De los tres puntos de la agenda discutidos se han logrado avances y acuerdos parciales, pero temas significativos, que en el campo económico son medulares en la remoción de las causas que dieron origen al conflicto social armado y que refieren a aspectos esenciales.
Húbert Ballesteros Gómez
Han sido precisamente los conflictos de índole económica y política los que generaron y mantienen la confrontación armada en Colombia, conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años y que hoy se discute en La Habana (Cuba) en un proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP que tiene por objetivo ponerle fin mediante un acuerdo que garantice una paz estable y duradera, proceso que cuenta con el respaldo nacional e internacional, en particular mediante la labor que realizan los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela.
Acuerdo general de La Habana
Entre finales de febrero y agosto de 2012, el gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) establecieron una nueva mesa de conversaciones, para “poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz”. Mediante el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana (Cuba), las partes iniciaron “conversaciones directas e ininterrumpidas” para alcanzar un acuerdo final de paz. La agenda del diálogo incluye los siguientes seis puntos:
1) “Política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial. -determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”.
2) “Participación política”.
3) “Fin del conflicto”.
4) “Solución al problema de las drogas ilícitas”.
5) “Víctimas”.
6) “Implementación, verificación”.
Los preacuerdos de la mesa
Con base en una agenda de seis puntos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP iniciaron formal y públicamente los diálogos de paz escogiendo como sede para los mismos la ciudad de La Habana en la República de Cuba.
El primer punto abordado fue el de “Política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial”. La participación ciudadana se hizo presente de varias formas, quizás la principal fue la participación de las organizaciones agrarias y políticas de todo el país en el foro que se realizó en Bogotá, organizado por las Naciones Unidas (ONU) y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.
Las propuestas de la ciudadanía, más la presentación de parte de las FARC-EP de cien propuestas sobre el tema, dieron como resultado un preacuerdo que tiene cuatro pilares fundamentales:
1.- “Se acordó un Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle acceso integral: que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, y apoyo para la comercialización, entre otros”.
“El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar los derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. Así impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz”.
“Este acuerdo mejorará el uso de la tierra. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión. También la formación y actualización del catastro y la puesta al día del predial (“el que más tiene, más paga”) creará los incentivos para darle un uso más productivo a la tierra. Se fortalecerá la participación ciudadana en la planificación del ordenamiento del territorio, y se facilitará el diálogo entre gobierno, comunidades rurales y sector privado”.
“También se acordó delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental: avanzar en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental”.
2.- “El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la transformación regional”.
3.- “Un tercer pilar son planes nacionales que deberán lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y a la formalización laboral”.
4.- “El cuarto y último pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional: se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas especiales contra el hambre. Crearemos consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades”.
Los temas pendientes en el congelador
Cuando uno oye la palabra “congelador” inmediatamente supone que el producto que tiene en sus manos debe colocarlo en la parte de mayor nivel de frialdad para que se conserve. Eso mismo es lo que ha venido sucediendo con las conversaciones de La Habana entre Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP; esto implica que los temas más complejos que no han logrado consensuarse se han llevado al “congelador” y se les denomina “salvedades”. Luego de concluir con todos los puntos de la Agenda General se sacarán del “freezer” y se debatirán hasta que se llegue a una solución debidamente consensuada.
La discusión del primer punto dejó en el “congelador” 10 temas, de un total de 28 que han quedado en el “freezer” de los tres puntos evacuados hasta el momento en la mesa de diálogos de La Habana. Sin embargo, hay que decir que el preámbulo aprobado por las partes es el precedente para llegar a la construcción de la Agenda General de La Habana. Ese es el documento y texto medular y estratégico porque cobija y da sustento político, teórico y filosófico a estas conversaciones y a los seis puntos que contiene dicha Agenda; pero hay una serie de temas que no están consignados taxativamente en el texto de la Agenda y son parte esencial de los problemas a resolver y causas y efectos objetivos de la confrontación armada, como lo es, entre otros, el modelo económico impuesto por el sistema desde hace muchos años.
De los tres puntos de la agenda discutidos se han logrado avances y acuerdos parciales, pero temas significativos, que en el campo económico son medulares en la remoción de las causas que dieron origen al conflicto social armado y que refieren a aspectos esenciales como el debate sobre el latifundio, la extranjerización de la tierra, el problema minero-energético, las zonas de reservas campesina, soberanía alimentaria, medio ambiente, entre otras, forman parte de ese paquete de 10 salvedades del primer punto que han ido al “congelador” y que son de vital importancia para una paz estable y duradera los cuales son:
1. “Latifundio y delimitación de la propiedad: Erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso y redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra”.
2. “Freno a la extranjerización del territorio: Se prohibirá la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales. Se podrán considerar excepciones, estableciendo límites a tales compras. En ningún caso se podrá afectar la soberanía alimentaria. Se desestimará toda compra destinada a proyectos de agrocombustibles, o que implique cambios en el uso de la tierra que entren en detrimento de la soberanía alimentaria y de la sostenibilidad ambiental”.
