismo, se menciona la estrategia del rector Giovanny Mauricio Tarazona, de dejar encargado la dirección y jefatura del sistema financiero, a una sola persona: Elverth Santos Romero.
Por estas acciones, la universidad ha entrado en una gran incertidumbre sobre la transparencia y la concentración de poder, en unas pocas personas. Frente a esto, VOZ dialogó con Ana María Nates, delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Distrital Francisco Joseé de Caldas sobre las preocupaciones de la comunidad universitaria, las denuncias y el proceso electoral de la Distri.
La preocupación universitaria
Después de las denuncias de Jorge Federico Ramírez sobre corrupción, ¿hay algún pronunciamiento de la universidad?
ante el Consejo Superior Universitario. Foto Camilo Reyes.
-No se ha pronunciado de manera oficial, y eso es preocupante porque existe un margen de duda que no tenemos como resolver, igualmente, la preocupación se extiende, y se ha planteado en el CSU, por los nombramientos que se han hecho en la institución por varios encargos.
¿Cuáles nombramientos?
-La administración tiene muchos encargos hechos a funcionarios que ya tienen otros cargos, se vuelven personas con mucho poder. Uno de esos casos es el del vicerrector administrativo, Elverth Santos Romero, que aparece en la denuncia de Jorge Federico, y actualmente tiene dos cargos más dentro de la universidad, como la división financiera. Cargo que debería tener otra persona, así que, nos ha preocupado mucho que se concentre el poder de esa manera.
Asimismo, de manera anónima, hemos recibido denuncias de presuntas intervenciones indebidas del vicerrector administrativo, en los comités de compras en el proceso de construcción del edificio de ingeniería, y es difícil porque no tenemos cómo acudir a una guía, porque la Universidad tampoco nos da respuestas y eso no genera tranquilidad, ni a nosotros ni a la comunidad universitaria.
¿Qué ha pasado con el CSU frente a este caso?, ¿han obtenido respuesta por parte del rector?
-No, varios consejeros lo hemos puesto en consideración, y todos compartimos la preocupación. Sin embargo, el CSU no puede administrar, puesto que eso le pertenece a la rectoría, y son ellos quienes ejecutan, lo que nosotros hacemos es dar los lineamientos y las pautas generales.
No obstante, nos hemos encontrado con que lo que mandamos no se ejecuta de manera ágil y concreta, por ejemplo, hemos hecho el llamado a que se dé respuesta a estas preocupaciones y no se han pronunciado, y nosotros no podemos entrar a decir quién contrató o cómo se contrató porque no es nuestra competencia.
Esta es nuestra angustia, el rector y la administración no dan respuesta al Consejo Superior que es el máximo órgano. Así que, hemos escalado esta situación a las entidades pertinentes, pero es difícil sin tener pruebas.
El miedo y la muerte
En la denuncia también se señaló amenazas de muertes a defensores de derechos humanos, profesores y más personas de la universidad. ¿Qué piensan de ello?
-Las universidades han sido un territorio donde el paramilitarismo y las acciones criminales han llegado a quitarle la vida a estudiantes, docentes y trabajadores, y que estén intentando que vuelva a pasar dentro de la Distrital, es terrible.
Porque esta universidad ha tenido estudiantes desaparecidos, víctimas, procesos de búsqueda, por tal razón, es reprochable que quieran volver a traer el terror a la institución. Por esta razón, la comunidad universitaria logró instaurar un comité de Derechos Humanos y se logró aprobar una política de derechos humanos en la institución, que es lo que podemos hacer como Consejo Superior, aprobar políticas.
No obstante, de nuevo nos encontramos con trabas para la implementación, otro ejemplo es que en, los temas de violencias basadas en género, la comunidad universitaria construye el protocolo y nosotros logramos aprobarlo, sin embargo, nos encontramos con la barrera que la administración no es eficiente en el seguimiento de los procesos y en aplicar medidas preventivas. Creemos que es un entramado muy grande.
Habla la comunidad universitaria
¿Cuáles son los llamados de la comunidad universitaria frente a las denuncias?
-El primer llamado es a la administración, para que tomen enserio estas situaciones y las denuncias que se presentan; el segundo y muy necesario es un llamado a la no instrumentalización de estos mecanismos, porque en este momento la universidad está en una época electoral, y las violencias basadas en género o de las denuncias de derechos humanos no pueden ni caben en ningún escenario.
Por último, llamamos a las entidades de control a que presten atención a la universidad Distrital, sin embargo, sabemos que la corrupción no solo es en el robo de dinero, sino también en el tráfico de influencias en distintos órganos, por eso, esperamos que la universidad no caiga en eso y que las entidades de control puedan hacer su trabajo de manera transparente.
Asimismo, estamos muy atentos a las elecciones del rector, porque tememos que todos los candidatos no puedan cumplir con los requisitos, y, aún así estén en la contienda.
