Las plataformas de derechos humanos, paz y democracia articuladas en el Techo Común (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos) manifestamos nuestra consternación por el tratamiento que las autoridades nacionales han dado a las movilizaciones de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en demanda de su reconocimiento legal como zona de reserva campesina y en protesta por las erradicaciones forzadas y sin alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito.
Nos preocupa que el derecho legítimo a la protesta y movilización social sea descalificado con el repetido argumento de que son infiltradas por las guerrillas, con el propósito de deslegitimar los reclamos de la población y con esto justificar la represión violenta contra los manifestantes.
Durante los primeros años de este Gobierno, frente a las movilizaciones sociales prevaleció la voluntad de diálogo. Preocupa hoy que, luego de la aprobación de las reformas constitucionales y legales al fuero militar y policial, se ha vuelto a la estigmatización, la represión, al uso desproporcionado de la fuerza, los abusos de autoridad, maltratos y la muerte violenta de manifestantes.
Los excesos del Esmad, el empleo de unidades del Ejército Nacional, el uso de fusiles y armas de asalto contra los campesinos, y el ataque con disparos de fusil a una Misión Humanitaria de Verificación son violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que no permite definir a los civiles como “blanco legítimo” de las balas oficiales.
Los homicidios de los civiles Diomar Humberto Angarita, Hermides Palacios, Leonel Jácome y Édinson Franco, asesinados por efectivos del Ejército y la Policía, constituyen genuinas ejecuciones sumarias y arbitrarias de civiles que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas con prontitud y eficacia por la Justicia ordinaria.
Por estas consideraciones, las plataformas de derechos humanos y paz exigimos al Gobierno Nacional que:
•Cesen las estigmatizaciones y señalamientos en contra de los manifestantes, y que por el contrario, se reconozca a las organizaciones campesinas y sus líderes como interlocutores válidos.
•Se habiliten escenarios de diálogo que permitan plantear salidas a las reclamaciones de las comunidades campesinas.
•Se priorice el dialogo en contraposición al uso indiscriminado de la fuerza contra las comunidades campesinas.
•La Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones judiciales correspondientes.
Expresamos nuestra profunda solidaridad a las organizaciones y a los familiares de los campesinos asesinados.
Una vez más hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional a que adopten las medidas necesarias para retirar del ordenamiento jurídico las normas de la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan el derecho a la protesta social así como las normas de impunidad y de autorización del uso letal de la fuerza contra los ciudadanos y ciudadanas contenidas en las recientes reformas constitucional y legal del fuero militar y policial.