3. “Extracción minero-energética y conflictos de uso de la tierra: Solución de los conflictos de uso del territorio, en beneficio de la sociedad y la soberanía nacional. Declaración del carácter estratégico de los principales recursos naturales energéticos y mineros y recuperación de éstos en cabeza de la Nación mediante la redefinición de las modalidades contractuales que han dado lugar a su usufructo en condiciones leoninas por inversionistas extranjeros.
Reformulación del régimen de regalías elevando de manera significativa el porcentaje de recursos a favor de la nación; eliminación del régimen de incentivos tributarios a inversionistas extranjeros.
Delimitación territorial precisa de las economías de extracción de recursos naturales no renovables y aprovechamiento de los recursos recuperados en función del interés nacional, del buen vivir de la población. Suspensión indefinida del otorgamiento de nuevos títulos mineros y de nuevas concesiones para la exploración y la extracción petrolera hasta tanto no se establezca, mediante estudios previos y consulta previa con las respectivas poblaciones, la viabilidad y sostenibilidad socioambiental de tales actividades; regulación estricta o prohibición, según el caso, de la gran minería a cielo abierto; prohibición de manera efectiva de la explotación minero-energética en zonas de páramos, con ecosistemas frágiles y de reserva agroecológica.
Imposición de obligaciones de reparación integral a las víctimas de la depredación socioambiental minero-energética, en cabeza de las empresas concesionarias y con responsabilidad compartida por el Estado. Acompañamiento y protección especial a la minería artesanal, contribuyendo a preservar su sostenibilidad socioambiental. Ello supone garantizar los derechos de los mineros artesanales y tradicionales, así como el respeto por su cultura; reconocimiento y legalización de los títulos mineros en manos de pequeños y medianos mineros. Terminación de la persecución y la criminalización de esta actividad; definición de regulaciones específicas por parte del Estado”.
4. “Regulación de la explotación del territorio para la generación de agrocombustibles: En el caso de los cultivos de larga duración, orientados a la producción de agrocombustibles, su localización, sus límites territoriales o su prohibición, según el caso, se fijarán atendiendo la sostenibilidad ambiental, la afectación de fuentes de agua y los requerimientos de abastecimiento alimentario. Explotaciones agrícolas desarrolladas con tecnologías intensivas en utilización de agroquímicos serán desestimuladas”.
5. “Revisión y renegociación de los tratados de libre comercio contra la economía: Mientras se surten los efectos de la denuncia, o revisión de los tratados de libre comercio, se pondrán en marcha medidas de incentivo, protección y subsidio a la producción interna de alimentos y, en especial, a la producción campesina, indígena y afrodescendiente”.
6. “Ajustes al ordenamiento territorial: Definición de una nueva ley de ordenamiento territorial. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio; reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles. Redefinición de territorios de producción agrícola y de alimentos; creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos. Explotación de los recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población; minería artesanal digna, y pequeña y mediana minería con sostenibilidad socioambiental; sustitución de los usos ilícitos de los cultivos; catastro alternativo del desplazamiento y el despojo”.
7. “Financiación de la política de desarrollo rural y agrario integral: Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos. Los criterios de asignación de recursos, así como el monto a asignar, serán definidos de manera concertada con las comunidades campesinas y sus organizaciones, las cuales administrarán autónomamente los recursos asignados de acuerdo con la localización geográfica. Habrá fuentes adicionales de financiación provenientes de un porcentaje fijo de los presupuestos de los departamentos y municipios en donde se halle el respectivo territorio campesino”.
8. “Cuantificación del Fondo de Tierras: Definición del número de hectáreas que se incluirán en el Fondo de Tierras y las fuentes de financiación del proyecto. En nuestra propuesta el fondo estará conformado por al menos 20 millones de hectáreas de tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la guerra y el despojo, tierras incautadas al narcotráfico”.
9. “Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio: Encargado de trazar y establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, así como de los conflictos que de ella se deriven. Además de los representantes de los poderes públicos y de los organismos de control, de los gremios sectoriales, el Consejo se conformará con representantes de las comunidades de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, interétnicos e interculturales, así como de las organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, escogidos por ellas mismas”.
10. “Definiciones sobre el derecho real de superficie: Se establecerán regulaciones especiales para impedir el acaparamiento de tierras en manos de empresas transnacionales, o de grupos económicos, o de grandes empresarios nacionales, o de alianzas o asociaciones entre ellos. De manera especial, se implementarán medidas contra la especulación financiera de la tierra y el territorio. No se permitirá el derecho de superficie, según las características que apuntan a propiciar el despojo “legal” de la tierra y la descampesinización del campo”.
Como podemos ver, en estas diez salvedades que aún falta por discutir se encuentran puntos bastante gruesos e importantes detalles de una verdadera política agraria para la paz; sin ellos vinculados al acuerdo general para la terminación del conflicto, será difícil remover las trabas que hacen del sector rural el de mayor concentración de la propiedad y de mayor pobreza y desigualdad.
